Ser defensor y defensora de derechos humanos en Colombia es una labor de alto riesgo. Desde la firma del Acuerdo de Paz, a finales del 2016, las personas defensoras, líderes y lideresas sociales han sido el blanco de una multitud de diferentes actores armados.El número de personas asesinadas que desempeñaban una labor de liderazgo en su comunidad para proteger sus derechos y los de su territorio sigue creciendo[1], algo que llama mucho la atención la Comunidad Internacional.[2] Sin embargo, es importante recordar que los ataques a personas defensoras de derechos humanos, a los líderes y lideresas sociales en Colombia han existido desde hace varias décadas. Con el fin de recordarlo y destacarlo, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), junto con la Defensoría del Pueblo, y con el acompañamiento y la observación internacional de PBI, convocan al seminario “Retos y propuestas frente a los ataques a personas que defienden los derechos humanos y el territorio en Colombia”, que tendrá lugar este jueves 5 y viernes 6 de julio en la ciudad de Bogotá. El objetivo es visibilizar esta crisis que está viviendo el país y preguntar a diferentes autoridades del Estado cuáles han sido la respuesta para prevenir estos ataques.
Hablamos con Luis Guillermo Pérez, abogado defensor de derechos humanos del CCAJAR, para que nos contextualice sobre qué significa defender los DDHH hoy en Colombia.
- Guillermo, ¿cómo surge la propuesta de este seminario y cuáles son las expectativas que tienen?
Estamos convocando, junto con el Defensor del Pueblo, el Centro de Derechos Humanos y Constitucionales de Berlín (ECCHR) y con Brigadas Internacionales de Paz a este seminario en relación a los ataques de los defensores de derechos humanos en Colombia porque queremos valorar cuál es la respuesta del Estado en sus distintos niveles.
Por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación, frente a las investigaciones donde el Fiscal general ha dicho que no hay una persecución sistemática contra los defensores, queremos preguntarle cuál es su argumento para afirmar que no hay sistematicidad[3] en la persecución. También, nos gustaría valorar el grado de respuesta frente a la dimensión de los ataques y el nivel de impunidad en la que se mantiene la mayoría. Asimismo, valorar el rol de la Procuraduría General de la Nación, quien establece las directrices para la protección y el acompañamiento a defensores de derechos humanos”.
Durante este evento, el CCAJAR, junto con el ECCHR, entregarán a la Comisión de la Verdad un informe que documenta, de manera amplia y profunda, diez casos de ataques y persecución a defensoras de derechos humanos entre los años 2002 y 2012. Esta iniciativa nació a raíz de una comunicación presentada el pasado 28 de abril a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI)[4] sobre los ataques contra los defensores de derechos humanos. Este informe sería entregado el primer día del seminario, el jueves 5 de julio a las 2 de la tarde, donde se presentarán igualmente los testimonios de las personas víctimas de la persecución a los comisionados.
- ¿Cuál serían las expectativas frente a la Comisión de la Verdad respecto a la entrega de este informe?
Eso será un primer informe. La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad está en la fase de alistamiento y no están recibiendo formalmente testimonios, pero es una primera aproximación para que comprendan la dimensión de los ataques de los defensores de derechos humanos en Colombia, las distintas épocas, y las probabilidades de persecución en nuestro país. El informe les servirá también como insumo para que hagan preguntas al Estado colombiano sobre la crisis profunda que representa el continuo exterminio de defensores y defensoras de derechos humanos. Eso es el objetivo: entregar testimonios y documentación para que, en la programación de la Comisión a tres años, puedan contemplar un espacio sobre el tema de la persecución contra los defensores y las defensoras de derechos humanos en Colombia.
- ¿Cuáles son los casos referidos en este informe y los incluidos a la comunicación remitida a la CPI el 28 de abril?
A la CPI entregamos una comunicación documentando diez casos que ocurrieron entre 2002 y 2012. Pero evidentemente aquí se trata de decir a la Comisión de la Verdad que esto es apenas un elemento de análisis porque la persecución contra las personas defensoras viene de mucho tiempo atrás; incluso para el asesinato de Jaime Garzón Forero, la Fiscalía General de la Nación terminó reconociendo que es un crimen de lesa humanidad, reconociendo que él era un defensor de derechos humanos y porque narra el asesinato de miles de defensores de derechos humanos y ocurrió antes del año 2002.
Hemos documentado a fondo diez casos y traemos a víctimas de todos ellos para que expresen cuál ha sido la persecución que han sufrido, en qué medida su vida y sus organizaciones han sido afectadas en la defensa de los derechos humanos y cuáles han sido los patrones de represión desde sus propias experiencias que han tenido que sufrir.
Tenemos interés en que se conozca a fondo el caso de la persecución política, como crimen de lesa humanidad, como es el caso del DAS[5]. Durante los ocho años del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez de 2002 a 2010 los defensores de Derechos Humanos fueron considerados como enemigos del Estado y para ello se desplegaron grandes actividades de inteligencia, de interceptaciones, de amenazas desde el gobierno, se cometieron asesinatos desde instancias del Estado, se produjeron amenazas de muerte, torturas psicológicas, se hicieron campañas de difamación, se nos persiguió en Colombia y en el exterior... Y eso queremos que la Comisión de la Verdad lo entienda también para que solicite la información de los archivos oficiales de cómo se produjo esa persecución y cómo el DAS, institución que debería haber reservado la seguridad del Estado, acabó por desaparecer como consecuencia de los delitos y crímenes cometidos.
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Semana de la conmemoración de la desaparición forzada en 2009[/caption]
- Entonces, ¿en este seminario también se hablará de recomendaciones frente a la prevención y la protección de las personas defensoras de derechos humanos en Colombia?
Valorando las distintas respuestas del Estado, hemos invitado a organizaciones especializadas en ataques de personas defensoras, por eso PBI también hace parte de este esfuerzo: porque uno de los paneles será sobre el acompañamiento de la comunidad internacional en la protección de los defensores de derechos humanos. Queremos también que se explique cuál es el rol y cuáles son las propuestas para que se pueda, no solo sancionar a los responsables de atentados contra defensores, sino también prevenir nuevos atentados y crear alternativas de seguimiento y de monitoreo de los distintos mecanismos que el Estado Colombiano tiene para proteger a las personas defensoras de derechos humanos; asimismo, ubicar dónde están las falencias del Estado para que estos crímenes se sigan perpetrando.
Nos preocupa de manera muy concreta cómo en los territorios no se está protegiendo a los defensores de derechos humanos, por eso es importante construir formas de protección colectiva en el territorio, y elevar mucho sus perfiles frente a los distintos actores de poder en el propio territorio para disuadirles de seguir atentando contra ellos.
Para nosotros también es importante la presencia de PBI en el evento ya que el acompañamiento de Brigadas ha sido muy útil para los defensores y las defensoras de derechos humanos en Colombia. Sin duda ha ayudado a sensibilizarnos sobre la necesidad de proteger a los defensores de derechos humanos y para nosotros el acompañamiento de PBI es ejemplar: nos ha ayudado a salvar muchas vidas, incluyendo las nuestras, por lo que estamos profundamente agradecido por ello. Por eso, nos parece que esta experiencia se debe reconocer y en estos tiempos de crisis debemos fortalecer el trabajo de PBI debe fortalecerse en Colombia. Nosotros somos testimonios de la importancia del trabajo de PBI a nivel nacional e internacional y en el marco de este encuentro queremos hacerles este reconocimiento.
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Eduardo Carreño, abogado del Ccajar junto con Delphine Taylor, en septiembre 2016[/caption]
- Muchas gracias por tan lindas palabras, Luis Guillermo, es un honor para PBI formar parte de este trabajo de defensa de Derechos Humanos en Colombia. Antes de acabar nos gustaría saber cuáles serían sus peticiones a las diferentes autoridades estatales en este seminario.
Nosotros tenemos unas propuestas estructurales que desde la Fiscalía General de la Nación tiene que haber investigaciones de contexto que nunca se han dado. La Fiscalía se limita a que las víctimas y sus familias digan quién les amenazó, quien atentó en contra de sus vidas, cómo iba vestida la persona atacante, si tenían o no enemigos dentro de su propio círculo familiar o en su entorno..., pero no investigan las causas del asesinato de un defensor de derechos humanos ni sobre quiénes se pueden beneficiar del mismo. Qué tipo de poderes fácticos o institucionales estaban afectando la labor del defensor de derechos humanos. Tampoco hay esfuerzos para llamar a declarar a esos posibles determinadores en las regiones con el fin de saber qué tipo de relación existía con ese defensor o defensora de derechos humanos. Por lo tanto, queremos que haya investigaciones de contexto.
En segundo lugar, queremos que la Fiscalía y el Estado Colombiano reconozcan la sistematicidad de los asesinatos en contra de los y las defensoras.
En tercer lugar, que se diseñen planes de protección colectiva con las propias comunidades en los territorios y también con las personas defensoras de derechos humanos y con los líderes ambientalistas. Que se considere una prioridad proteger la vida y el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos por parte del Estado y que no se entorpezca su labor, a diferencia de lo que viene sucediendo.
Por lo tanto, en relación con la labor de la Procuraduría General de la Nación, creemos que su rol de control disciplinario debe ser mucho más eficaz en los territorios. Llamando a cuentas a todas las autoridades, tanto las militares como las civiles (políticas), para preguntar qué han hecho para proteger a los defensores y las defensoras de ddhh, qué reconocimiento se les ha dado, qué legitimidad les reconocen y cómo colocar dentro de sus territorios esas reflexiones por parte del Procurador General, con el objetivo de que se apliquen sus directrices para la protección de defensores.
También esperamos que se mejoren las formas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) porque tenemos el caso, por ejemplo, de un gobernador indígena del pueblo Awá, en Nariño, al que se le reconoce un inmenso riesgo, pero la UNP no valora que pueda ser acompañado de sus propios guardias indígenas. Es decir, le quieren imponer guardias de una compañía de seguridad privada que ellos no aceptan, por lo tanto, no hay un enfoque diferencial y por ello queremos también que se avance en esas reflexiones. El enfoque diferencial en los territorios en relación con la protección de los indígenas y de los afrodescendientes es ausente y es una reflexión que también queremos traer a este seminario.
- Por último, ¿de cara al pronto cambio de gobierno, por qué realizar el evento ahora?
Justamente para prepararnos para el nuevo gobierno queremos contribuir a un proceso de alistamiento de los organismos de control que se requiere frente a las políticas públicas que se han venido diseñando para proteger a los defensores y las defensoras.
El evento tendrá lugar este jueves 5 y viernes 6 de julio 2018 en el auditorio de la Defensoría dle Peublo, ubicado en la Carrera 9 #16-21, en Bogotá.
- Guillermo, ¿cómo surge la propuesta de este seminario y cuáles son las expectativas que tienen?
Estamos convocando, junto con el Defensor del Pueblo, el Centro de Derechos Humanos y Constitucionales de Berlín (ECCHR) y con Brigadas Internacionales de Paz a este seminario en relación a los ataques de los defensores de derechos humanos en Colombia porque queremos valorar cuál es la respuesta del Estado en sus distintos niveles.
Por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación, frente a las investigaciones donde el Fiscal general ha dicho que no hay una persecución sistemática contra los defensores, queremos preguntarle cuál es su argumento para afirmar que no hay sistematicidad[3] en la persecución. También, nos gustaría valorar el grado de respuesta frente a la dimensión de los ataques y el nivel de impunidad en la que se mantiene la mayoría. Asimismo, valorar el rol de la Procuraduría General de la Nación, quien establece las directrices para la protección y el acompañamiento a defensores de derechos humanos”.
Durante este evento, el CCAJAR, junto con el ECCHR, entregarán a la Comisión de la Verdad un informe que documenta, de manera amplia y profunda, diez casos de ataques y persecución a defensoras de derechos humanos entre los años 2002 y 2012. Esta iniciativa nació a raíz de una comunicación presentada el pasado 28 de abril a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI)[4] sobre los ataques contra los defensores de derechos humanos. Este informe sería entregado el primer día del seminario, el jueves 5 de julio a las 2 de la tarde, donde se presentarán igualmente los testimonios de las personas víctimas de la persecución a los comisionados.
- ¿Cuál serían las expectativas frente a la Comisión de la Verdad respecto a la entrega de este informe?
Eso será un primer informe. La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad está en la fase de alistamiento y no están recibiendo formalmente testimonios, pero es una primera aproximación para que comprendan la dimensión de los ataques de los defensores de derechos humanos en Colombia, las distintas épocas, y las probabilidades de persecución en nuestro país. El informe les servirá también como insumo para que hagan preguntas al Estado colombiano sobre la crisis profunda que representa el continuo exterminio de defensores y defensoras de derechos humanos. Eso es el objetivo: entregar testimonios y documentación para que, en la programación de la Comisión a tres años, puedan contemplar un espacio sobre el tema de la persecución contra los defensores y las defensoras de derechos humanos en Colombia.
- ¿Cuáles son los casos referidos en este informe y los incluidos a la comunicación remitida a la CPI el 28 de abril?
A la CPI entregamos una comunicación documentando diez casos que ocurrieron entre 2002 y 2012. Pero evidentemente aquí se trata de decir a la Comisión de la Verdad que esto es apenas un elemento de análisis porque la persecución contra las personas defensoras viene de mucho tiempo atrás; incluso para el asesinato de Jaime Garzón Forero, la Fiscalía General de la Nación terminó reconociendo que es un crimen de lesa humanidad, reconociendo que él era un defensor de derechos humanos y porque narra el asesinato de miles de defensores de derechos humanos y ocurrió antes del año 2002.
Hemos documentado a fondo diez casos y traemos a víctimas de todos ellos para que expresen cuál ha sido la persecución que han sufrido, en qué medida su vida y sus organizaciones han sido afectadas en la defensa de los derechos humanos y cuáles han sido los patrones de represión desde sus propias experiencias que han tenido que sufrir.
Tenemos interés en que se conozca a fondo el caso de la persecución política, como crimen de lesa humanidad, como es el caso del DAS[5]. Durante los ocho años del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez de 2002 a 2010 los defensores de Derechos Humanos fueron considerados como enemigos del Estado y para ello se desplegaron grandes actividades de inteligencia, de interceptaciones, de amenazas desde el gobierno, se cometieron asesinatos desde instancias del Estado, se produjeron amenazas de muerte, torturas psicológicas, se hicieron campañas de difamación, se nos persiguió en Colombia y en el exterior... Y eso queremos que la Comisión de la Verdad lo entienda también para que solicite la información de los archivos oficiales de cómo se produjo esa persecución y cómo el DAS, institución que debería haber reservado la seguridad del Estado, acabó por desaparecer como consecuencia de los delitos y crímenes cometidos.
[caption id="attachment_10330" align="alignnone" width="1200"] Semana de la conmemoración de la desaparición forzada en 2009[/caption]
- Entonces, ¿en este seminario también se hablará de recomendaciones frente a la prevención y la protección de las personas defensoras de derechos humanos en Colombia?
Valorando las distintas respuestas del Estado, hemos invitado a organizaciones especializadas en ataques de personas defensoras, por eso PBI también hace parte de este esfuerzo: porque uno de los paneles será sobre el acompañamiento de la comunidad internacional en la protección de los defensores de derechos humanos. Queremos también que se explique cuál es el rol y cuáles son las propuestas para que se pueda, no solo sancionar a los responsables de atentados contra defensores, sino también prevenir nuevos atentados y crear alternativas de seguimiento y de monitoreo de los distintos mecanismos que el Estado Colombiano tiene para proteger a las personas defensoras de derechos humanos; asimismo, ubicar dónde están las falencias del Estado para que estos crímenes se sigan perpetrando.
Nos preocupa de manera muy concreta cómo en los territorios no se está protegiendo a los defensores de derechos humanos, por eso es importante construir formas de protección colectiva en el territorio, y elevar mucho sus perfiles frente a los distintos actores de poder en el propio territorio para disuadirles de seguir atentando contra ellos.
Para nosotros también es importante la presencia de PBI en el evento ya que el acompañamiento de Brigadas ha sido muy útil para los defensores y las defensoras de derechos humanos en Colombia. Sin duda ha ayudado a sensibilizarnos sobre la necesidad de proteger a los defensores de derechos humanos y para nosotros el acompañamiento de PBI es ejemplar: nos ha ayudado a salvar muchas vidas, incluyendo las nuestras, por lo que estamos profundamente agradecido por ello. Por eso, nos parece que esta experiencia se debe reconocer y en estos tiempos de crisis debemos fortalecer el trabajo de PBI debe fortalecerse en Colombia. Nosotros somos testimonios de la importancia del trabajo de PBI a nivel nacional e internacional y en el marco de este encuentro queremos hacerles este reconocimiento.
[caption id="attachment_10333" align="alignnone" width="1200"] Eduardo Carreño, abogado del Ccajar junto con Delphine Taylor, en septiembre 2016[/caption]
- Muchas gracias por tan lindas palabras, Luis Guillermo, es un honor para PBI formar parte de este trabajo de defensa de Derechos Humanos en Colombia. Antes de acabar nos gustaría saber cuáles serían sus peticiones a las diferentes autoridades estatales en este seminario.
Nosotros tenemos unas propuestas estructurales que desde la Fiscalía General de la Nación tiene que haber investigaciones de contexto que nunca se han dado. La Fiscalía se limita a que las víctimas y sus familias digan quién les amenazó, quien atentó en contra de sus vidas, cómo iba vestida la persona atacante, si tenían o no enemigos dentro de su propio círculo familiar o en su entorno..., pero no investigan las causas del asesinato de un defensor de derechos humanos ni sobre quiénes se pueden beneficiar del mismo. Qué tipo de poderes fácticos o institucionales estaban afectando la labor del defensor de derechos humanos. Tampoco hay esfuerzos para llamar a declarar a esos posibles determinadores en las regiones con el fin de saber qué tipo de relación existía con ese defensor o defensora de derechos humanos. Por lo tanto, queremos que haya investigaciones de contexto.
En segundo lugar, queremos que la Fiscalía y el Estado Colombiano reconozcan la sistematicidad de los asesinatos en contra de los y las defensoras.
En tercer lugar, que se diseñen planes de protección colectiva con las propias comunidades en los territorios y también con las personas defensoras de derechos humanos y con los líderes ambientalistas. Que se considere una prioridad proteger la vida y el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos por parte del Estado y que no se entorpezca su labor, a diferencia de lo que viene sucediendo.
Por lo tanto, en relación con la labor de la Procuraduría General de la Nación, creemos que su rol de control disciplinario debe ser mucho más eficaz en los territorios. Llamando a cuentas a todas las autoridades, tanto las militares como las civiles (políticas), para preguntar qué han hecho para proteger a los defensores y las defensoras de ddhh, qué reconocimiento se les ha dado, qué legitimidad les reconocen y cómo colocar dentro de sus territorios esas reflexiones por parte del Procurador General, con el objetivo de que se apliquen sus directrices para la protección de defensores.
También esperamos que se mejoren las formas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) porque tenemos el caso, por ejemplo, de un gobernador indígena del pueblo Awá, en Nariño, al que se le reconoce un inmenso riesgo, pero la UNP no valora que pueda ser acompañado de sus propios guardias indígenas. Es decir, le quieren imponer guardias de una compañía de seguridad privada que ellos no aceptan, por lo tanto, no hay un enfoque diferencial y por ello queremos también que se avance en esas reflexiones. El enfoque diferencial en los territorios en relación con la protección de los indígenas y de los afrodescendientes es ausente y es una reflexión que también queremos traer a este seminario.
- Por último, ¿de cara al pronto cambio de gobierno, por qué realizar el evento ahora?
Justamente para prepararnos para el nuevo gobierno queremos contribuir a un proceso de alistamiento de los organismos de control que se requiere frente a las políticas públicas que se han venido diseñando para proteger a los defensores y las defensoras.
El evento tendrá lugar este jueves 5 y viernes 6 de julio 2018 en el auditorio de la Defensoría dle Peublo, ubicado en la Carrera 9 #16-21, en Bogotá.
PBI ColombiaFoto de Portada: Luis Guillermo Perez, en el día de conmemoración de las víctimas en 2013