Buenaventura es un territorio habitado por población de afrodescendientes, indígena y mestiza y es, a día de hoy, el centro urbano y económico de mayor confluencia sobre la Costa Pacífica Colombiana. Es también el puerto más importantepara el comercio exterior colombiano[1]. A pesar de la diversidad y riqueza cultural de este territorio, son conocidos los altos niveles de pobreza, las dificultades para el acceso a los servicios públicos, salud, vivienda digna, educación, sin dejar a un lado los altos niveles de violencia que han padecido sus pobladores desde hace mucho tiempo[2]. Unos de los principales acontecimientos recientes de Buenaventura se dieron en mayo 2017, cuando la población de la ciudad, conformada por diferentes entidades, entre ellas el Proceso de Comunidades Negra (PCN), tomó la decisión de iniciar un Paro Cívico para exigir sus derechos, paralizando la ciudad durante 22 días, hasta llegar a un acuerdo entre el Gobierno y los miembros del Comité Cívico[3].
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Evelina (PBI) con Leyla Arroyo (PCN)[/caption]
Nos encontramos en Cali con Leyla Andrea Arroyo Muñoz, mujer negra de linaje ancestral del Pacífico sur de Colombia, nacida y criada en Buenaventura, para que nos contara más sobre su recorrido personal y profesional y los procesos que integra en su ciudad.
Leyla es trabajadora social, cofundadora y activista del PCN[4], desde donde dinamiza procesos organizativos locales, intra e interétnicos para la defensa y afirmación de los derechos ancestrales del pueblo negro, y en este momento está realizando una gira de incidencia para que las difíciles condiciones presentes en su territorio, las luchas que llevan adelante y los logros que consiguieron a lo largo del tiempo puedan ser conocidas también en el exterior.
Nos comenta que se vinculó al Proceso de Comunidades Negras en 1988 cuando este movimiento aprovechó el aniversario de los 450 años de la fundación de Buenaventura para ganar impulso y presencia en la ciudad. Para esa fecha se habían puesto el reto de llevar a cabo dinámicas organizativas juveniles para que la ciudad adquiriera mayor peso en términos políticos y pudiera gobernarse a sí misma. Sin embargo, mientras se preparaban para el aniversario, se encontraron con el proceso de conformación de una Asamblea Nacional Constituyente. La propuesta era promulgar una nueva Constitución que tuviera en cuenta la realidad social, política y ambiental y las problemáticas no contempladas en la anterior Constitución de 1886.
Fue así que las distintas dinámicas organizativas de Buenaventura comenzaron a vincularse con el movimiento nacional, liderado por el movimiento estudiantil. Ese ejercicio, que había nacido siendo de carácter local y popular, les permitió así, ir más allá de lo que habían pensado inicialmente, planteando cuestiones de carácter étnico a nivel nacional. Lo que se debatía en ese momento era la necesidad de que la nueva Constitución tratara el tema de la diversidad étnica que caracteriza Colombia, elemento importante no presente en la Constitución hasta ese momento. Este proceso llevó, finalmente, a la creación de la Asamblea Constituyente y a la redacción de una nueva Constitución para Colombia en 1991.
En las palabras de Leyla, “lo que inició como una lucha popular, hoy representa un movimiento de reivindicación de los pueblos negros en Colombia y nosotros, como el Proceso de Comunidades Negras al que pertenezco, somos un sector de todo el movimiento social nacional de comunidad negra y nos enfatizamos especialmente en la reivindicación y la defensa de nuestros derechos colectivos e individuales, como pueblo negro”.
El Proceso de Comunidades Negras hoy en día articula a más de 140 organizaciones de base, consejos comunitarios y personas, que trabajan en la transformación de la realidad política, social, económica y territorial de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras en Colombia, mediante la defensa y reivindicación de sus derechos individuales, colectivos y ancestrales. Uno de sus mayores logros, de hecho, fue influir en la Constituyente de 1991, gracias a la cual Colombia empezó a ser definida como “nación pluriétnica y multicultural”.
En la nueva Constitución fue insertado el artículo transitorio 55, que llevó a la aprobación de la ley 70 de 1993, gracias a la cual se “reconoce a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva. Así mismo tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana”.[5] Dicha ley, conocida como la Ley de Comunidades Negras, es uno de los mayores alcances del pueblo negro en materia legislativa colombiana.
Leyla nos explica que PCN, a diferencia de otras organizaciones del movimiento social que reivindican derechos civiles y políticos en relación con la discriminación racial, se ha enfocado en los derechos colectivos. El PCN hace hincapié, principalmente, en cuatro derechos colectivos que involucran cualquier pueblo étnico, en cualquier lugar del mundo y que son reconocidos también en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas[6]. En primer lugar:
Adrián (PBI) y Leyla[/caption]
Las formas en que estos riesgos se concretizan son difamaciones, amedrentamiento, pero también cooptación, riesgo sobre el cual, según Leyla, no se habla mucho, pero que está muy presente. Las difíciles condiciones de vida y el deseo de mejorarlas, de hecho, hacen que las personas sean más vulnerables a este tipo de amenaza, que proviene de ámbitos tanto ilegales como legales. Constituye uno de los riesgos que no tiene tanto que ver con la afectación física y la integridad de las personas, como pueden ser asesinatos, judicializaciones o difamaciones, sino con la afectación a la conciencia de los líderes comunitarios que, según Leyla, es aún peor. El resultado, en muchos casos, es la ruptura del tejido social que se genera adentro de las comunidades con todas las consecuencias que esto conlleva.
Nos despedimos de Leyla agradeciéndola por su tiempo y su gran labor. También le deseamos mucha suerte para la gira en Europa organizada por PBI a la que irá en unas semanas. Será una gran oportunidad para que Leyla pueda visibilizar, frente a un público diverso, la difícil situación de los derechos del pueblo bonaverense y, ojalá, conseguir aliados que puedan sentir como suyo el trabajo de defensa de derechos fundamentales que Leyla desarrolla en su territorio y en favor de las comunidades negras del Pacífico colombiano.
Evelina (PBI) con Leyla Arroyo (PCN)[/caption]
Nos encontramos en Cali con Leyla Andrea Arroyo Muñoz, mujer negra de linaje ancestral del Pacífico sur de Colombia, nacida y criada en Buenaventura, para que nos contara más sobre su recorrido personal y profesional y los procesos que integra en su ciudad.
Leyla es trabajadora social, cofundadora y activista del PCN[4], desde donde dinamiza procesos organizativos locales, intra e interétnicos para la defensa y afirmación de los derechos ancestrales del pueblo negro, y en este momento está realizando una gira de incidencia para que las difíciles condiciones presentes en su territorio, las luchas que llevan adelante y los logros que consiguieron a lo largo del tiempo puedan ser conocidas también en el exterior.
Nos comenta que se vinculó al Proceso de Comunidades Negras en 1988 cuando este movimiento aprovechó el aniversario de los 450 años de la fundación de Buenaventura para ganar impulso y presencia en la ciudad. Para esa fecha se habían puesto el reto de llevar a cabo dinámicas organizativas juveniles para que la ciudad adquiriera mayor peso en términos políticos y pudiera gobernarse a sí misma. Sin embargo, mientras se preparaban para el aniversario, se encontraron con el proceso de conformación de una Asamblea Nacional Constituyente. La propuesta era promulgar una nueva Constitución que tuviera en cuenta la realidad social, política y ambiental y las problemáticas no contempladas en la anterior Constitución de 1886.
Fue así que las distintas dinámicas organizativas de Buenaventura comenzaron a vincularse con el movimiento nacional, liderado por el movimiento estudiantil. Ese ejercicio, que había nacido siendo de carácter local y popular, les permitió así, ir más allá de lo que habían pensado inicialmente, planteando cuestiones de carácter étnico a nivel nacional. Lo que se debatía en ese momento era la necesidad de que la nueva Constitución tratara el tema de la diversidad étnica que caracteriza Colombia, elemento importante no presente en la Constitución hasta ese momento. Este proceso llevó, finalmente, a la creación de la Asamblea Constituyente y a la redacción de una nueva Constitución para Colombia en 1991.
En las palabras de Leyla, “lo que inició como una lucha popular, hoy representa un movimiento de reivindicación de los pueblos negros en Colombia y nosotros, como el Proceso de Comunidades Negras al que pertenezco, somos un sector de todo el movimiento social nacional de comunidad negra y nos enfatizamos especialmente en la reivindicación y la defensa de nuestros derechos colectivos e individuales, como pueblo negro”.
El Proceso de Comunidades Negras hoy en día articula a más de 140 organizaciones de base, consejos comunitarios y personas, que trabajan en la transformación de la realidad política, social, económica y territorial de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras en Colombia, mediante la defensa y reivindicación de sus derechos individuales, colectivos y ancestrales. Uno de sus mayores logros, de hecho, fue influir en la Constituyente de 1991, gracias a la cual Colombia empezó a ser definida como “nación pluriétnica y multicultural”.
En la nueva Constitución fue insertado el artículo transitorio 55, que llevó a la aprobación de la ley 70 de 1993, gracias a la cual se “reconoce a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva. Así mismo tiene como propósito establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras de Colombia como grupo étnico, y el fomento de su desarrollo económico y social, con el fin de garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana”.[5] Dicha ley, conocida como la Ley de Comunidades Negras, es uno de los mayores alcances del pueblo negro en materia legislativa colombiana.
Leyla nos explica que PCN, a diferencia de otras organizaciones del movimiento social que reivindican derechos civiles y políticos en relación con la discriminación racial, se ha enfocado en los derechos colectivos. El PCN hace hincapié, principalmente, en cuatro derechos colectivos que involucran cualquier pueblo étnico, en cualquier lugar del mundo y que son reconocidos también en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas[6]. En primer lugar:
- “El derecho a ser”, es decir, el derecho a la identidad étnica y cultural.
- En segundo lugar: “el derecho a un espacio para ser”, que es el derecho al territorio.
- Otro derecho general tiene que ver con “el derecho a la participación, a la organización propia y a la autonomía”, que, en su caso, es el ejercicio de poder ser comunidad negra como tal, sin tener que homogeneizarse con el resto de la población colombiana.
- Finalmente, el cuarto derecho universal es “el derecho a un desarrollo propio”, que ellos/as plantean como el derecho a una visión propia de futuro dentro del país, como pueblos negros.
Adrián (PBI) y Leyla[/caption]
Las formas en que estos riesgos se concretizan son difamaciones, amedrentamiento, pero también cooptación, riesgo sobre el cual, según Leyla, no se habla mucho, pero que está muy presente. Las difíciles condiciones de vida y el deseo de mejorarlas, de hecho, hacen que las personas sean más vulnerables a este tipo de amenaza, que proviene de ámbitos tanto ilegales como legales. Constituye uno de los riesgos que no tiene tanto que ver con la afectación física y la integridad de las personas, como pueden ser asesinatos, judicializaciones o difamaciones, sino con la afectación a la conciencia de los líderes comunitarios que, según Leyla, es aún peor. El resultado, en muchos casos, es la ruptura del tejido social que se genera adentro de las comunidades con todas las consecuencias que esto conlleva.
Nos despedimos de Leyla agradeciéndola por su tiempo y su gran labor. También le deseamos mucha suerte para la gira en Europa organizada por PBI a la que irá en unas semanas. Será una gran oportunidad para que Leyla pueda visibilizar, frente a un público diverso, la difícil situación de los derechos del pueblo bonaverense y, ojalá, conseguir aliados que puedan sentir como suyo el trabajo de defensa de derechos fundamentales que Leyla desarrolla en su territorio y en favor de las comunidades negras del Pacífico colombiano.
Evelina Crespi y Adrián Carrillo