El abogado Jorge Molano, es acompañado de PBI desde 2009. Este defensor de derechos humanos recibió en mayo de este año el premio de la Organización Holandesa: Lawyers for Lawyers, en reconocimiento de toda una vida en defensa de los derechos humanos en Colombia.
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PBI: ¿Puedes contarnos, un poco, cómo y por qué entraste a trabajar en defensa de los derechos humanos aquí en Colombia como abogado?
JORGE MOLANO: Primero, creo que es la formación recibida en el hogar, de mi madre que era sindicalista y siempre tuvo amplias convicciones sociales y compromiso social que desde jóvenes nos inculcó eso. Y lo que sí ya consolida el ingreso a la defensa de los derechos humanos es haber podido conocer a José Eduardo Umaña Mendoza, en la Universidad Externado, y haber podido compartir con él durante muchos años como asistente de investigación y en los casos y que nos genera, pues, amplias convicciones en la defensa de los derechos humanos en Colombia.
PBI: Y, ¿nos puede comentar un poco sobre uno de los casos que llevas, por ejemplo el caso del Palacio de Justicia?
JM: El caso del Palacio de Justicia pues es de los casos que para nosotros hoy son dolorosos porque Eduardo Umaña fue quién asumió este caso como abogado único que representaba a la totalidad de las víctimas y desarrollando este caso y previo a que se hicieran pruebas importantes que él había pedido es asesinado en su oficina y en acto que no dudamos que es un crimen de Estado, en este caso pues yo siempre he resaltado algo que es muy importante y este es un caso donde el papel de la mujer ha sido muy significativo. Fue una mujer quien desarrolló las grandes investigaciones a partir del año 2005 pero también han sido mujeres las que han dictado hasta hoy las sentencias condenatorias. El caso de Ángela María Buitrago, de María Stella Jara y de Cristina Trejos.
En este caso pues se ha logrado condenar a altos responsables de estos crímenes, no a la totalidad de los responsables, aún faltan muchos responsables por acudir ante la justicia, pero que el hecho de que un general de la República y un Coronel ya hayan sido condenados y que se esté esperando sentencia frente a otros oficiales y que esté en trámite una apelación frente al general Iván Ramírez Quintero pues plantea que ha sido un caso que ha sido emblemático en la historia de los derechos humanos del país por cuanto ataca de frente un modelo y una forma de ejercer el control, de ejercer el poder, desde el aparato y el poder militar en Colombia.
PBI: Por tu trabajo has recibido varias amenazas, ¿estas amenazas cómo afectan a tu día a día en tu labor como defensor de derechos humanos?
JM: Mire, yo creo que en términos de amenazas, de ataques, lo principal ha sido los reportes directos que hemos recibido del Estado colombiano que nos ha advertido que la fuerza pública no ve bien nuestro trabajo y que la Junta de Generales considera que nuestra actividad constituye un riesgo para el honor militar en Colombia. Creemos que ese es el principal factor de riesgo y por eso nosotros nunca dudamos en señalar que la responsabilidad de lo que suceda con los integrantes, en el caso particular de DH Colombia, pues viene y tiene que investigarse desde los altos niveles del Ministerio de Defensa.
PBI: A lo largo de tu carrera has recibido varios premios por el trabajo que haces, últimamente ahora estuviste en Holanda recibiendo el Premio Lawyers for Lawyers, esos premios y respaldo internacional, ¿qué significan para tu trabajo?
JM: Yo lo entiendo como un respaldo en primer lugar al trabajo que hace el Colectivo de DH Colombia, donde hay mujeres y hombres que diariamente juegan y arriesgan su vida en la reivindicación de los derechos. Pero más allá lo vemos también como un reconocimiento a la labor de tantas defensoras y defensores que especialmente en las regiones siguen arriesgando su vida, siguen actuando sin ninguna protección y creemos que es un mensaje claro de la Comunidad Internacional de que en Colombia defender los derechos humanos sigue siendo uno de los lugares más riesgosos en el mundo.
PBI: ¿Cómo percibes el proceso actual de paz entre el Gobierno y las Farc?
JM: Para mí como defensor de derechos humanos, que el Estado colombiano no haya fijado una posición clara frente al Paramilitarismo, que no haya asumido una posición de decir: “lo vamos a desarticular, vamos a acabar esta que es nuestra creación”, pues nos plantea un riesgo frente a un proceso de paz, por cuanto es dejar un riesgo latente de que la victimización y los ataques a la sociedad se puedan seguir incrementando.
Y, un segundo punto, en el que hemos planteado nuestra preocupación tiene que ver con la posición del Gobierno de que la doctrina militar y la estructura del Ejército y de la Fuerza Pública no va a ser tocada, porque eso no nos indica que vaya a haber una democratización de la sociedad, una democratización del Estado si no que vamos a entrar en un periodo de una Paz aparente donde además lo que se plantea es que la Fuerza Pública de 500.000 hombres será la encargada de desarrollar supuestamente las obras sociales, las obras de infraestructura y la construcción de puentes, es decir que estamos planteando desmovilizar un grupo de 15.000 hombres en armas pero mantener 500.000 en armas cuando si vamos a hacer un escenario de paz es ilógico mantener un aparato de esas características donde la única lógica que se plantea es mantener una sociedad absolutamente militarizada.
PBI: ¿Percibes que hay avances por parte del Gobierno en garantizar la verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto colombiano?
JM: Creemos que una base de partida en la garantía de los derechos a las víctimas es la verdad. En varios de los casos que representamos hemos ingresado a guarniciones del Ejército Nacional y al Ministerio de Defensa y a instalaciones de la Policía Nacional a efectos de verificar sus archivos, lo que hemos encontrado es que es muy grave que a los victimarios se les siga confiando que sean los guardianes de la memoria. Cuando el victimario es el guardián de la memoria estamos construyendo una sociedad sin memoria y si la sociedad no tiene memoria pues no va a tener opciones de verdad, ni de justicia ni de reparación. Lo segundo que hemos podido ir encontrando es que esos victimarios han ido destruyendo esa memoria.
PBI: La lucha contra la impunidad es algo que usted continuamente menciona y reclama, ¿nos puede hablar un poco sobre esta lucha?
JM: Creemos que lo más grave que le puede suceder a una sociedad es que sucedan estas violaciones y graves violaciones de derechos humanos y crímenes contra la humanidad y que nada suceda y es muy grave porque lo que se está haciendo es invitar a que esos crímenes se repitan pero que además cuando eso sucede, quienes cometen los crímenes, esos aparatos criminales instalados dentro del Estado, pues no se permite que se conozcan y si no se conocen menos aún se permite que se disuelvan. Entonces lo que tenemos es riesgos latentes en el presente y en el futuro de las sociedades.
Para nosotros es preocupante el tema de la impunidad y más aún cuando se habla que la doctrina no se modifica ni los aparatos de la Fuerza Pública se modifican cuando lo que nos plantea ese escenario es que se van a hacer cambios para que nada cambie, que se van a hacer es meros cambios cosméticos formales o artificiales para que la sociedad y los sistemas de represión sigan funcionando como siempre han funcionado.
Si los victimarios siguen en los cargos de poder, si los victimarios siguen controlando los aparatos criminales a pesar de un proceso de paz no vamos a tener una sociedad con posibilidades de transformarse, no vamos a tener una sociedad que pueda asumir una lucha social si no que va a seguir siendo una sociedad militarizada, hipotecada, condicionada, determinada desde los espacios de atrás por esos victimarios.
PBI: El acompañamiento internacional en general, ¿qué significa para el trabajo que tú haces?
JM: Yo creo que lo que miraría a nivel personal pero también lo miraría desde otras experiencias. Creo que los niveles de exterminio que se han desarrollado en contra del Movimiento Social, de Comunidades en Resistencia hubiera sido de una mayor intensidad si no se hubiera contado con la presencia y acompañamiento internacional. Experiencias como las de la Comunidad de Paz que se crea con 900 integrantes y más de 200 ya han sido asesinados a pesar del acompañamiento internacional, lo que uno tiene que decir es que el nivel de arrasamiento hubiera sido peor.
Creemos que en el caso personal, así como de muchos defensores de derechos humanos, la posibilidad de comparecer a juicios, de desplazarnos a algunas ciudades, de poder movilizar testigos y otras acciones y el papel de Brigadas y otras Organizaciones que han estado en Colombia es un papel que es sumamente importante y que creemos que ha ayudado a la resistencia del movimiento de derechos humanos, que ha ayudado a que se conozca la situación a través de las labores de cabildeo que valoramos altamente pero que también es una actividad que es sumamente importante en la perspectiva de ir generando lazos, redes y tejidos y que planteen una nueva humanidad.
PBI: ¿Qué posibles cambios podría experimentar la sociedad colombiana con el proceso de Paz?
JM: Creo que Colombia tiene un problema y es que las causas se vuelven efectos y los efectos desaparecen. El Estado colombiano ha venido ya adoptando el discurso de que la pobreza existe en Colombia por el conflicto y no al contrario. Que fue la pobreza, la explotación, la marginación y la represión lo que generó el conflicto. Es claro que el conflicto colombiano surge de la violencia de los de arriba contra los de abajo, que es un conflicto que tiene un carácter político y tiene que ver con la no posibilidad de expresiones sociales que se le ha dado a la sociedad colombiana.