En 2012, se anunció el inicio de los cuartos diálogos oficiales entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Estado Colombiano[1]. El objetivo: poner fin a una parte del conflicto armado que asola este país desde hace más de 50 años. Uno de los temas tratados en la mesa de diálogo en La Habana fue el de Garantías para la Participación Política. Tras cinco meses de negociación sobre este punto, a principios de noviembre de 2013, se llegó a un acuerdo preliminar entre las partes y uno de los logros fue, precisamente, lo acordado respecto a garantías para la participación política directa de los movimientos sociales[2]. Sin embargo, no se habló nada respecto al cómo garantizar la labor de los y las defensoras y organizaciones de derechos humanos que no tienen como aspiración lanzarse al escenario electoral, pero que finalmente son quienes sientan las bases de una opción política diferente; no en la cámara de representantes, pero sí en las calles exigiendo los derechos de la población; no en las alcaldías y entes regionales, pero sí en las zonas rurales asesorando a líderes y lideresas y a comunidades para la exigencia de sus tierras; no en las Altas Cortes, pero sí en los estratos judiciales representando a familiares de víctimas o al lado de mujeres víctimas de violencia sexual. Una actividad de alto riesgo Entre 2009 y junio de 2013 fueron asesinadas en Colombia 219 personas defensoras de derechos humanos[3]. Y, a pesar de los avances en materia normativa y de protección física, cada año se incrementan las agresiones contra este colectivo. En 2013, 366 personas defensoras de derechos humanos sufrieron algún tipo de agresión en Colombia, de ellas 78 fueron asesinadas y 209 amenazadas, datos que suponen las cifras más altas de agresiones de los últimos 10 años[4] . Esta realidad se mantiene en 2014; en el primer trimestre del presente año se han duplicado las agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos respecto al mismo periodo del año anterior pasando de 45 registradas, en 2013; a 96, en 2014[5]. Los datos, muestran que a pesar de los diálogos y de los deseos de buscar la paz, en Colombia la defensa de los derechos humanos sigue siendo una actividad de alto riesgo. Muchas de las personas defensoras más amenazadas son beneficiarias de medidas de protección física por parte del Estado, sin embargo, el movimiento social señala una y otra vez que mientras estas no se combinen con medidas «políticas», la defensa de los derechos fundamentales continuará siendo una actividad de alto riesgo en Colombia[6]. Estigmatizaciones El Programa Somos Defensores indicó que durante 2013, los meses con mayores hostigamientos coincidieron con los momentos de movilización social[7]. El año pasado en Colombia tuvieron lugar, durante 148 días y en más del 50% del país, protestas de diversos sectores sociales[8]; diferentes organizaciones acompañadas por PBI estuvieron presentes en estas movilizaciones y denunciaron múltiples violaciones graves a los derechos humanos cometidas por parte de la Fuerza Pública, entre ellas: detenciones, judicializaciones, casos de violencia sexual, agresiones con armas de fuego y armas blancas, saqueos y daños a los bienes de propiedad de las personas campesinas[9]. Uno de los casos más emblemáticos, fue el de las protestas de los campesinos en el Catatumbo, en el que numerosos líderes como César Jerez y Eladio Morales de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (Acvc), fueron señalados por altos funcionarios del gobierno como el ministro de defensa, quienes afirmaron que la protesta estaba infiltrada por la guerrilla y que estos defensores tenían vínculos con las Farc[10]. Muchos defensores y defensoras consideran los reconocimientos públicos por parte del presidente colombiano y altos funcionarios del gobierno como el primer paso necesario a tomar en cuanto a adoptar medidas políticas de protección. En este sentido, valoran que los señalamientos y las estigmatizaciones por parte del Gobierno y otras entidades estatales tienen impactos negativos en la opinión pública e incrementan el riesgo en contra de quienes van dirigidas las afirmaciones[11]. En el marco del Proceso nacional de Garantías, las organizaciones a nivel nacional consideran que se ha contribuido a visibilizar y legitimar el trabajo de los y las defensoras, sin embargo, esta es una realidad diferente a nivel regional; las plataformas colombianas consideran que de nada sirven las declaraciones a nivel nacional si éstas no se concretan en acciones que obliguen a las autoridades regionales a implementar los acuerdos[12]. En este sentido llaman la atención respecto al cumplimiento de las directivas que prohíben estos señalamientos y señalan que mientras no se tomen medidas contra los funcionarios del  Estado que no las respetan, los incentivos para cumplirlas son pocos[13]. Chuzadas El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo acudió, con la autorización del gobierno, a La Habana, con el fin de presentar a los negociadores sus propuestas para la justicia transicional. Días después, esta visita confidencial y algunos temas discutidos en ella fueron publicados por la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia, una organización fundada por el ex Presidente Uribe^[14]. En los primeros días de febrero de 2014, volvió a denunciarse en Colombia la existencia de un centro ilegal de inteligencia en el que se estaban infiltrando las comunicaciones de los miembros de las delegaciones negociadoras en La Habana, organizaciones de derechos humanos, políticos y periodistas, entre otros[15]. Este nuevo escándalo, volvió a poner en la primera página nacional, el escándalo de las chuzadas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la falta de cumplimiento de compromisos como el de la depuración de los archivos que el extinto DAS obtuvo ilegalmente[16]. Impunidad La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (Cijp) acompaña a varias comunidades afromestizas en las Cuencas de los rios Curbaradó y Jiguamiandó, les asesora y representa a nivel jurídico ante varios empresarios acusados del desplazamiento de las comunidades a finales de los años 90. En agosto de 2013 se dieron varias condenas de empresarios en este caso, y según denunció Cijp, días después neoparamilitares aseguraron que si los empresarios pagaban cárcel o eran obligados a salir del terreno, iban a asesinar a miembros de Cijp y de las comunidades. Esto fue el inicio de una ola de amenazas y agresiones en contra de integrantes de Cijp que llevaron a la salida temporal del equipo que tenían en la Cuenca[17]. Uno de los constantes reclamos entre defensores y defensoras, es la falta de avances en las investigaciones sobre agresiones cometidas contra este colectivo. Según el Programa Somos Defensores, hay un 95% de impunidad en los 219 asesinatos cometidos entre enero de 2009 y junio de 2013[18]; y no hay un solo resultado de investigaciones respecto a las amenazas contra defensores de derechos humanos, es decir, la impunidad es del 100%[19]. Una tasa tan alta de impunidad actúa como motor para nuevas violaciones ya que la inexistencia de sanción transmite el mensaje de que es posible delinquir sin que haya consecuencias[20]. Judicializaciones En contraste, a esta falta de avances las personas defensoras destacan que los estamentos judiciales sí actúan contra muchos defensores y defensoras que siguen siendo víctimas de judicializaciones acusados de rebelión y con una base jurídica débil y en «muchos casos inexistente»[21]. En este sentido la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos recomendó a los estados que velen “porque los defensores puedan realizar su labor en un marco jurídico, institucional y administrativo propicio. En este sentido, deben abstenerse de criminalizar las actividades pacíficas y legítimas de los defensores, abolir todas las disposiciones administrativas y legislativas que restringen los derechos de los defensores y cerciorarse de que la legislación interna respete los principios básicos del derecho y las normas internacionales de derechos humanos[22]. Autores Según Oacnudh «la violencia y el control social de los grupos post-desmovilización y organizaciones delictivas siguen afectando a toda la gama de derechos humanos de la población y en particular los de los defensores y defensoras de derechos humanos»[23]. En este sentido, el Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores de Derechos Humanos, (Siaddhh), indica que los grupos neoparamilitares, en 2013, fueron los responsables de al menos el 50% de las agresiones cometidas contra personas defensoras[24]. Una de las medidas de protección políticas reclamadas por el movimiento social es, precisamente, el desmonte de estas organizaciones neoparamilitares, sin embargo, el  Estado se niega a reconocer su capacidad como actor armado, definiéndolos como Bandas Criminales (Bacrim) cuyo único interés es el narcotráfico. Organizaciones nacionales e internacionales han llamado la atención respecto a las similitudes de estos grupos y las Autodefensas Unidas de Colombia: sus víctimas y sus métodos de acción son los mismos, ejercen labores de control social, cometen masacres de civiles y asesinatos selectivos contra líderes sociales, conservan un alto grado de organización y jerarquía y presencia en gran parte del territorio nacional[25]. Otras peticiones Otro tipo de medidas políticas de protección son, por ejemplo, las propuestas de reparación Integral y Colectiva de pueblos y comunidades que han sido víctimas de la violencia. El cumplimiento de las órdenes de los Autos de la Corte Constitucional emitidos para reparar el daño causado a algunas comunidades; o la adopción de las recomendaciones del Sistema de Naciones Unidas y otros mecanismos internacionales, como la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En noviembre de 2013, en el marco del Proceso Nacional de Garantías, las plataformas colombianas presentaron una Propuesta de «Plan Nacional de Garantías para la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia». En este documento las organizaciones realizaron varias peticiones, como por ejemplo: el avance en las investigaciones contra funcionarios del Estado vinculados con violaciones de derechos humanos; reconocimiento público de la legitimidad democrática de todas las organizaciones de la sociedad civil; la depuración de las instituciones del Estado vinculadas con violaciones de derechos humanos; enfrentar la estigmatización por parte de miembros de la Fuerza Pública, entre otras[26]. En un  Estado democrático y en paz es fundamental asegurar el libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos, las garantías para la democracia no pueden ser promesas de papel, sino que requieren de un compromiso firme y constante por parte del Estado. Hay propuestas concretas que podrían ser un primer paso para que metas como el fin de la impunidad y del paramilitarismo lleguen un día a Colombia. Hace unos años, pensar en o una salida negociada del conflicto armado en Colombia era un sueño lejano hoy es una meta que cada día parece más alcanzable; pero en Colombia no sólo existe un conflicto armado, existe también un conflicto económico y social, existen otros grupos armados que amenazan al movimiento social, existen grandes terratenientes que siguen desplazando a poblaciones enteras, existen mujeres usadas como arma de guerra y. sobre todo, existe un colectivo de mujeres y hombres que cada día ponen en peligro su vida por un solo motivo: la defensa de los derechos más fundamentales.   [1] Reuters: Cronología-Procesos de paz en Colombia, 28 de agosto de 2012 [2] La silla vacía: El Acuerdo de participación política: lo acordado, lo aplazado y lo ganado, 6 de noviembre de 2013 [3] El Colombiano: En 2013 asesinaron en Colombia a 78 defensores de derechos humanos, según ONG, 23 de febrero de 2014 [4] Programa Somos Defensores: Informe Siaddhh 2013: D de defensa, 21 de febrero de 2014 [5] Programa Somos Defensores: Agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia, enero-marzo 2014, 11 de abril de 2014 [6] Programa Somos Defensores: Héroes anónimos. Informe Enero-Junio 2013, agosto de 2013 [7] Programa Somos Defensores: Informe Siaddhh 2013: D de defensa, 21 de febrero de 2014 [8] Programa Somos Defensores: Informe Siaddhh 2013: D de defensa, 21 de febrero de 2014 [9] Misión de verificación de derechos humanos: Segundo informe de la misión de verificación de derechos humanos en los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, 28 - 31 de agosto de 2013, 19 de septiembre de 2013. [10] Semana: Las Farc y el vocero de la protesta en Catatumbo, 4 de julio de 2013; RCN: Gobierno revela pruebas que vinculan a líderes campesinos del Catatumbo con las Farc, 6 de julio de 2013; El País: César Jerez: ¿Un líder campesino del Catatumbo o un profesional de las Farc?, 10 de julio de 2013. [11] Plataformas Colombianas de Derechos Humanos: Plan Nacional de Garantías para la defensa de los derechos humanos en Colombia, noviembre de 2013 [12] Programa Somos Defensores: Informe especial “Protección al Tablero”, febrero de 2014 [13] PBI Colombia: La falta de medidas políticas de protección y el sueño de su existencia, 22 de julio de 2011 [14] Semana: Colectivo de Abogados: documento es “apócrifo”, 8 de noviembre de 2013 [15] Ccajar: ¿Alguien espió a los negociadores de La Habana?, 3 de ferbrero de 2014. [16] El Tiempo: Chuzadas la historia sin fin, 5 de febrero de 2014 [17]Cijp: Frustrado atentado a defensor de dh, 5 de agosto de 2013 [18] Programa Somos Defensores: Informe especial “Protección al Tablero”, febrero de 2014 [19] Programa Somos Defensores: Informe Siaddhh 2013: D de defensa, 21 de febrero de 2014 [20] Plataformas Colombianas de Derechos Humanos: Plan Nacional de Garantías para la defensa de los derechos humanos en Colombia, noviembre de 2013 [21] Programa Somos Defensores: Informe especial “Protección al Tablero”, febrero de 2014 [22] Consejo de derechos Humanos de Naciones Unidas: Informe de la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Margaret Sekaggya, 23 de diciembre de 2013 [23] Oacnudh: Informe Anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 24 de enero de 2014 [24] Programa Somos Defensores: Informe Siaddhh 2013: D de defensa, 21 de febrero de 2014 [25] Plataformas Colombianas de Derechos Humanos: Plan Nacional de Garantías para la defensa de los derechos humanos en Colombia, noviembre de 2013 [26] Plataformas Colombianas de Derechos Humanos: Plan Nacional de Garantías para la defensa de los derechos humanos en Colombia, noviembre de 2013