Desde PBI Colombia expresamos nuestra preocupación por la actual ola de asesinatos y la grave situación de riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y políticos en Colombia y por el surgimiento del fenómeno neo-paramilitar en el país durante el inicio de la fase de post-acuerdo del proceso de paz entre el Gobierno Colombiano y la Farc-EP.

Introducción

El presente documento tiene como propósito exponer las consecuencias de la actual ola de violencia en contra de personas defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas sociales. Ésta corre en paralelo al avance del Proceso de Paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia - Ejército del Pueblo (Farc-EP), culminado en la firma de un acuerdo el 24 de noviembre de 2016. Por medio de análisis y de casos concretos, el documento pretende, asimismo, dar muestra del accionar de los grupos neoparamilitares, y de la amenaza que representan para las personas defensoras de derechos humanos y la construcción de una paz duradera.

En 2017, las acciones bélicas derivadas del conflicto disminuyeron hasta sus niveles históricos más bajos, mientras que la violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales se ha recrudecido a niveles no vistos hace 10 años[1]. Dicha ola de violencia ha culminado con el asesinato entre la firma del Acuerdo Final y el 31 de enero de, al menos, 17 personas defensoras, líderes y lideresas comunitarias y miembros de las Juntas de Acción Comunal[2]. En febrero, la dinámica ha persistido, incluso se ha documentado un aumento en el número de amenazas, agresiones, atentados y ataques, entre otros incidentes de seguridad, perpetrados en contra del grupo de personas antes mencionado[3]. Particularmente alarmante es la situación de hombres y mujeres pertenecientes al movimiento Marcha Patriótica: de los y las lideresas sociales asesinados desde el anuncio del Acuerdo Final en noviembre de 2016, la mayoría pertenecían a este movimiento que, además, desde su conformación en 2012, ha denunciado el asesinato de alrededor de ciento treinta[4] de sus miembros y un sinfín de amenazas, agresiones y atentados. En los primeros cuarenta días del año, han sido asesinadas otras cinco lideresas sociales de la Marcha Patriótica[5], lo que muestra de que la violencia sociopolítica en Colombia no ha terminado con la firma del Acuerdo de Paz con las Farc-EP.

Estos asesinatos ocurren en un contexto en el que las víctimas y sus comunidades han denunciado el aumento de la presencia de grupos neoparamilitares. A pesar de los pasos positivos que se han dado para poner fin al conflicto armado entre el Estado colombiano y las Farc-EP, y a la instalación de una mesa de diálogo entre representantes del gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales y políticos, así como el aumento del neoparamilitarismo, significan un reto real y un desafío importante en la construcción de una paz duradera y verdadera en Colombia.

Análisis de la situación de seguridad de personas defensoras de derechos humanos

La concreción del acuerdo de paz ha ido acompañada de una ofensiva contra líderes y lideresas sociales, campesinos/as, personas defensoras de derechos humanos y estudiantiles en todo el país. Según Front Line Defenders “en Colombia, la progresión del proceso de paz y el establecimiento de un alto el fuego definitivo entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP), junto con el inicio de conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), aumentó el nivel de violencia experimentado por los defensores de los derechos humanos”[6].

Aunque no hay datos uniformes de los asesinatos cometidos durante 2016 contra este colectivo, se barajan varias cifras de distintas organizaciones de derechos humanos. La Cumbre Agraria señaló que en 2016 fueron asesinados 94 líderes y lideresas comunitarias y personas defensoras de derechos humanos[7]. Somos Defensores registró ochenta homicidios selectivos (de los que treinta y uno tuvieron lugar en fechas posteriores al inicio del cese del fuego bilateral y definitivo)[8] y el informe anual del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) señaló que se presentaron ciento diecisiete homicidios[9] de líderes sociales y defensores de derechos humanos.

La organización internacional para la protección de personas defensoras de derechos humanos, Front Line Defenders documentó en 2016 el asesinato de 85 personas defensoras de derechos humanos en Colombia, cifra que la convierte en el país con mayor índice de asesinatos de personas defensoras a nivel mundial[10].

Las cifras varían según la fuente o la definición misma de “defensor/a” de derechos humanos. El hecho esencial es el innegable aumento de asesinatos contra defensores en los últimos años, a pesar del descenso de homicidios tras la firma del cese al fuego bilateral entre las Farc-EP y el gobierno de Colombia. También es importante subrayar que esta labor de recopilación, registro y denuncia está siendo llevada a cabo por las ONGs y comunidades colombianas (con el riesgo que eso conlleva para ellas) e internacionales, así como por la Oacnudh, mientras que el Estado colombiano aún no cuenta con un registro oficial y unificado encargado de este seguimiento y monitoreo.

En 2017, la situación no parece mejorar. A 18 de febrero, han sido asesinados al menos veinte líderes y lideresas sociales y defensores/as de derechos humanos en diferentes partes del territorio, muchas de estas personas trabajaban en defensa de la tierra y territorio y en la construcción de paz[11]. Los departamentos donde más agresiones y asesinatos se registran son Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño, Norte de Santander, Santander y Bogotá D.C. Se puede observar que la mayoría de los asesinatos se han concentrado en zonas rurales del país y en contra de tres grupos principales:

Defensores y defensoras de derechos ambientales, tierra y territorio y opositores a megaproyectos (extractivas, agroindustria, infraestructura etc.);
Víctimas y organizaciones que las acompañan en sus búsquedas de verdad, justicia y reparación. Particularmente vulnerables resultan quienes avanzan peticiones de restitución de tierras usurpadas por la violencia paramilitar y empresarial.
Quienes se movilizan en favor de la Paz y, en particular, de la Paz Territorial (sean miembros de organizaciones, comunidades, Juntas de Acción Comunal) y lideran procesos de fortalecimiento social y político.

El gráfico demuestra que los periodos en los cuales se registraron mayores aumentos de las agresiones (abril, agosto y noviembre) coincidieron con los tres momentos de mayor avance del proceso de Paz con las Farc-EP en 2016. En efecto, el 23 de marzo estaba anunciada y prevista la firma de los acuerdos, luego aplazada; el 29 de agosto se anunció el cese al fuego bilateral; y el 24 de noviembre se firmó el acuerdo final y definitivo tras el "No" al plebiscito de octubre sobre el primer acuerdo. En lo corrido de 2017, persiste la oleada de agresiones y asesinatos: otra vez coincide con un momento fundamental del proceso de paz. Es decir, el comienzo de la movilización de las Farc-EP hacia las veintiséis zonas Veredales Transitorias de Normalización, Zvtn (previsto para el 2 de diciembre y luego aplazado al día 31 de enero).

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Agresiones entre enero y diciembre de 2016[/caption]

Responsables de las agresiones

Los principales responsables de estas agresiones son grupos neoparamilitares[12]. Sin embargo, altos representantes del Estado Colombiano, como los Ministros de Defensa e Interior y el Fiscal General, señalan que en los asesinatos, atentados y amenazas contra personas defensoras “no se advierte ningún grado de sistematicidad que nos permita establecer certeramente hasta hoy que hay una mano negra, invisible que está afectando a los líderes de derechos humanos”[13]. Esto a pesar de un promedio de más de cincuenta asesinatos en los últimos años[14], y con la cifra más alta de asesinatos de defensores en 2016 mientras que el país, en general, ha tenido la tasa de homicidios más baja desde el año 1974[15].

La persistencia del accionar de estos grupos y la falta de avances en su desmantelamiento constituye un obstáculo real y concreto para avanzar en la construcción de una paz duradera. El primer informe trimestral presentado por la Misión de Naciones Unidas en Colombia ante el Consejo de Seguridad de la ONU habla de que “un ejemplo concreto de los problemas a los que se enfrenta el país en su transición hacia la paz es que algunos grupos armados, paramilitares o de otro tipo se mueven hacia zonas abandonadas por las Farc-EP, donde quizás puedan intentar establecer violentamente su control”[16]. Por su parte, Indepaz ha señalado que “la presencia de grupos paramilitares se ha incrementado, en especial en las zonas donde hacían presencia las Farc-EP y, actualmente, las amenazas contra miembros de organizaciones sociales son permanente”[17]. Las Farc-EP han denunciado el “acoso de paramilitar” en alguna de las zonas donde está prevista la desmovilización[18].

Por otro lado, Somos Defensores identifica en cuarenta y cinco casos como responsables de los homicidios en contra de personas defensoras registrados en 2016[19] a grupos neoparamilitares. Eso constituye un cambio importante con el año anterior cuando, en la mayoría de los casos, no se lograba identificar claramente a los autores materiales.

Una síntesis de la evolución del conflicto colombiano para explicar el actual contexto

El conflicto armado interno de Colombia ha durado más de medio siglo, siendo el conflicto más largo del hemisferio occidental, con 8,3 millones de víctimas[20], que representan aproximadamente el 15% de la población del país. Sus principales actores han sido miembros del Estado colombiano, grupos paramilitares y neoparamilitares, grupos guerrilleros, y terceros, como empresas[21].

Nacimiento de grupos guerrilleros

Las guerrillas colombianas aparecieron paralelamente a los movimientos sociales y de izquierda de gran parte de América Latina durante la década de los 60, los cuales fueron perseguidos y acabados por dictaduras conservadoras. En Colombia, las Farc-EP nacieron en 1964 y, posteriormente, el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Estos dos grupos tomaron las armas y expusieron agendas socialistas para enfrentar las injusticias sociales padecidas por la población rural campesina. De igual forma, se conformaron otros grupos guerrilleros más reducidos, pero con capacidad armada, como el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Movimiento 19 de abril (M19). Confrontado con la formación de estos diferentes grupos, el Estado colombiano comenzó una estrategia militar de contrainsurgencia, cuyo objetivo fue la derrota de estos grupos[22].

Formación de grupos paramilitares

Como parte de su estrategia contrainsurgente, el gobierno colombiano promulgó la ley 48 de 1968, la cual dio fundamento legal a la formación de grupos de “autodefensas”, entrenados por la fuerza pública con el fin de apoyar a los cuerpos oficiales del Estado en su lucha contra la insurgencia[23]. Durante los años 80, se constituyó el escuadrón de la muerte “Muerte a Secuestradores” (MAS), en respuesta a una serie de secuestros llevados a cabo por la guerrilla. Este escuadrón no sólo asesinó a presuntos secuestradores, sino a individuos considerados como una amenaza, incluyendo personas defensoras de derechos humanos, sindicalistas y líderes políticos y sociales. Los primeros grupos paramilitares crecieron en gran parte del territorio colombiano, y sus principales objetivos podrían resumirse en la promoción de los intereses políticos del Estado y de grandes grupos económicos; la defensa de actividades ilegales, como el narcotráfico y el acaparamiento de tierras; y acciones violentas para sembrar el terror entre la población[24].

El genocidio de la Unión Patriótica

En 1984, mediante el Acuerdo de La Uribe, el gobierno colombiano firmó un cese al fuego con las Farc-EP, y en 1985 fue constituida la Unión Patriótica (UP), un “movimiento político que serviría como plataforma para impulsar las transformaciones sociales, económicas y políticas necesarias en la consolidación de una paz con justicia social”[25]. Sin embargo, apenas cinco años después de su formación, al menos 2.000 integrantes de la UP fueron asesinados por una ola de violencia reconocida como un genocidio político. Entre los miles de víctimas, se cuentan “dos candidatos presidenciales, nueve congresistas, setenta concejales, decenas de diputados, alcaldes, dirigentes de juntas comunales, líderes sindicales, estudiantiles, del sector de la cultura y el magisterio, profesionales y centenares de militantes de base”[26].

La presunta desmovilización de los grupos paramilitares y la formación de grupos neoparamilitares

En los años noventa, los diversos grupos de autodefensas que se formaron se unieron bajo el nombre de Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)[27]. Entre 2003 y 2006, se llevó a cabo un proceso de desmovilización estipulado por la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz, impulsado por el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe, que incluyó la dejación de armas y la desmovilización de más de treinta y un mil de sus integrantes, según cifras oficiales[28]. El proceso de desmovilización de las AUC ha sido fuertemente criticado tanto por la sociedad civil colombiana como internacional por no haber cumplido con los cuatro pilares de la justicia transicional de verdad, justicia, reparación y garantías de no-repetición[29].

Posteriormente al fracasado proceso de desmovilización y vinculado a la falta de cumplimiento del cuarto pilar de la justicia transicional en cuanto a las garantías de la no-repetición, surgieron grupos armados neoparamilitares, como los Rastrojos, los Urabeños, las Aguilas Negras, entre otros, denominados bandas criminales (Bacrim) por el gobierno de Álvaro Uribe. Aunque el gobierno del expresidente Uribe y del actual presidente, Juan Manuel Santos, han negado la motivación política, así como la existencia de vínculos entre estos grupos y elementos de la fuerza pública, su actuar y su modus operandi, que reproducen los de los grupos paramilitares, han demostrado lo contrario[30].

En su informe anual de 2015 sobre la situación de derechos humanos en Colombia, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) ha alertado sobre el desafío permanente que significan estos grupos post-desmovilización para la implementación de los acuerdos de paz[31]. En su informe de 2013 sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) señaló que "la violencia es resultado de la falta de un efectivo y completo desmantelamiento de las estructuras armadas de los grupos paramilitares, que sigue afectando gravemente los derechos de los habitantes de Colombia". Por otra parte, la Comisión confirmó que identificó "elementos de continuidad entre las viejas fuerzas de autodefensa (paramilitares) y lo que el gobierno llama las "Bacrim"[32].

Al 30 de septiembre de 2016, solo ciento ochenta paramilitares (de los más de treinta mil que, supuestamente, se desmovilizaron) han sido juzgados por violaciones de derechos humanos bajo la Ley 975 de 2005, o Ley de Justicia y Paz. La mayoría no se ha sometido a esta ley, recibiendo así una amnistía de facto[33].

Negociaciones y Acuerdos de Paz entre el Gobierno Colombiano y las Farc-EP

El 4 de septiembre de 2012, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de las Farc-EP, Timoleón Jiménez, anunciaron un acuerdo general para iniciar un proceso de paz, tras negociaciones secretas llevadas a cabo en la Habana, Cuba[34]. Después de más de cuatro años, el 26 de septiembre de 2016 se firmó el acuerdo de paz. Sin embargo, el 2 de octubre el acuerdo fue rechazado en un plebiscito por un porcentaje mínimo de 50,21% en contra y 49,8% a favor con el voto del 37,43% del censo[35]. Durante las siguientes semanas, ambos equipos negociadores examinaron el acuerdo de paz y realizaron varios ajustes, lo que culminó en la firma de un segundo acuerdo el 24 de noviembre de 2016. El proceso de refrendación se realizó en el Congreso de la República el 1 de diciembre (con doscientos cincuenta votos a favor y 0 en contra), respaldando así el acuerdo y dando el primer paso hacía el denominado fast track para la implementación de dicho acuerdo.

Desmovilización de las Farc-EP

Los siete mil miembros de las Farc-EP se habían reagrupado en zonas de pre-concentración a finales de septiembre a la espera del resultado del plebiscito de 2 de octubre, que señalaría el comienzo de su proceso de desmovilización. Tras el voto por el No, los miembros de las Farc-EP se mantuvieron concentrados en dichos lugares hasta la refrendación del nuevo acuerdo y, desde finales de enero de 2017, se ha dado el inicio de la marcha hacia las 26 Zonas Veredales Transitorias de Normalización (Zvtn) en donde comenzará su proceso de dejación de armas y reintegración a la vida civil. La dejación de armas será monitoreada por una misión tripartita compuesta por representantes del gobierno colombiano, las Farc-EP y las Naciones Unidas. La Misión de Monitoreo y Verificación de las Naciones Unidas mantendrá una presencia permanente en cada una de las Zvtn durante el proceso de dejación de armas y reintegración en la vida civil de los excombatientes. Según lo acordado en los acuerdos de paz, se espera que el proceso de desmovilización haya terminado dentro de cuatro meses.

Negociaciones de Paz entre el Gobierno Colombiano y el ELN

El 7 de febrero de 2017, se dio inicio a la fase pública de conversaciones de paz en Quito, Ecuador, entre el gobierno colombiano y el ELN. El 30 de marzo de 2016, ambos actores anunciaron conjuntamente sus intenciones de comenzar dichas conversaciones en la mayor brevedad, tras dos años de negociaciones a puerta cerrada[36]. No obstante, la instalación se pospuso en varias ocasiones debido a la precondición puesta por el gobierno colombiano de la liberación del ex congresista Odín Sánchez Montes de Oca, retenido por el grupo guerrillero. El 29 de enero, el gobierno liberó a dos comandantes del ELN en calidad de gestores de paz, y el 2 de febrero fueron liberados el Sr. Sánchez y dos presos del ELN, abriendo camino para avanzar con las negociaciones de paz. La comunidad internacional jugará un papel importante en dicho proceso, ya que varios países latinoamericanos y europeos han declarado su intención de acompañar las negociaciones[37].

Los temas con los que arrancará la mesa de Quito serán las dinámicas y acciones humanitarias y la participación de la sociedad en la construcción de la paz. Con esta metodología, las propuestas de la sociedad serán de vital importancia, razón por la cual será fundamental que el Estado colombiano brinde todas las garantías para una real participación de la sociedad civil y, en particular, de las organizaciones de derechos humanos y ambientales y de las comunidades más afectadas por el conflicto. En noviembre de 2016, se lanzó la Mesa Social para la Paz, una plataforma de organizaciones sociales y políticas que se han organizado para formalizar un espacio de diálogo y negociación nacional por la paz y la democracia, proyectando la participación de la sociedad civil en la mesa de negociaciones entre el gobierno y el ELN[38].

Aumento en la presencia de los grupos neoparamilitares

Como parte del punto 3.4 del Acuerdo de Paz, el Estado se compromete a adoptar las medidas para garantizar el esclarecimiento del fenómeno paramilitar, evitar su repetición y garantizar el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios, masacres, y violencia sistemática (...)[39]. Paralelamente al incremento de agresiones contra defensores de derechos humanos y líderes sociales, han aumentado las denuncias y alertas desde la sociedad civil nacional e internacional sobre el incremento del fenómeno del neoparamilitarismo en Colombia. Mientras que el Estado aún niega este fenómeno, informes de organizaciones nacionales e internacionales (Human Rights Watch, Amnesty International) han monitoreado y denunciado desde hace más de 10 años que estos grupos no se han desmantelado y han identificado zonas de influencia, intereses y dinámicas que los caracterizan. Por ejemplo, investigaciones de Indepaz[40] concluyen que:

hay una reproducción y continuación a nivel nacional del fenómeno paramilitar, con expresiones diversas según región y con grados diferentes de alianza con el Estado; eso no significa que haya un centro controlador a nivel nacional, pero sí que persiste cierto grado de colusión con instituciones estatales y poderes económicos.
así como los antiguos paramilitares, las estructuras actuales nacen en medio de estructuras mafiosas, pretenden dominar territorios y rutas, organizan ejércitos, se alían con empresas y terratenientes, y se lucran del Estado.
existe una cultura paramilitar en sectores de la Fuerza Pública que no se puede erradicar sin el saneamiento de la misma.
la minería ilegal, especialmente de oro, es una fuente importante de sus ingresos.

Por su parte, en su informe de marzo de 2016, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos humanos (Oacnudh) fue enfática en subrayar que los “grupos post-desmovilización y actores conexos socavan constantemente los derechos humanos y la seguridad ciudadana, la administración de justicia y la construcción de paz, incluyendo la restitución de tierras. La desarticulación de grupos que mantienen control sobre tierras despojadas a través del uso de la violencia o las amenazas, constituye un desafío permanente para la paz”[41].

Mientras las Farc-EP se retiran de zonas que han ocupado durante varias décadas, mayoritariamente rurales y aisladas, las poblaciones locales han reclamado la presencia inmediata del Estado, puesto que se ha observado con fuerte preocupación que el vacío de poder dejado por las Farc-EP está siendo ocupado por otros actores armados no-estatales.[42]

Varias comunidades a lo largo de Colombia, desde Tumaco en el suroccidente, al Catatumbo en el nororiente, y Urabá en el noroeste, han denunciado la presencia de grupos armados ilegales, portando armas largas, vestidos de camuflaje e identificándose como integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o de las Águilas Negras, entre otros grupos[43]. Se movilizan en grupos de hasta 200 hombres[44], su organización y accionar es de tipo militar, asentando bases y rutas transitorias, controlando zonas estratégicas, reuniéndose con las comunidades locales y sembrando el terror.[45] En lugares públicos han aparecido pintadas con las siglas de estos grupos y panfletos amenazantes[46]. A pesar de las denuncias, el gobierno de Colombia por medio de una entrevista dada por el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ha declarado que “en Colombia no hay paramilitarismo. Decir que hay significaría otorgar un reconocimiento político a unos bandidos dedicados a la delincuencia común y organizada.”[47]

El sindicato de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo (Sindhep) ha respondido públicamente a la negación del Defensor del Pueblo, Carlos Negret Mosquera, de la existencia del paramilitarismo en Colombia. El Sindheprecuerda que múltiples agencias como la Mapp-OEA, Indepaz, la desaparecida Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación e, incluso, la Defensoría del Pueblo, han documentado “la continuidad del fenómeno paramilitar por rearmes, grupos que nunca se desmovilizaron, la continuidad de la violencia contrainsurgente y el desarrollo de una nueva fase de afianzamiento y consolidación del orden establecido en algunos territorios donde sobre las tierras arrasadas y despojadas se constituían prósperos negocios mineros, agroindustriales y ganaderos”[48]. En respuesta a la hipótesis del Defensor de que el paramilitarismo para existir tiene que ser antisubversivo y estar en directa relación con fuerza pública[49], el Sindhep destacó que entre las características del paramilitarismo están, “por una parte, su enorme capacidad para mutar y adecuarse a los nuevos contextos que se configuran y, por la otra, la diversidad de sus formas, contenidos y repertorios”, además de “su funcionalidad a un proyecto político determinado que se esconde detrás de las actividades ilegales que controla”[50].

Bandas Criminales (“Bacrim”) versus Neoparamilitares

La falta de reconocimiento del Estado colombiano de los vínculos a nivel local, regional y nacional entre élites políticas, económicas y sectores de la Fuerza Pública y estos grupos, así como la falta de avances en las investigaciones frente a amenazas y asesinatos perpetrados por sus miembros, aumenta el riesgo que enfrentan defensores y defensoras de derechos humanos, líderes sociales, sindicalistas y, en general, todos aquellos que buscan la construcción de un país en paz y con justicia social.

Según el Sindhep “El paramilitarismo sigue más vivo que nunca, ronda las comunidades, convive con la Fuerza Pública, protege el despojo, asesina, señala, estigmatiza y desaparece personas, trafica, incide en la elección de alcaldes y gobernadores, mientras enriquece a los políticos, terratenientes y empresarios que se beneficiaron de su violencia”[51]. Aunque varios análisis señalan las diferencias regionales en relación a dinámicas de violencia, se reconoce que las estructuras neoparamilitares que ahora se ven en Colombia no necesariamente representan una estructura articulada a nivel nacional, pero que el “fenómeno paramilitar”, y la relación entre lo legal y lo ilegal para conseguir fines económicos, sigue fuerte.[52]

La Oacnudh resalta la percepción de ciertos actores que ven a los defensores y defensoras de derechos humanos como obstáculos para lograr sus intereses económicos y políticos y la disputa entre grupos al margen de la ley por el control de economías ilegales en las zonas dejadas por las Farc-EP en áreas rurales[53]. Indepaz también argumenta que se presenta una amenaza nacional de violencia armada para la reconfiguración de poder en regiones de alta conflictividad por la tierra, recursos y economías ilegales, en las que se destacan:

La alta conflictividad armada en los últimos años con presencia de las Farc-EP y de otros grupos armados ilegales.
La alta conflictividad social.
La alta presencia de comunidades organizadas.
La existencia de economías ilegales y grandes intereses económicos.
Gobiernos locales débiles y en disputa.
Alta presencia de Fuerza Pública y de planes de contrainsurgencia[54].

Análisis de casos

Los siguientes casos exponen de manera concreta lo analizado anteriormente en este documento y el contexto específico de diferentes regiones del país. Los casos se basan en denuncias de comunidades locales y organizaciones nacionales, medios de comunicación, informe de diferentes ONG, y en observaciones de terreno de Peace Brigades International - PBI Colombia.

Región de Urabá (departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó): neoparamilitares y control de territorios y rutas

Organizaciones nacionales e internacionales y comunidades locales han denunciado sistemáticamente la presencia de grupos neoparamilitares, sus amenazas, agresiones y asesinatos. A pesar de las denuncias, estos grupos siguen actuando sin que el Estado tome sus medidas necesarias para enfrentarlo, como realizar investigaciones exhaustivas que aclaren sus vínculos e intereses con élites políticas, militares y económicas, además de incumplir con su deber de proteger a la población civil.

El 31 de marzo de 2016, el Clan Úsuga (conocido también como “Los Urabeños” o como las AGC) declaró un paro armado de 24 horas en todo el territorio nacional. Según reportes de diferentes fuentes locales y nacionales, gran parte de las actividades económicas de varias regiones del país, así como el trasporte, la educación, entre otros, se detuvieron[55].

Desde septiembre de 2015, la Defensoría del Pueblo ha advertido al gobierno nacional sobre la incursión de grupos paramilitares en las cuencas de los ríos Salaquí, Truandó y Cacarica, donde hombres de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia operan libremente, a pesar de la presencia de puestos de control de la Armada Nacional. El Bajo Atrato está tomado por el neoparamilitarismo en medio de la desmovilización de las Farc-EP[56].

5e Anniversaire du massacre de San Jose Apartado

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

En los últimos meses, la Comunidad de Paz, finalista del Premio Sakharov del Parlamento Europeo en 2011 y beneficiario de medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha denunciado públicamente varias incursiones de grupos neoparamilitares en sus territorios y amenazas a los miembros de su comunidad. Los neoparamilitares han incursionado varias veces en la Aldea de Paz, un lugar emblemático para la comunidad puesto que fue donde se produjo en 2005 una masacre por parte de paramilitares y militares que dejo un saldo de 8 personas muertas, entre ellas a uno de sus fundadores[57]. Las siguientes amenazas contra miembros de la comunidad se han registrado: el 22 de diciembre de 2016, buscaron a Gildardo Tuberquia (miembro fundador)[58]; el 4 de enero de 2017, afirmaron que se estaba ejecutando un plan de “exterminar a la comunidad”[59]; el 19 de enero dijeron que ya controlaban toda la zona y que solo faltaban los predios de la Comunidad de Paz, y que si esa “hp Comunidad” no se sometía, tenían “la luz verde” para acabar con ellos.

En los primeros días de febrero la comunidad ha denunciado que continúa la presencia en sus territorios. Los agresores se quejaron de la presencia de “gringos”, haciendo referencia a los acompañantes internacionales, y afirmaron que “la presencia de ellos estaba impidiendo ejecutar un plan en el corregimiento de San José”. Mientras esto ocurre, los mandos del Ejército en la zona afirman que no existen “grupos armados en esos lugares”[60].

Cacarica

Según denuncian miembros de las comunidades[61] y organizaciones colombianas[62], el 12 de febrero, ocho neoparamilitares armados entraron en la Zona Humanitaria (reconocida por la Corte Interamericana y beneficiaria de medidas cautelares) Nueva Esperanza en Dios, y un número indeterminado se quedó en los alrededores. Los armados registraron varias casas, argumentando que buscaban a un grupo de personas que iban a ser asesinadas, puesto que sus nombres estaban en una lista. Los neoparamilitares se reportaron permanentemente a un mando por medio de radios de comunicación y expresaron a la comunidad que "si no los encontraban, la familia sería asesinada" (...) "Si no están hoy aquí, mañana los encontramos". Estuvieron durante dos horas y media en la Zona Humanitaria.

Las comunidades y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (Cijp) llevaban semanas reportando la presencia neoparamilitar en el territorio colectivo de Cacarica, denunciando amenazas y desplazamientos de la población civil. Sin embargo, afirman que a pesar de las denuncias la Fuerza Pública no hizo presencia en este tiempo para controlar la situación.

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Photo: Charlotte Kesl[/caption]

Curbaradó

Esta presencia y control también se ha dado en los territorios colectivos de Curbaradó[63]. En Brisas de Curbaradó, a 30 minutos de la Zona Veredal Transitoria de Normalización “La Florida”, se ha registrado movimientos neoparamilitares.[64] En Llano Rico, donde se encuentra la basa militar del Batallón Selva 54, el pasado 19 de enero los pobladores vieron un grupo de seis neoparamilitares vestidos de civil, portando armas, y buscando a dos líderes de la zona: Sergio Díaz y Guillermo Díaz; este último, hermano de Argentino Díaz, líder de restitución de tierras asesinado el 13 de enero de 2010. Los neoparamilitares afirmaron que habían llegado al territorio y que se iban a quedar “les guste o no” a los habitantes de la cuenca. Ese mismo día, en el mismo caserío de Llano Rico, ese grupo realizó pinturas de las “AGC presente” sobre las viviendas y los negocios.[65]

Región de Bajo Cauca (Antioquia) y minería

El Bajo Cauca es una región de Antioquia situada en una posición geoestratégica para las rutas del narcotráfico, haciendo de puente entre las zonas de cultivos de coca del sur de Bolívar y las vías del comercio del Urabá antioqueño y chocoano. Además, es un territorio con importantes extensiones de cultivos de uso ilícito, así como con una inmensa riqueza aurífera, explotada sobretodo de manera informal. Los fuertes intereses económicos de la región la hacen particularmente vulnerable a la presencia de actores armados ilegales, y la reciente salida de las Farc-EP ha dejado el territorio a la merced de los grupos neoparamilitares que desde 2016 hacen presencia y han sido autores de varios asesinatos de líderes y desplazamientos de la población civil.

Según denuncias de Aheramigua (Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó) y el informe de la Comisión de Verificación realizada a finales de enero, la primera incursión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en el municipio de El Bagre se produjo el 7 de enero de 2016 en varias veredas. Esta provocó un desplazamiento masivo al casco urbano del corregimiento de Puerto Claver, amenazas y dos casos de desaparición forzada. La segunda incursión tuvo lugar el 17 de enero en el casco urbano de Puerto Claver, solo horas después de la visita de una Comisión conformada por distintos organismos y autoridades estatales e internacionales que hizo presencia para evaluar el alcance de la situación humanitaria. Esta incursión produjo un segundo desplazamiento hacia El Bagre; cerca de 500 personas siguen desplazados en un refugio humanitario en Puerto Claver[66].

El 7 de marzo de 2016, en el casco urbano de El Bagre, fue asesinado William Castillo Chima, entonces tesorero y cofundador de Aheramigua, quien había denunciado el desplazamiento de campesinos de la región por parte de los grupos neoparamilitares[67]. Diez días después de este asesinato, la Delegación de la Unión Europea en Colombia con sus Estados miembros y Suiza publicó un comunicado expresando preocupación por, y su rechazo a, la ola de asesinatos en contra de defensores, mencionando el caso de William Castillo. Los representantes del cuerpo diplomático hicieron un llamamiento a las autoridades competentes para que todos los asesinatos sean esclarecidos y los responsables llevados ante la Justicia[68].

El 17 de mayo asesinaron nuevamente a dos campesinos entre El Bagre y Zaragoza[69]. Según Aheramigua, estos asesinatos se dieron después de que aproximadamente 80 neoparamilitares presentaron una lista de personas que iban a asesinar. Varias de las amenazas se ejecutaron: dos campesinos fueron asesinados el mismo día, uno de ellos torturado, descuartizado y luego lanzado al río[70], seguido del joven indígena Jesús Antonio Chima, guardia del resguardo indígena Los Almendros (El Bagre).

Un comunicado de Aheramigua y fuentes de la prensa mencionaron en junio que un grupo de 50 hombres con armas largas hicieron rondas por el municipio de Puerto López con una lista con nombres de setenta personas del municipio con la amenaza de asesinarles[71] . La situación ha seguido igual a lo largo del año. A finales de enero de 2017, las comunidades alertaron que un grupo de cerca de 15 neoparamilitares se encontraba patrullando el corredor del río Bagre; identificados como “Autodefensas Gaitanistas”, portaban uniformes militares, armas largas y armamento pesado.[72] En febrero, de nuevo Aheramigua denunció la presencia de grupos neoparamilitares uniformados y fuertemente armados en varias veredas de los municipios de El Bagre y de Nechí, que se identifican como “Autodefensas Gaitanistas”, afirmando tener el control de la zona y amenazando a las comunidades en el caso de que no colaborasen con ellos[73]. El municipio de El Bagre es entre los más graves casos de violaciones de derechos humanos que se ha visto en Colombia en 2016, con más de 40 asesinatos solo en este municipio, según Oacnudh[74].

Catatumbo (Norte de Santander)

Según miembros de las comunidades de la zona de Catatumbo, el jueves 9 de febrero cerca de 50 uniformados de negro portando armas largas llegaron al km 40 en la vía la Gabarra, donde intimidaron a 60 familias y se identificaron como las Águilas Negras. [75] La Marcha Patriótica formalizó la denuncia sobre la llegada de estos hombres armados al “lugar donde se encuentra la caravana que acompaña el traslado de unidades del Frente 33 de las Farc-EP hacia la zona veredal de Caño Indio”. Sin embargo, el comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano el General Hugo Alejandro López, y el general Jaime Carvajal Villamizar, comandante de la Segunda División del ejército, afirmaron que no se conoce reporte alguno de presencia de paramilitares y que sus tropas han ido ocupando las zonas que las Farc-EP ha dejado en la región. Los militares insisten en que no existen grupos paramilitares ahí y que están concentrados en combatir al ELN y al EPL. [76]

Debido a las amenazas de este grupo armado ya se han desplazado de manera forzada varias familias campesinas. La Comisión de Derechos Humanos del Frente Fronterizo por La Paz informó que “entre el viernes 10 y sábado 11 de febrero se viene presentando un desplazamiento masivo hacia el lado venezolano”, desde “La Cooperativa” en Colombia hacia el Cruce -Municipio Jesús María Semprún (Zulia) – Venezuela”[77]. La Agencia de la Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) confirmó los desplazamientos[78]. Asimismo, la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí denunció la presencia de neoparamilitares en los puntos como El Km. 40, Las Timbas y La Y.[79]

Paralelamente, se conformó un Refugio Humanitario a unos kilómetros de la Zvtn de la vereda Caño Indio, al que cada día llegan campesinos de la zona. El refugio pretende ofrecer protección ante el miedo generado por la presencia de grupos neoparamilitares, poner en evidencia la grave situación del Catatumbo, y exigir al Estado colombiano la implementación de los acuerdos con garantías y el real y efectivo desmonte de las estructuras neoparamilitares actualmente en su territorio[80].

El Ejército convocó un consejo de seguridad al que asistieron presidentes de las Juntas de Acción Comunal del corregimiento de La Gabarra, representantes de la Iglesia Católica y del Ministerio Público, para entablar acciones coordinadas con la administración local que garanticen la seguridad en esta región del Catatumbo. La Misión de la ONU en Colombia anunció el envío de una comisión a La Gabarra, señalando que “está preocupada por estos acontecimientos y ha tomado la decisión de enviar al lugar una delegación de alto nivel de su sede de Bogotá para ayudar a la continuación de este importante movimiento”[81]. Por todo ello, entre el 17 y el 19 de febrero tuvo lugar una Comisión de Verificación Extraordinaria en Solidaridad con el Catatumbo, convocada por distintas organizaciones sociales del país alertadas por la grave situación de seguridad que denuncian las comunidades de la zona[82].

La Comisión de Verificación visitó durante tres días las comunidades que habían denunciado esta presencia neoparamilitar: vereda Sapadhana (comunidad de la cooperativa); vereda Caño Tomás (comunidad de Bellavista); vereda Las Timbas, km 40, km 60; y Caño Indio. Las comunidades ratificaron ante la comisión las denuncias que habían realizado previamente y mostraron su rechazo por la militarización de la zona como respuesta del Estado ante los hechos, ya que existe una gran desconfianza en la Fuerza Pública por hechos como la masacre de La Gabarra en 1999.[83]La Comisión recogió los testimonios de testigos directos de la entrada de miembros de estos grupos armados, que se presentaron como “paramilitares” ante la comunidad. Los habitantes están muy preocupados ya que el Catatumbo es una zona caracterizada por el abandono estatal, pero con una fuerte presencia de Fuerza pública, todo lo contrario de lo que las comunidades reclaman; solicitaron mayor presencia del Estado, pero de forma no armada. La última parada de la Comisión de Verificación fue el Refugio Humanitario de la vereda Caño Indio donde también se recogieron testimonios de personas que habían sido testigos de los hechos denunciados públicamente y que originaron el establecimiento del refugio. Asimismo, las comunidades declararon el levantamiento del Refugio Humanitario proponiendo una serie de medidas que garanticen la seguridad se los campesinos en el Catatumbo y solicitando al Gobierno la efectiva implementación de los acuerdos con las Farc-EP.[84]

Recomendaciones

Es fundamental que el gobierno colombiano, con el respaldo de la comunidad internacional, atienda esta situación de riesgo de la sociedad civil y en particular de quienes defienden los derechos humanos. Para ello, deben implementar con urgencia lo acordado en el punto 3.4 del acuerdo de paz, que incluye la creación de una Comisión Nacional de Garantías (cuya implementación ha sido anunciada por el mismo Presidente Santos el 23 de febrero de 2017) y otros mecanismos como el Pacto Político Nacional y una mejor coordinación entre las diferentes entidades del Estado. De lo contrario, la posibilidad de lograr una paz verdadera y duradera pueda quedar fuera del alcance.
En esta etapa inicial de negociaciones con el ELN, es importante asegurar el respaldo y apoyo por parte de la comunidad internacional para arropar el proceso y evitar que quienes no están a favor de la finalización del conflicto armado puedan perjudicarlo. Esta nueva mesa de diálogo complementa los acuerdos ya existentes entre el Gobierno colombiano y las Farc-EP, e igualmente hacemos notar que su avance exitoso contribuirá de manera esencial a la construcción de una paz duradera y sostenible en Colombia. Por el contrario, su fracaso puede suponer no sólo la prolongación de la guerra entre el Estado y el ELN, sino también una afectación potencial a la implementación de los acuerdos de La Habana. Por tanto, consideramos que sería importante respaldarlo desde la comunidad internacional e instar a las partes a hacer todos los esfuerzos posibles para llevar la negociación hasta su feliz término.

PBI hace las siguientes peticiones de la Unión Europea

La UE y el Gobierno Colombiano, haciendo seguimiento a cuanto evidenciado por algunas de sus instituciones, así como por Oacnudh, organizaciones Internacionales, organizaciones colombianas y comunidades deben reconocer la existencia y continuidad del fenómeno paramilitar, y sus vínculos a nivel local, regional y nacional con élites políticas, económicas y con sectores de la Fuerza Pública. Sólo su reconocimiento puede conllevar la toma de medidas efectivas para su real desmantelamiento.
La UE tiene que recomendar contundentemente al gobierno colombiano atender las denuncias de la sociedad civil y de las organizaciones nacionales e internacionales; realizar investigaciones exhaustivas que aclaren los intereses y vínculos de los grupos neoparamilitares con élites políticas, militares y económicas colombianas; e involucrarse en la labor de recopilación, registro y denuncia de crímenes de estos grupos, labor hasta ahora llevada a cabo por ONG y comunidades colombianas, lo que implica un riesgo adicional para la población civil.
La UE, en su monitoreo de la implementación del Fondo Fiduciario, debe asegurar el aumento de presencia del Estado Colombiano (en particular de las instituciones civiles) en las zonas abandonadas por las Farc-EP tras su desmovilización, evitando que estas sean controladas por nuevos actores armados de carácter neoparamilitar y protegiendo a las comunidades locales de estos territorios.
La UE debe apoyar más económicamente y políticamente la labor fundamental de la Oacnudh en Colombia y su papel de monitoreo en derechos humanos en el marco del contexto actual. También debe apoyar la inclusión de un componente de derechos humanos en la Misión de Monitoreo y Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.
A pesar de los pasos positivos que se han dado en Colombia para poner fin al conflicto armado entre el estado colombiano y las Farc-EP, y a la instalación de una mesa de diálogo entre representantes del gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales y políticos, así como el aumento del neoparamilitarismo, son un desafío importante en la construcción de una paz duradera y verdadera en Colombia. El Estado Colombiano y la comunidad internacional deben tomar en cuenta el riesgo que implica la violencia socio-política en épocas de negociación e implementación de acuerdo de paz, como la propia historia colombiana lo demuestra.

PBI hace las siguientes peticiones del gobierno de los Estados Unidos

Honrar los compromisos asumidos durante las negociaciones de paz entre el Gobierno Colombiano y las Farc-EP, para brindar un apoyo financiero, técnico y diplomático que se considera fundamental para la implementación de los acuerdos de paz, en particular en lo que respecta a las garantías de seguridad para personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas comunitarias, así como los mecanismos de justicia transicional que respaldan los derechos de las víctimas y los esfuerzos de desminado que ya están en marcha.
Enfocar la asistencia de los Estados Unidos en lo referente a la reforma judicial en medidas que mejoren las investigaciones y sanciones de los crímenes cometidos por los grupos neo-paramilitares, con el fin de desmantelarlos y reducir los niveles de impunidad producto de los ataques en contra de personas defensoras de derechos humanos; además de brindar asistencia directa a los actores de la sociedad civil que se encuentran amenazados por el trabajo que realizan y que bajo el derecho internacional es considerado un trabajo legal y legítimo.
Monitorear y dar seguimiento a los esfuerzos de la sociedad civil para ubicar, documentar y denunciar los crímenes contra las personas defensoras de derechos humanos, particularmente los que son atribuidos a actores neo-paramilitares, y realizar visitas de campo a las regiones donde se encuentran los niveles más altos de ataques contra líderes y lideresas comunitarias y sociales.
Realizar consultas de manera regular a las personas defensoras de derechos humanos en temas relacionados a su seguridad, planteando sus preocupaciones en reuniones bilaterales, así como dialogar con las autoridades colombianas y emitir declaraciones públicas condenando los ataques contra ellas y ellos.
Mantener y respaldar el actual apoyo político y económico al mandato de las Naciones Unidas en Colombia, apoyando la creación de una segunda misión política de la ONU para verificar las medidas de seguridad de los ex-combatientes, personas defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas territoriales; con un mandato independiente que incluya el monitoreo de la situación de Derechos Humanos en Colombia a cargo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).
Desclasificar los archivos de los Estados Unidos relacionados con el conflicto armado colombiano y alentar al Presidente Juan Manuel Santos a que proteja y asegure el pleno acceso a los archivos que sean pertinentes para apoyar a la Comisión de la Verdad y a la Jurisdicción Especial para la Paz
Ofrecer un fuerte apoyo diplomático a los esfuerzos del gobierno colombiano para llegar a un acuerdo definitivo sobre el cese bilateral de fuego con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y así poder llevar a cabo con éxito las negociaciones de paz con el grupo guerrillero.
Aprovechar de la estrecha relación del ejército estadounidense con las fuerzas armadas colombianas para apoyar una adecuada transición a un escenario de post-conflicto, enfatizando la necesidad de investigar la responsabilidad militar y garantizar la justicia por las violaciones de derechos humanos y evitar represalias contra testigos, víctimas y personas defensoras de Derechos Humanos.

Adicionalmente, PBI pide al gobierno de Estados Unidos que inste a las autoridades colombianas a

Asegurar una mayor presencia de instituciones civiles estatales en regiones recientemente abandonadas por las Farc para prevenir el control territorial de otros grupos armados ilegales e implementar inmediatamente una protección efectiva para los miembros de las comunidades locales que han denunciado amenazas por parte de estos grupos en contra de ellas y que por ello, corren el riesgo de sufrir ataques.
Reconocer públicamente la naturaleza sistemática de los ataques contra personas defensoras de derechos humanos, las y los líderes sociales y aplicar todas las medidas previamente acordadas para su protección de manera coordinada entre las instituciones estatales colombianas pertinentes.
Asegurar los recursos humanos y financieros necesarios para lograr de forma comprensiva y urgente resultados en las investigaciones que de manera independiente emprenderá la Unidad de Investigación Especial en el Ministerio Público, como se acordó en el punto 3.4 de los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y las Farc-EP, para desmantelar de manera completa y definitiva los grupos sucesores del paramilitarismo.
Publicar un informe de alto nivel con el fin de identificar las redes de apoyo de los grupos neo-paramilitares en las regiones donde se encuentran más presentes y mencionar los riesgos que representan para personas defensoras de derechos humanos en estas áreas, además de aplicar sanciones ejemplares contra los políticos, las élites económicas y/o los sectores de las fuerzas de seguridad pública que mantienen nexos con estos grupos.
Realizar investigaciones exhaustivas, cese de cargo y enjuiciamientos del personal militar, policial y de otros agentes estatales vinculados con violaciones de derechos humanos y difamación a personas defensoras de derechos humanos.
Purgar los archivos de inteligencia y las doctrinas militares y policiales que identifican a las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y líderes y lideresas de la oposición política como parte del "enemigo interno".
Implementar mecanismos para proteger y garantizar el derecho a la protesta social pacífica de una manera que esté en línea y acorde con las normas elaboradas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Notas de pie:

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Grave aumento de asesinatos de quienes defienden los derechos humanos en Colombia