“Estamos viviendo en el confinamiento, los actores armados ilegales se están disputando el territorio, y las personas que denuncian o quieren denunciar se convierten en objetivos militares”, ese llamado fue de un líder de la cuenca de Curbaradó en la reunión que se realizó este viernes 29 de marzo entre personas lideresas de diferentes comunidades del Bajo Atrato y representantes de la Comunidad Internacional. En el Bajo Atrato la situación sigue tensa y la crisis humanitaria sin resolver. Desde el 16 de febrero, cuando la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (Cijp) denunció por primera vez una incursión de neoparamilitares de las AGC en los territorios de las cuencas de Curbaradó y Jiguamiandó[1], la situación no ha parado de empeorarse. Las comunidades indígenas y afrodescendientes de esta región del Chocó se encuentran en situación de confinamiento que genera una crisis humanitaria debido a la falta de acceso a medicinas y alimentos, lo que ya ha causado la muerte de cuatro menores de edad[2].
Los movimientos de los diferentes actores armados ilegales, los enfrentamientos entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)[3], el reporte de que fueron sembradas minas antipersonas son todos factores que generan zozobra en la población civil y causan esta situación de confinamiento[4]. Cabe recordar que la población del Bajo Atrato ha sido históricamente golpeada por la presencia de actores armados, legales e ilegales, en su territorio, por la lucha por la posesión de la tierra y debido a las economías ilegales entre otros. Desde el 14 de febrero la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza, Jiguamiandó, ha sufrido dos violaciones a su espacio protegido con la incursión de integrantes del ELN[5] e integrantes de las AGC[6].
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La Zona humanitaria de Nueva Esperanza en Jiguamiandó sigue resistiendo y afirmando su derecho de, como población civil, no aceptar arctores armados en su territorio[/caption]
Desde que se encendieron las alarmas, la Cijp ha reportado de manera continua la situación en la cual se encuentra la población civil, ante las cuales según las comunidades no han habido respuestas integrales del Estado para garantizar la seguridad y condiciones básicas de salud de la población. Desde el 2016 la Cijp viene denunciando la expansión del control territorial y social de las AGC, así como la del ELN desde finales de 2017. Hoy día se da una situación que podía haber sido evitada.
Dentro de este contexto diferentes líderes y lideresas de Curbaradó, Jiguamiandó, Cacarica y Pedeguita y Mancilla (cuencas del Bajo Atrato) viajaron a Bogotá para visibilizar la situación de inseguridad y de crisis humanitaria que viven. Dentro de la serie de actividades las comunidades se reunieron con representantes de las embajadas de los Países Bajos, Bélgica, el Reino Unido, Noruega, Irlanda, Alemania, representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (Oacnudh), Christian Aid y Diakonia, con el fin de pedir respaldo y que visiten el territorio.
Durante la reunión las diferentes personas de cada territorio compartieron sus experiencias frente a la situación actual y también sobre el contexto histórico de despojo de tierras y la ausencia de la restitución efectiva de estas en el Urabá. Una lideresa del Alto Guayabal, Carolina Casama, explicó que, debido a la situación de inseguridad y confinamiento, no pueden salir a trabajar en los campos para recoger sus alimentos, sufren de paludismo y no tienen acceso a medicamentos, porque tienen que viajar a los municipios más cercanos que se encuentran a más de dos horas, porque no hay un puesto de salud cerca y la falta de una respuesta oportuna por parte del Estado.
Benjamin, líder de Curbaradó comentó sobre la necesidad de presionar el gobierno para que se cumple los Acuerdos de Paz, por lo que contienen un componente de protección para las personas defensoras de derechos humanos y lideresas y mecanismos para el desmantelamiento de estructuras herederas del paramilitarismo.
El Urabá ha sido una región históricamente golpeada por el conflicto armado debido a los numerosos intereses económicos que tiene y por su posición geoestratégica. Danilo Rueda, secretario general de la Cijp, explicó cómo se está desarrollando el control territorial de estos territorios ancestrales dentro de un marco de corrupción y el incumplimiento de Autos de la Corte Constitucional ordenando la restitución de tierras a personas campesinas que han sido despojadas, lo cual está estrechamente relacionado con el control de grupos armados ilegales de tipo neoparamilitares bajo una lógica de acaparamiento de tierras: “nosotros creemos que lo relacionado con las inversiones económicas deben darse en el respeto de los derechos humanos, que se deben luchar contra las criminalidades e instaurar un dialogo con las comunidades para que puedan seguir usando y gozando de sus territorios: si hay algún interés o inversión en el territorio que pase por la consulta previa con las comunidades que son protegidas por el derechos internacional y que se pueda establecer un dialogo democrático para hacer acuerdos con mitigaciones ambientales y mitigaciones sociales”. [gallery ids="10906,10905" type="rectangular"] Lucía González, comisionada de la Comisión de la Verdad, también estuvo presente en la reunión y comentó que recientemente viajó a la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza en la cuenca de Cacarica cuando se dio la visita conjunta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad en ese territorio el pasado 4 de marzo para recibir testimonios de víctimas del conflicto. Durante la reunión Lucía compartió su experiencia del viaje al Bajo Atrato e hizo un reconocimiento a la valentía y resistencia de las comunidades y destacó sus voluntades y apuesta para la reconciliación y el perdón. Al mismo tiempo destacó la importancia de convertir el caso del Bajo Atrato en caso emblemático de No Repetición, con el fin de poder analizar en profundidad las causas estructurales del conflicto en este territorio, porque tras las desmovilizaciones de los diferentes grupos armados continua el conflicto y también aparecen nuevos actores en la zona.
Luis Novoa, en representación de OACNUDH también agradeció el espacio y destacó que desde su oficina están dando un seguimiento muy meticuloso de este caso y están desarrollando acciones concretas de seguimiento, afirmando de manera positiva “la esperanza no está perdida”. La reunión concluyó con los representantes de las embajadas aformando la importancia de dar seguimiento a este caso, y de organizar pronto una visita al territorio para mostrar el apoyo de la comunidad internacional a las comunidades del Bajo Atrato.
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Luis Novoa, OACNUDH[/caption]
Los movimientos de los diferentes actores armados ilegales, los enfrentamientos entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)[3], el reporte de que fueron sembradas minas antipersonas son todos factores que generan zozobra en la población civil y causan esta situación de confinamiento[4]. Cabe recordar que la población del Bajo Atrato ha sido históricamente golpeada por la presencia de actores armados, legales e ilegales, en su territorio, por la lucha por la posesión de la tierra y debido a las economías ilegales entre otros. Desde el 14 de febrero la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza, Jiguamiandó, ha sufrido dos violaciones a su espacio protegido con la incursión de integrantes del ELN[5] e integrantes de las AGC[6].
[caption id="attachment_10907" align="alignnone" width="960"] La Zona humanitaria de Nueva Esperanza en Jiguamiandó sigue resistiendo y afirmando su derecho de, como población civil, no aceptar arctores armados en su territorio[/caption]
Desde que se encendieron las alarmas, la Cijp ha reportado de manera continua la situación en la cual se encuentra la población civil, ante las cuales según las comunidades no han habido respuestas integrales del Estado para garantizar la seguridad y condiciones básicas de salud de la población. Desde el 2016 la Cijp viene denunciando la expansión del control territorial y social de las AGC, así como la del ELN desde finales de 2017. Hoy día se da una situación que podía haber sido evitada.
Dentro de este contexto diferentes líderes y lideresas de Curbaradó, Jiguamiandó, Cacarica y Pedeguita y Mancilla (cuencas del Bajo Atrato) viajaron a Bogotá para visibilizar la situación de inseguridad y de crisis humanitaria que viven. Dentro de la serie de actividades las comunidades se reunieron con representantes de las embajadas de los Países Bajos, Bélgica, el Reino Unido, Noruega, Irlanda, Alemania, representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (Oacnudh), Christian Aid y Diakonia, con el fin de pedir respaldo y que visiten el territorio.
Durante la reunión las diferentes personas de cada territorio compartieron sus experiencias frente a la situación actual y también sobre el contexto histórico de despojo de tierras y la ausencia de la restitución efectiva de estas en el Urabá. Una lideresa del Alto Guayabal, Carolina Casama, explicó que, debido a la situación de inseguridad y confinamiento, no pueden salir a trabajar en los campos para recoger sus alimentos, sufren de paludismo y no tienen acceso a medicamentos, porque tienen que viajar a los municipios más cercanos que se encuentran a más de dos horas, porque no hay un puesto de salud cerca y la falta de una respuesta oportuna por parte del Estado.
Benjamin, líder de Curbaradó comentó sobre la necesidad de presionar el gobierno para que se cumple los Acuerdos de Paz, por lo que contienen un componente de protección para las personas defensoras de derechos humanos y lideresas y mecanismos para el desmantelamiento de estructuras herederas del paramilitarismo.
Urabá: violencia y territorio en la historia contemporánea
El Urabá ha sido una región históricamente golpeada por el conflicto armado debido a los numerosos intereses económicos que tiene y por su posición geoestratégica. Danilo Rueda, secretario general de la Cijp, explicó cómo se está desarrollando el control territorial de estos territorios ancestrales dentro de un marco de corrupción y el incumplimiento de Autos de la Corte Constitucional ordenando la restitución de tierras a personas campesinas que han sido despojadas, lo cual está estrechamente relacionado con el control de grupos armados ilegales de tipo neoparamilitares bajo una lógica de acaparamiento de tierras: “nosotros creemos que lo relacionado con las inversiones económicas deben darse en el respeto de los derechos humanos, que se deben luchar contra las criminalidades e instaurar un dialogo con las comunidades para que puedan seguir usando y gozando de sus territorios: si hay algún interés o inversión en el territorio que pase por la consulta previa con las comunidades que son protegidas por el derechos internacional y que se pueda establecer un dialogo democrático para hacer acuerdos con mitigaciones ambientales y mitigaciones sociales”. [gallery ids="10906,10905" type="rectangular"] Lucía González, comisionada de la Comisión de la Verdad, también estuvo presente en la reunión y comentó que recientemente viajó a la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza en la cuenca de Cacarica cuando se dio la visita conjunta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad en ese territorio el pasado 4 de marzo para recibir testimonios de víctimas del conflicto. Durante la reunión Lucía compartió su experiencia del viaje al Bajo Atrato e hizo un reconocimiento a la valentía y resistencia de las comunidades y destacó sus voluntades y apuesta para la reconciliación y el perdón. Al mismo tiempo destacó la importancia de convertir el caso del Bajo Atrato en caso emblemático de No Repetición, con el fin de poder analizar en profundidad las causas estructurales del conflicto en este territorio, porque tras las desmovilizaciones de los diferentes grupos armados continua el conflicto y también aparecen nuevos actores en la zona.
Luis Novoa, en representación de OACNUDH también agradeció el espacio y destacó que desde su oficina están dando un seguimiento muy meticuloso de este caso y están desarrollando acciones concretas de seguimiento, afirmando de manera positiva “la esperanza no está perdida”. La reunión concluyó con los representantes de las embajadas aformando la importancia de dar seguimiento a este caso, y de organizar pronto una visita al territorio para mostrar el apoyo de la comunidad internacional a las comunidades del Bajo Atrato.
[caption id="attachment_10904" align="alignnone" width="1270"] Luis Novoa, OACNUDH[/caption]
PBI Colombia