Las estigmatizaciones, han sido una tipología de agresión utilizada en contra del movimiento social colombiano de manera constante durante estos 20 años. Funcionarios del Estado, usando como altavoces diferentes medios de comunicación han atacado la legítima labor de las organizaciones de derechos humanos, acusándoles de ser cercanos e incluso pertenecer a grupos guerrilleros y paramilitares, de ser el brazo jurídico de la guerrilla, o de dar albergue a estos grupos, entre otras afirmaciones. Aunque en el marco del Proceso nacional de Garantías, las organizaciones a nivel nacional consideran que se ha contribuido a visibilizar y legitimar el trabajo de los y las defensoras, añaden que esta es una realidad diferente a nivel regional; las plataformas colombianas consideran que de nada sirven las declaraciones a nivel nacional si éstas no se concretan en acciones que obliguen a las autoridades regionales a implementar los acuerdos[1]. En este sentido llaman la atención respecto al cumplimiento de las directivas que prohíben estos señalamientos y señalan que mientras no se tomen medidas contra los funcionarios del  Estado que no las respetan, los incentivos para cumplirlas son pocos[2].

Comunidad de Paz de San José de Apartadó La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, se constituyó en 1997 y se declaró neutral frente al conflicto armado rechazando la presencia de todos los grupos armados en su territorio. Desde su creación han sido numerosos los ataques sufridos por sus miembros, desde desplazamientos, asesinatos, amenazas, masacres, entre otro tipo de agresiones. Destaca por su especial gravedad, las afirmaciones realizadas en 2005 por el entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien después de la masacre sufrida por 8 miembros de la Comunidad a manos de integrantes de la Fuerza Pública y los grupos paramilitares, señaló a algunos miembros de la Comunidad de Paz como guerrilleros[3]. Nueve años después, y cumpliendo parte de las órdenes del Auto 164/12 de la Corte Constitucional, el presidente Santos pidió perdón a la comunidad; sin embargo, no ordenó la creación de un procedimiento para evitar futuros señalamientos, tal y como ordenó la Corte[4]. Hoy en día, lejos de reducirse, las estigmatizaciones continúan produciéndose principalmente en boca del Comandante de la Brigada XVII quien, en medios de comunicación regionales y nacionales, les acusa de ser refugio de la guerrilla y de tener vínculos con la organización ilegal[5].

Ana Vicente

Notas de pie

[1] Programa Somos Defensores: Informe especial “Protección al Tablero”, febrero de 2014 [2] PBI Colombia: La falta de medidas políticas de protección y el sueño de su existencia, 22 de julio de 2011 [3] Semana: Uribe mancilló la honra de Apartadó, 29 de mayo de 2013 [4] CdP: El Presidente nos pidió perdón, 16 de diciembre 2013. [5] CdP: Cuando no hay legitimidad, buena es la propaganda comprada, 10 de noviembre de 2014