Hace dos años, en pleno auge de la pandemia del Covid-19, varias comunidades étnico-territoriales y campesinas de Colombia, acompañadas por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (JyP), enviaban una carta pública al presidente Iván Duque en la que solicitaban un Acuerdo Humanitario Global [1]. La petición implicaba el cese de las hostilidades y nuevos diálogos de paz con inclusión de los múltiples actores armados aún presentes en los territorios. Desde entonces más de 160 comunidades, apoyadas por la Iglesia Católica [2], organismos internacionales [3] y organizaciones de la sociedad civil [4], han enviado 57 cartas abiertas [5] con el mismo fin sin que haya habido respuesta alguna por parte del Gobierno saliente.
Los llamados de cese al fuego provienen de comunidades que no han visto una mejora real en sus territorios desde la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc-EP en 2016. Valle del Cauca, Cauca, Chocó, Putumayo entre otras, son regiones donde PBI acompaña a JyP, y a las comunidades étnico-territoriales y campesinas víctimas del conflicto armado. En ellas, la presencia estatal es principalmente militar, y se siguen registrando altos picos de asesinatos a personas defensoras, masacres[6], violencia sexual y desplazamiento forzado [7], entre otras graves violaciones a los derechos humanos.
En medio de la violencia sociopolítica, los procesos comunitarios siguen convencidos de que solo a través del “diálogo respetuoso y honesto, del reconocimiento por parte de los actores decisorios, la situación territorial de injusticia y exclusión estructural e histórica puede ser transformada en un nuevo pacto socioambiental por la paz” [8]. Para lograrlo, los más de 160 procesos comunitarios proponen y ponen en práctica el Acuerdo Humanitario Global a lo largo y ancho del país.
[videopress pGb8JQQU]Danilo Rueda, coordinador de JyP, junto a quien hemos caminado durante casi tres décadas, ha dedicado su vida a la construcción de una paz desde los territorios, a acompañar a las víctimas del conflicto armado y a denunciar cada vez que se han vulnerado violentamente sus derechos, siendo él mismo víctima de graves ataques en su contra [9]. Según el defensor de derechos humanos, y recién electo Alto Comisionado para la Paz [10], el Acuerdo Humanitario Global tiene como meta el cese de la violencia armada en los territorios y pretende salvaguardar la vida y la integridad de las comunidades, así como la de quienes están en las confrontaciones armadas como enemigos militares.
Danilo, ha impulsado con tesón la propuesta de Acuerdo Humanitario Global, para generar las condiciones de una Paz Global Territorial o una Paz Total. Esta Paz Total significa “la generación y disposición de un Estado y un Gobierno dispuesto a conversar con la naturaleza y la identidad de cada grupo armado para resolver la dejación de las armas y generar acuerdos”. Según JyP, y las comunidades que acompañan, para que cese la agresión y violencia contra las mujeres, para que cese el reclutamiento de jóvenes, es ineludible atender este llamado a un Acuerdo Humanitario Global.
En los últimos 15 años se han desarrollado dos procesos de dejación de armas: entre el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez y los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el 2005 y con las Farc-EP y el Gobierno de Juan Manuel Santos en 2016. Según Danilo Rueda, ambos procesos generaron aprendizajes en diversas materias, entre ellas, en lo que se conoce como justicias transicionales y la importancia de la verdad, pero sobre todo, han demostrado las fragilidades de estos acuerdos firmados, caracterizados por la ausencia de garantías para excombatientes y la ausencia de respuestas eficaces del Gobierno a los diversos compromisos asumidos. Falta de respuesta y de cumplimiento de compromisos que tienen a Colombia "ad portas de iniciar nuevos ciclos de violencia que ya tienen manifestaciones muy concretas en diversos territorios”, refleja con preocupación Danilo Rueda. Para el defensor de derechos humanos la única posibilidad de que una inversión sea responsable y de enfrentar la corrupción que existe de forma casi endémica en el país, "es lograr una paz con el conjunto de las expresiones armadas que hoy existen en Colombia, tanto a nivel urbano como rural”. Desde el territorio las comunidades ya han logrado generar espacios de distensión y de diferenciación entre los civiles y armados que, hasta el momento, “relativamente han sido respetados por diversos grupos armados”.
Sin embargo, a cinco años de los Acuerdos de Paz y mientras se intenta impulsar el Acuerdo Humanitario Global, la vida en los territorios sigue marcada por la violencia. Desde Cacarica, al norte del departamento del Chocó, la lideresa afrocolombiana Ana de Carmen Martín y el líder afrocolombiano John Jairo Mena, ambos integrantes de la Asociación de Comunidades de Autodeterminación Vida y Dignidad (CAVIDA), relatan con contundencia que lo buscan es vivir en dignidad.
[videopress dU1igh4j]Para Ana de Carmen Martín está claro que si no se pone en marcha el Acuerdo Humanitario Global "vamos a seguir en guerra”. John Jairo Mena espera que con este nuevo Gobierno exista una posibilidad de cambio y de impulso a la propuesta de Acuerdo Humanitario Global, para que los campesinos, mestizos, indígenas, negros puedan disfrutar y gozar de sus territorios.
[videopress o07Xsp6A]Nada distinto a lo que se vive en la Zona de Reserva Campesina la Perla Amazónica, al sur del país, en el departamento de Putumayo. Desde este bello territorio amazónico la emblemática lideresa Jani Silva, presidenta de la Asociación para el Desarrollo Integral Sostenible Perla Amazónica (Adispa), defiende la paz, la vida, el territorio y su biodiversidad, lo que le ha costado numerosos desplazamientos forzados y graves amenazas. A Jani también le preocupa la falta de implementación del Acuerdo de Paz y, por ende, la reconfiguración del conflicto armado. “Como mujer y víctima del conflicto, veo con preocupación la agudización del conflicto, y los trabajos que hacemos desde el tema ambiental, con enfoque de género, se ven afectado por los enfrentamientos entre grupos”.
[videopress AgSrlQOp]La alta militarización de los territorios como única respuesta presentada hasta ahora por parte del Estado, además de las fuertes ofensivas como bombardeos y capturas mediáticas, distan mucho de cumplir con las reiteradas demandas de paz de las comunidades. Para salvaguardar la vida de la población civil y de las comunidades territoriales, para una paz total con enfoque territorial, se necesita escuchar las propuestas de los territorios, que claman por el fin de esta guerra. Más allá de los Acuerdos de Paz, urge un Acuerdo Humanitario Global.
PBI Colombia
[1] Comisión de Justicia y Paz: CartaAbierta 2 Salud, alimentación, agua URGENTE y respuesta a ACUERDO HUMANITARIO GLOBALCOVID19, 9 de abril de 2020. [2] El Tiempo: Iglesia pide al Estado actuar ante crisis humanitaria en Chocó y Antioquia, 19 de noviembre de 2021. [3] Noticias ONU: El llamado al alto el fuego mundial para ayudar a contener el coronavirus empieza a tener repercusión, 23 de marzo de 2020. [4] Protection International: Organizaciones Internacionales de Sociedad Civil respaldan el llamamiento al Acuerdo Humanitario Global de las Naciones Unidas y el llamado de Misión ONU Colombia por un cese al fuego y piden que se proteja la vida de todas las personas en condición de vulnerabilidad en medio de la pandemia, 3 de abril de 2020. [5] Somos Génesis: Carta Abierta 57, 26 de julio de 2022. [6] Indepaz: Informe de Masacres en Colombia durante el 2020 y 2021, 29 de noviembre de 2021. [7] El Espectador: En Colombia ha aumentado un 213% el desplazamiento forzado, 27 de octubre de 2021. [8] Somos Génesis: Carta Abierta 55, 15 de julio de 2022. [9] Frontline Defenders: Historia del Caso de Danilo Rueda. [10] El País: Danilo Rueda: Un defensor de derechos humanos será el comisionado para la Paz de Colombia, 26 de julio de 2022.