En este marco de acciones y de manera extraordinaria, nos permitimos realizar esta comunicación pública, frente a la grave crisis humanitaria y de desprotección que viven las comunidades actualmente en los territorios, lo que incluye los enfrentamientos entre actores armados ilegales1, las masivas amenazas de muerte2 y los desplazamientos forzados generalizados3 en las últimas semanas en diferentes regiones del país.
En las cuencas del Bajo Atrato, las comunidades étnicas acompañadas por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (Cijp) han perdido en menos de 12 días a dos de sus líderes más emblemáticos. El 8 de diciembre de 2017 fue asesinado el reclamante de tierra Hernán Bedoya, del territorio colectivo de Pedeguita Mancilla, igual que Mario Castaño Bravo, de La Larga Tumarandó, el 26 de noviembre pasado. Ambos eran reclamantes de tierras amenazados por sus denuncias frente a intereses económicos en sus territorios y por su resistencia frente al desplazamiento forzado.
Pronunciamiento Publico (PDF)
PBI ha acompañado a través de la Cijp estos procesos históricamente y ha hecho presencia internacional en la región del Bajo Atrato desde hace más de 20 años4. Además de lamentar profundamente el asesinato de ambos líderes, vemos los recientes hechos como un incremento alarmante en la situación de riesgo generalizado que viven las personas defensoras de derechos humanos; riesgo que consideramos aumenta en el periodo de fiestas de fin de año y en las campañas electorales debido a la poca atención que recibe esta problemática. A pesar de que los territorios de los dos líderes reclamantes de tierra se ubican en una región donde las Fuerzas Militares de Colombia ejercen un control, a través de una elevada presencia territorial, con diferentes operaciones militares5, no ha sido posible evitar dichos asesinatos. Por su parte, la presencia de las instituciones civiles del Estado es casi inexistente por la falta de garantías que las propias entidades subrayan6. En este contexto, nos encontramos en el terreno con retenes, grafitis y pasacalles con siglas de grupos armados ilegales, entre los cuales se encuentran las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)7. A pesar de que se alertó después del 27 de noviembre por parte de instancias nacionales e internacionales sobre el asesinato de Mario Castaño Bravo, en menos de dos semanas, un segundo líder reclamante de tierra es asesinado; todo esto a menos de media hora de camino de estaciones de la Policía y del Ejército adscrito a las Brigadas XV y XVII. PBI ve con profunda preocupación que, a pesar de las reiteradas alertas y recomendaciones durante todo el año de 2017 de múltiples organizaciones8, organismos internacionales y Estados9 y de altas Cortes nacionales e internacionales10, los avances que se están dando en materia de brindar garantías de prevención y protección por parte del Estado colombiano, son insuficientes y carecen de un enfoque territorial, diferencial y de género11, aparte de que se desconoce su implementación en los territorios. Considerando el alto número de asesinatos durante los últimos meses, constatamos en el terreno la ausencia de resultados efectivos a la hora de proteger la vida y la integridad de quienes son, de manera repetida, objeto de amenazas y agresiones. Es de público conocimiento que los Estados deben respetar, proteger, facilitar y promover la labor realizada por las personas defensoras de derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil, con el fin de que estos puedan actuar en defensa de sus derechos y los de su comunidad, en particular cuando son puestos en riesgo por actividades empresariales12. En este sentido, PBI insiste en la necesidad urgente de desmantelar las estructuras responsables de estos crímenes; incluyendo la investigación y el análisis detallado de la relación entre los intereses económicos de terceros y la restitución de tierras, y su convergencia con estructuras armadas ilegales, igual que la persistencia de rutas de narcotráfico. Si bien ha habido avances en algunos de los procesos jurídicos contra empresarios ligados al paramilitarismo en la región13, es imperativo que se avance con respecto al esclarecimiento de la totalidad de los casos en el Bajo Atrato, considerando la alta vulnerabilidad de las comunidades rurales. Sin una investigación eficaz y la sanción de los autores materiales e intelectuales de los ataques contra grupos y personas defensoras del territorio, no se asegurará la protección de los derechos y las garantías de no-repetición14.
Pronunciamiento Publico (PDF)
PBI ha acompañado a través de la Cijp estos procesos históricamente y ha hecho presencia internacional en la región del Bajo Atrato desde hace más de 20 años4. Además de lamentar profundamente el asesinato de ambos líderes, vemos los recientes hechos como un incremento alarmante en la situación de riesgo generalizado que viven las personas defensoras de derechos humanos; riesgo que consideramos aumenta en el periodo de fiestas de fin de año y en las campañas electorales debido a la poca atención que recibe esta problemática. A pesar de que los territorios de los dos líderes reclamantes de tierra se ubican en una región donde las Fuerzas Militares de Colombia ejercen un control, a través de una elevada presencia territorial, con diferentes operaciones militares5, no ha sido posible evitar dichos asesinatos. Por su parte, la presencia de las instituciones civiles del Estado es casi inexistente por la falta de garantías que las propias entidades subrayan6. En este contexto, nos encontramos en el terreno con retenes, grafitis y pasacalles con siglas de grupos armados ilegales, entre los cuales se encuentran las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)7. A pesar de que se alertó después del 27 de noviembre por parte de instancias nacionales e internacionales sobre el asesinato de Mario Castaño Bravo, en menos de dos semanas, un segundo líder reclamante de tierra es asesinado; todo esto a menos de media hora de camino de estaciones de la Policía y del Ejército adscrito a las Brigadas XV y XVII. PBI ve con profunda preocupación que, a pesar de las reiteradas alertas y recomendaciones durante todo el año de 2017 de múltiples organizaciones8, organismos internacionales y Estados9 y de altas Cortes nacionales e internacionales10, los avances que se están dando en materia de brindar garantías de prevención y protección por parte del Estado colombiano, son insuficientes y carecen de un enfoque territorial, diferencial y de género11, aparte de que se desconoce su implementación en los territorios. Considerando el alto número de asesinatos durante los últimos meses, constatamos en el terreno la ausencia de resultados efectivos a la hora de proteger la vida y la integridad de quienes son, de manera repetida, objeto de amenazas y agresiones. Es de público conocimiento que los Estados deben respetar, proteger, facilitar y promover la labor realizada por las personas defensoras de derechos humanos y otros miembros de la sociedad civil, con el fin de que estos puedan actuar en defensa de sus derechos y los de su comunidad, en particular cuando son puestos en riesgo por actividades empresariales12. En este sentido, PBI insiste en la necesidad urgente de desmantelar las estructuras responsables de estos crímenes; incluyendo la investigación y el análisis detallado de la relación entre los intereses económicos de terceros y la restitución de tierras, y su convergencia con estructuras armadas ilegales, igual que la persistencia de rutas de narcotráfico. Si bien ha habido avances en algunos de los procesos jurídicos contra empresarios ligados al paramilitarismo en la región13, es imperativo que se avance con respecto al esclarecimiento de la totalidad de los casos en el Bajo Atrato, considerando la alta vulnerabilidad de las comunidades rurales. Sin una investigación eficaz y la sanción de los autores materiales e intelectuales de los ataques contra grupos y personas defensoras del territorio, no se asegurará la protección de los derechos y las garantías de no-repetición14.
Por todo ello, desde PBI Colombia queremos solicitar a la Unión Europea, su Estados Miembros, Suiza, Noruega, Estados Unidos y Canadá a:
- Redoblar sus esfuerzos para contribuir a la protección de las personas defensoras de derechos humanos en Colombia, así como para apoyar y monitorear la implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC, en particular el Punto 3.4.
- Garantizar un mecanismo de atención de emergencias que opere de manera extraordinaria durante el periodo de fiestas de fin de año en 2017.
- Pronunciarse públicamente rechazando los asesinatos y demás agresiones a personas defensoras de derechos humanos y líderes comunitarios y realizar visitas a terreno a las mismas comunidades mencionadas en este comunicado.
- Realizar preguntas y recomendaciones orientadas a solicitar información sobre las medidas adoptadas por el Estado Colombiano para restablecer las garantías de seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas reclamantes de tierras al Estado Colombiano durante el próximo Examen Periódico Universal (EPU), previsto para mayo de 2018 y establecer mecanismos de monitoreo para exigir cumplimiento de las recomendaciones planteadas.
Asimismo, respetuosamente nos dirigimos al Gobierno y al Estado Colombiano a que:
- Se garantice un mecanismo de atención de emergencias que opere de manera extraordinaria durante el periodo de fiestas de fin de año en 2017.
- Se concierten de inmediato planes de prevención y protección con las comunidades afectadas y, en específico, con los consejos comunitarios de Curbaradó, Jiguamiandó, Cacarica, La Larga Tumaradó y Pedeguita y Mancilla, con especial énfasis en los 22 líderes y lideresas que están siendo amenazados por sus denuncias en contra de empresarios locales con vínculos con las élites políticas.
- Se realicen investigaciones rápidas e independientes que lleven a la identificación y sanción de los responsables, tanto materiales como, y sobre todo, intelectuales.
- Se publiquen los planes de trabajo desde la Comisión de Garantías de Seguridad y desde la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación para el desmantelamiento de estructuras sucesoras al paramilitarismo.
- Se extienda una invitación al Relator Especial de NNUU para las personas defensoras de derechos humanos, Michel Forst, a una visita oficial a Colombia al inicio de 2018.
PBI Colombia
Pies de página
1 Entre el Ejército de Liberación Nacional ELN, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC y otras estructuras armadas criminales.
2 La más reciente: Cijp: AGC asesinados sobre la vía hacia el caserío de Brisas, TC de Curvaradó, 9 de diciembre de 2017.
3 En 2017 el número de eventos de desplazamiento forzado se incrementó un 36% respecto a 2016. El Espectador: "La implementación de la paz no ha llegado": director del Consejo Noruego de Refugiados, 22 de noviembre de 2017.
4 Acompañando a la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (Cijp) y a través de ella a varias Zonas Humanitarias y de Biodiversidad del Bajo Atrato, además de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
5 Ver por ejemplo, Comando General Fuerzas Militares de Colombia: Plan Militar “Victoria” por una paz estable y duradera, 21 de febrero de 2017.
6 El Espectador: Defensor del Pueblo alertó sobre crisis humanitaria en Chocó, 13 de marzo de 2017. Nota de Seguimiento N° 004-17: Quinta Nota al Informe de Riesgo N° 031-09A.I., 27 de abril de 2017.
7 Ver imagen en Cijp: Avanza control territorial de las AGC, 29 de noviembre de 2017.
8 Indepaz, CCJ, Cinep: Panorama de violaciones al derecho a la vida, libertad e integridad de líderes sociales y defensores de derechos humanos en 2016 y primer semestre de 2017, octubre de 2017. Amnistía Internacional: Colombia: Gobierno no protege a población civil ni da respuesta a nuevas amenazas, 22 de noviembre de 2017. Colombia Plural: El obispo de Apartadó reprende al Estado por negar el paramilitarismo, 3 de febrero de 2017.
9 WRadio: UE advierte sobre necesidad de proteger a defensores de DD.HH. en Colombia, 7 de diciembre de 2017. OACNUDH: Iniciativa Embajadores con Defensores visita con ONU Derechos Humanos al Catatumbo, 15 de junio de 2017.
10 Corte Constitucional: Auto 504 de septiembre de 2017. El Espectador: Corte Constitucional advierte expansión de bandas criminales en el Chocó, 17 de julio de 2017. CIDH: CIDH condena asesinatos a defensoras y defensores de derechos humanos en la región, 7 de febrero de 2017.
11Ver por ejemplo Kroc Institute, Informe sobre el estado efectivo de implementación del acuerdo de paz en Colombia, noviembre 2017. Ambos reclamantes de tierra asesinados contaron con medidas de protección, o de las Cortes colombianas o de la Unidad Nacional de Protección, aparte de ser procesos emblemáticos en el marco de la Ley 1448, acompañados por el Gobierno de Colombia.
12 Fidh: Defender el territorio y el ambiente en contextos de actividad de empresa extractivas, octubre de 2017.
13 En 2014, un juzgado condenó a 16 empresarios tras comprobar que se aliaron con los paramilitares para desarrollar un proyecto agroindustrial de palma de aceite; en 2017 un Tribunal Superior condenó a diez años de cárcel al empresario Antonio Nel Zúñiga Caballero, por delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado e invasión del territorio colectivo de Curbaradó y Jiguamiandó. PBI: Un líder más asesinado en Urabá, 29 de noviembre de 2017.
14 OACNUDH: Informe Anual, 2016.