El proceso de paz con la guerrilla de las Farc ha traído esperanza, pero desde su desmovilización, otros grupos ilegales han copado los territorios, lo cual ha generado un nuevo ciclo de ataques contra comunidades, personas defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas sociales.
Uno de los eventos más esperados fue la entrega de 7.132 armas por parte de las Farc-EP, el 26 de junio de 2017[1]. Con éstas, quedan contabilizadas alrededor de 50.000 armas entregadas por parte de esta guerrilla, según confirmó posteriormente el presidente Santos[2]. En la presentación del informe al Consejo de Seguridad sobre la Misión de la ONU en Colombia, varios países miembros del Consejo dieron su apoyo al establecimiento de la segunda Misión solicitada, que está prevista para el mes de julio[3].
Por otro lado, poco han avanzado las negociaciones entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. En mayo las partes realizaron el segundo ciclo de conversaciones en Quito, Ecuador, en el cual trataron temas relacionados con la participación política de la sociedad en las negociaciones y acciones humanitarias para desescalar el conflicto[4].
Lo que actualmente más preocupación genera para las organizaciones defensoras de derechos humanos son los frecuentes ataques y asesinatos en contra de los líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos, y conectado con este fenómeno, el incremento de la visibilización de los grupos neoparamilitares en los territorios.
El discurso oficial del Gobierno de Colombia sobre las llamadas bandas criminales o grupos armados organizados (GAO) objeta en cuanto al uso de los términos “paramilitares” y/o “neoparamilitares”, con el argumento que son meramente amenazas del crimen organizado, relacionado con las actividades ilegales como el narcotráfico, por ejemplo[5].
No obstante, el informe del Centro de Investigación y Educación Popular Cinep, El paramilitarismo sí existe, demuestra que durante 2016 grupos neoparamilitares amenazaron a 395 personas, ejecutaron extrajudicialmente a 83, hirieron a 44, desaparecieron a nueve y torturaron a doce[6]. El Padre Javier Giraldo, investigador del Cinep y del Programa por la Paz, resume la situación en pocas palabras: “el peso del paramilitarismo es grave”[7]. Son en total 550 hechos victimizantes que se atribuyen a los neoparamilitares; además, por lo que reporta el Cinep, hubo otros 833 hechos que se atribuyen a actores no identificados.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos han reiterado que la importancia para el desmantelamiento de los grupos neoparamilitares reside en hacer frente a la problemática; la paz completa es “no Farc, no ELN, no paramilitares, no bandas criminales o el nombre que queremos dar, y no Fuerza Pública con actividades delictivas”, tal como manifestó el representante a la Cámara Alirio Uribe en el debate de control político del 17 de mayo[8]. El congresista destacó que “todavía hay una convivencia [entre militares y paramilitares] que se tiene que depurar y tiene que haber medidas ciertas y eficaces que permiten que todos los ciudadanos confíen en el Ejército y la Policía”[9].
La Defensoría del Pueblo reconoce que hay “una pretensión de los grupos armados ilegales por copar los espacios del territorio de los que se han retirado las Farc, para las economías ilegales que han sido combustible de la guerra en Colombia[10]”. Según el análisis de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Oacnudh, el 45% de los homicidios que se produjeron en 2016 y el 67% en el 2017, ocurrieron en zonas de donde salieron las Farc. Para ellos, es clave un buen funcionamiento de la justicia penal para la efectiva sanción de los homicidios y la transformación en las economías ilícitas y en el desarrollo rural[11].
El avance en la construcción de una agenda de protección es un paso importante, reconocen las ONG de derechos humanos, pero a la vez critican que el gobierno se niega a reconocer que hay una sistematicidad de asesinatos, lo cual es importante para que haya medidas eficaces para afrontar la situación[12].
Como medida inicial, el Procurador General de la Nación expidió el 14 de junio la directiva 002 de 2017 sobre lineamientos para la protección de los derechos de defensoras y defensores de derechos humanos. Esta busca articular las acciones del Ministerio Público en las regiones para adoptar medidas que contribuyan a una protección efectiva[13]. La directiva le recomienda al Gobierno la creación de un registro único sobre la vulneración de derechos a personas defensoras y líderes y lideresas sociales. De igual manera, anuncia la creación de un grupo de análisis e información sobre prevención y protección de personas defensoras de derechos humanos[14].
Igualmente, han sido conformados la Comisión Nacional de Seguridad y Garantías (con el decreto 154 de 2017)[15], el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política en pro del respeto de la dignidad humana (con el decreto 895 de 2017)[16]; sin embargo, se desconocen en la actualidad avances con respeto a posibles resultados de su implementación.
Gildardo Tuberquia[/caption]
James Ruíz con las fotos de Manuel y Samir Ruíz, asesinados en grupos neoparamilitares en 2012.[/caption]
Neoparamilitares toman el control territorial en Urabá
[caption id="attachment_2476" align="alignnone" width="1000"] Gildardo Tuberquia[/caption]
Amenaza de muerte contra líder de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, acompañado por PBI que denunció control neoparamilitar en audiencia en el Congreso Nacional
En la Audiencia Pública en la Comisión Segunda del Congreso[17] del 17 de mayo pasado con respecto a los crímenes contra líderes sociales y la presencia de grupos paramilitares en diferentes regiones de Colombia, Gildardo Tuberquía de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó denunció la presencia y movimientos de las Autodefensa Gaitanistas de Colombia (AGC) en múltiples veredas del corregimiento. Hizo especial énfasis en las amenazas proferidas y hostigamientos contra los miembros de la comunidad de paz y la connivencia entre la Brigada 17 y las AGC en la región. Estas denuncias, las escucharon los Viceministros de Interior y Defensa, delegados de la Presidencia, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría y diferentes miembros parlamentarios. A cuatro semanas de la Audiencia Pública, la Comunidad denunció múltiples amenazas de muerte contra Gildardo Tuberquía y otro miembro de la Comunidad de Paz, en particular, el 18 de junio en un retén de las AGC entre Mulatos y San José de Apartadó[18] y el 19 de junio en la vereda Mulatos Medio donde el grupo de los AGC patrulló por las viviendas de los campesinos manifestando que buscaban a Gildardo con el anuncio que “vinimos para quedarnos y no queremos sapos que informen sobre nuestra presencia en la zona[19]”. Pocos días después, la Comunidad advirtió sobre la presencia de un grupo de 30 neoparamilitares armados que patrullaban las montañas en los alrededores[20]. Para la Comunidad de Paz, que ha resistido en su territorio desde hace 20 años en medio de la violencia perpetrada por los actores armados, es evidente la expansión de las AGC cuyo incremento de movilizaciones y visibilizaciones vienen denunciando desde septiembre del año pasado.
Neoparamilitares en el Bajo Atrato
En la cuenca de Cacarica, La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (Cijp) y otras organizaciones denunciaron que hombres armados de las AGC obligaron a miembros de la Zona Humanitaria de Nueva Vida a asistir a una reunión el 5 de junio[21]. En esta cuenca, y desde principios del año, se han estado presentando operaciones de control y de cooptación social como el reclutamiento de niños y jóvenes, la organización de fiestas comunitarias como el día de la madre y la entrega de obsequios a las familias[22]. Según información de Cijp, el 5 de mayo se observaron 300 hombres armados y uniformados de las AGC en la quebrada La Mina y La Dominga, a dos horas caminando desde el resguardo indígena Emberá en Alto Guayabal (Jiguamiandó)[23]. En abril hubo una entrada de un número indeterminado de hombres, llevando brazaletes identificándoles con ser miembros de las AGC en el pueblo de Puerto Lleras, territorio colectivo del Jiguamiando que ofrecían $800,000 a quienes quieran trabajar con ellos. También recordaron que cubrirían las zonas dejadas por las Farc y ordenaron a la comunidad la siembra de coca[24]. Fuentes de inteligencia militar estiman que en el Urabá puede haber unos 1.300 combatientes armados de las AGC/Clan de Golfo, y el mismo número de colaboradores que se encargan de extorsiones, vacunas y drogas[25]. Según la revista Semana, ofrecen hasta un millón y medio por unirse a sus tropas y, además, ofrecen créditos para la siembra de coca[26]. [caption id="attachment_8361" align="alignnone" width="1200"] James Ruíz con las fotos de Manuel y Samir Ruíz, asesinados en grupos neoparamilitares en 2012.[/caption]
Reclamantes de tierra
Los reclamantes de tierra temen por sus vidas dado las amenazas y ejecuciones ejemplares para intimidar y generar zozobra. Según el Instituto Popular de Capacitación (IPC), desde el 2008 han sido asesinados 73 reclamantes de tierras en Urabá[27]. El reclamante de tierras Enrique Cabezas, recibió entre el 24 de junio y el 1 de julio amenazas de muerte[28]. Previamente, Cijp ha denunciado el asesinato de Duberney Gómez, hijo del reclamante de tierras, Rafael Truaquero, ocurrido el 31 de mayo por parte de las AGC[29] y el asesinato de Jeiler Chalá, líder afrodescendiente y miembro del consejo comunitario de Domingodó (Urabá chocoano), el 6 de abril[30]. Para la Defensoría del Pueblo, en la región del Bajo Atrato hay una reconfiguración del conflicto armado: hasta su desmovilización, el Frente 57 de las Farc operaba en Urabá. Desde finales de 2015 llegó la guerrilla del ELN; el grupo no había estado presente en esta zona durante las últimas dos décadas. A partir de 2014, centenares de combatientes de las AGC se agruparon también en la zona (Truandó y Salaqui) y desde 2015, la Defensoría del Pueblo ha alertado a las autoridades sobre su expansión. La disputa armada entre las AGC y el ELN por el control territorial también ha generado una crisis humanitaria. Tanto la Defensoría del Pueblo como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz han reportado continuamente reclutamiento, confinamiento, desplazamiento forzado, señalamientos y amenazas a líderes, reclamantes de tierra y autoridades étnicas[31].
Diez años de cárcel para empresario de palma en el Bajo Atrato
En medio de los movimientos de los grupos neoparamilitares sobresale una sentencia judicial del 30 de mayo de 2017: la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín condenó a diez años de cárcel al empresario Antonio Nel Zúñiga Caballero por delitos de concierto para delinquir agravadado, desplazamiento forzado e invasión de territorio del territorio colectivo de Curbaradó y Jiguamiandó[32]. Zúñiga Caballero era el accionista mayoritario de las empresas Urapalma y Palmura que pertenecían realmente al comandante paramilitar Vicente Castaño; éste concertó con Zúñiga Caballero el negocio palmero en diferentes regiones.PBI Colombia