No fue un lunes cualquiera ese 4 de marzo para las comunidades del Bajo Atrato, y en particular para la Zona Humanitaria (ZH) de Nueva Esperanza en Dios de la cuenca de Cacarica (Chocó). Al momento de cerrar su festival de la memoria por la conmemoración de los 22 años de la Operación Génesis, y el desplazamiento forzado de miles de personas del territorio que esta conllevó, recibieron por primera vez la visita de una autoridad judicial en su territorio: la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que llegó acompañada de dos comisionadas de la Comisión de la Verdad, y delegados de la Misión de Verificación de la ONU y de la MAPP-OEA.
Las personas de la delegación llegaron en horas de la mañana, viajando en helicóptero, y fueron recibidos por las y los habitantes de la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza, y de otras cuencas del Bajo Atrato que viajaron para participar a la audiencia. Ellos y ellas los recibieron con los cantos del himno “Óyeme Chocó, óyeme por favor, tú no tienes por qué estar sufriendo así…”. La emoción y esperanza de la población inundó el aire.
Se realizó una audiencia judicial donde se recogió el testimonio de personas que han sido víctimas del conflicto armado, de las diferentes operaciones militares y paramilitares que ocurrieron entre 1995 y 1997 en las diferentes cuencas del Bajo Atrato, y también de hechos violentos cometidos por la entonces guerrilla de las FARC-EP. Esta audiencia es la primera que se dio en un territorio rural, aislado e históricamente abandonado por el Estado, lo cual representa un momento histórico y simbólico que genera mucha esperanza para las comunidades del Bajo Atrato[1]. Lo que permite que los y las magistradas, a través de estos recorridos en los territorios, puedan recolectar más testimonios y ampliar el material necesario para sus análisis e investigaciones en la preparación de las audiencias de reconocimiento de los hechos, por ejemplo en el caso del sometimiento a la JEP del General (R) Rito Alejo del Rio[2] y para la investigación del caso 004 que aborda los hechos victimizantes que ocurrieron en los diferentes municipios de la región de Urabá entre 1985 y 2016[3].
[caption id="attachment_10838" align="alignnone" width="1200"]
Las magistradas de la JEP Nadiezda Narazha Henriquez y María Pilar Valencia y la comisionada de la Comisión de la Verdad Angela Salazar[/caption]
Para las comunidades del Bajo Atrato renace una esperanza de conocer la verdad detrás de los hechos que sufrieron, del porqué tuvieron que desplazarse forzadamente después de los bombardeos e incursiones paramilitares en sus territorios, de porqué fueron desaparecidos o asesinados sus seres queridos, y porqué aún no sienten que ha llegado la paz en sus territorios. La JEP permite que exista esa oportunidad de preguntar a los diferentes actores la verdad sobre los hechos victimizantes, y que las personas afectadas puedan ser escuchadas.
La Operación Genesis[4] que ocurrió entre el 24 y 27 de febrero de 1997 generó el desplazamiento forzado de más de 4000 personas, además de desapariciones y asesinatos de campesinos y campesinas de la zona. Las familias que se desplazaron se refugiaron en diferentes lugares, pero la mayoría vivieron unos tres años en el coliseo de Turbo (Antioquia), en condiciones inhumanas. Si bien hubo una sentencia de la CIDH condenando el Estado Colombiano[5], entre otros, por la desprotección de la población civil y violación de sus derechos humanos, y la condena del General retirado Rito Alejo del Rio por su papel en el asesinato del campesino Marino López[6], no la hubo por su responsabilidad, como comandante de la Brigada XVII, sobre todos los hechos ocurridos. Hubo condenas en el marco de la ley de Justicia y Paz, y la desmovilización del Bloque Elmer Cardenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)[7], pero no ha habido todavía una verdadera y profunda investigación judicial sobre las denuncias del papel de la Brigada XVII junto con las AUC en esta Operación militar/paramilitar.
Las personas lideresas del Cacarica, miembros de la organización Comunidades de Autodeterminación Vida y Dignidad (Cavida), tienen esas aspiraciones y también tienen sus corazones abiertos para la reconciliación. En esta audiencia propusieron unas ideas de penas alternativas, porque no creen en la cárcel como sanción. Como comentó una lideresa "cuando salen de la cárcel no se les ha curado el alma", por esta razón también se vincularon a la Universidad de Paz[8] que tiene como propósito la realización de actos de reconocimiento a través de, entre otros, encuentros entre "afectados/as y responsables" para que se abra el dialogo, para dar la oportunidad al perdón, a conocerse y reconciliarse, lo cual permitirá la adopción de esas sanciones restaurativas que proponen las comunidades.
Las personas de la delegación llegaron en horas de la mañana, viajando en helicóptero, y fueron recibidos por las y los habitantes de la Zona Humanitaria de Nueva Esperanza, y de otras cuencas del Bajo Atrato que viajaron para participar a la audiencia. Ellos y ellas los recibieron con los cantos del himno “Óyeme Chocó, óyeme por favor, tú no tienes por qué estar sufriendo así…”. La emoción y esperanza de la población inundó el aire.
Se realizó una audiencia judicial donde se recogió el testimonio de personas que han sido víctimas del conflicto armado, de las diferentes operaciones militares y paramilitares que ocurrieron entre 1995 y 1997 en las diferentes cuencas del Bajo Atrato, y también de hechos violentos cometidos por la entonces guerrilla de las FARC-EP. Esta audiencia es la primera que se dio en un territorio rural, aislado e históricamente abandonado por el Estado, lo cual representa un momento histórico y simbólico que genera mucha esperanza para las comunidades del Bajo Atrato[1]. Lo que permite que los y las magistradas, a través de estos recorridos en los territorios, puedan recolectar más testimonios y ampliar el material necesario para sus análisis e investigaciones en la preparación de las audiencias de reconocimiento de los hechos, por ejemplo en el caso del sometimiento a la JEP del General (R) Rito Alejo del Rio[2] y para la investigación del caso 004 que aborda los hechos victimizantes que ocurrieron en los diferentes municipios de la región de Urabá entre 1985 y 2016[3].
[caption id="attachment_10838" align="alignnone" width="1200"] Las magistradas de la JEP Nadiezda Narazha Henriquez y María Pilar Valencia y la comisionada de la Comisión de la Verdad Angela Salazar[/caption]
Para las comunidades del Bajo Atrato renace una esperanza de conocer la verdad detrás de los hechos que sufrieron, del porqué tuvieron que desplazarse forzadamente después de los bombardeos e incursiones paramilitares en sus territorios, de porqué fueron desaparecidos o asesinados sus seres queridos, y porqué aún no sienten que ha llegado la paz en sus territorios. La JEP permite que exista esa oportunidad de preguntar a los diferentes actores la verdad sobre los hechos victimizantes, y que las personas afectadas puedan ser escuchadas.
La Operación Genesis[4] que ocurrió entre el 24 y 27 de febrero de 1997 generó el desplazamiento forzado de más de 4000 personas, además de desapariciones y asesinatos de campesinos y campesinas de la zona. Las familias que se desplazaron se refugiaron en diferentes lugares, pero la mayoría vivieron unos tres años en el coliseo de Turbo (Antioquia), en condiciones inhumanas. Si bien hubo una sentencia de la CIDH condenando el Estado Colombiano[5], entre otros, por la desprotección de la población civil y violación de sus derechos humanos, y la condena del General retirado Rito Alejo del Rio por su papel en el asesinato del campesino Marino López[6], no la hubo por su responsabilidad, como comandante de la Brigada XVII, sobre todos los hechos ocurridos. Hubo condenas en el marco de la ley de Justicia y Paz, y la desmovilización del Bloque Elmer Cardenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)[7], pero no ha habido todavía una verdadera y profunda investigación judicial sobre las denuncias del papel de la Brigada XVII junto con las AUC en esta Operación militar/paramilitar.
Las personas lideresas del Cacarica, miembros de la organización Comunidades de Autodeterminación Vida y Dignidad (Cavida), tienen esas aspiraciones y también tienen sus corazones abiertos para la reconciliación. En esta audiencia propusieron unas ideas de penas alternativas, porque no creen en la cárcel como sanción. Como comentó una lideresa "cuando salen de la cárcel no se les ha curado el alma", por esta razón también se vincularon a la Universidad de Paz[8] que tiene como propósito la realización de actos de reconocimiento a través de, entre otros, encuentros entre "afectados/as y responsables" para que se abra el dialogo, para dar la oportunidad al perdón, a conocerse y reconciliarse, lo cual permitirá la adopción de esas sanciones restaurativas que proponen las comunidades.
Nathalie Bienfait
