En el Bajo Atrato, a caballo entre los departamentos de Antioquia y Chocó, el cerro “Careperro” o Jaika tuma, se erige como un lugar sagrado para el pueblo indígena embera eyabida, traducido como “habitantes de las montañas” [1]. El río Atrato, que recorre ambos departamentos y desemboca en el Caribe, está habitado por multitud de comunidades afrocolombianas, mestizas e indígenas, muchas de las cuales son acompañadas por la Comisión de Justicia y Paz (JyP), organización acompañada por PBI desde 1994. Entre estas últimas, a orillas del río Jiguamiandó -ramificación del Atrato- y en las inmediaciones del cerro Jaika Tuma, habitan ocho comunidades[2] del pueblo embera organizadas en el Resguardo Indígena Uradá-Jiguamiandó. Para ellas, el cerro es un lugar sagrado y fuente de vida, entre otras razones, porque es de donde obtienen el agua y los jaibaná –- médicos tradicionales– - se surten de plantas medicinales.

Históricamente, las comunidades étnicas de la región del Bajo Atrato han resistido a los intereses que diversos megaproyectos han tenido sobre sus territorios ancestrales. El actuar de industrias bananeras, palmeras y mineras, que contribuyó en el despojo de las tierras de las comunidades, ha tenido como denominador común el atropello de sus derechos ancestrales, la comisión de graves violaciones de derechos humanos e impactos medioambientales en sus territorios[3]. De hecho, algunas de estas empresas, que fueron una pieza más en el complejo engranaje del conflicto armado, han sido investigadas y, en ocasiones, condenadas por colaborar con grupos paramilitares en la región[4].

En medio de un contexto de alta injerencia armada que confluye con intereses extractivistas, Argemiro Bailarín, uno de los líderes emblemáticos del Resguardo Uradá-Jiguaminadó e integrante de la máxima autoridad indígena -el Cabildo Mayor-, ha recibido numerosas amenazas y ataques contra su vida[5]. El líder indígena es ampliamente conocido por su defensa del territorio, la paz y la protección de su cultura y cosmovisión. Precisamente por los riesgos que acarrea su resistencia pacífica, en 2019 fue “apadrinado” por la embajada de Irlanda, en el marco del programa #Defendamos la Vida[6], un plan de la Unión Europea para proteger a líderes en riesgo.

[caption id="attachment_13482" align="alignnone" width="4288"] Noviembre 2018 - Acompañamiento a Cijp en el Resguardo indigena del Alto Guayabal y Corredecito (Jiguamaiandó)[/caption]

Pero las amenazas y ataques no se dirigen solo hacia los líderes. Según Argemiro, las propias comunidades han sido históricamente afectadas por “la sistematicidad en la violación a los derechos humanos, la presencia de grupos armados ilegales y las operaciones extractivas que han perjudicado el territorio”[7]. Por ello, las comunidades del Resguardo Uradá-Jiguamiandó recibieron medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2010[8], medidas cautelares por parte de la Agencia de Restitución de Tierras en 2017[9], y medidas cautelares de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2019[10], por ser reconocidos como víctimas en el caso 004, que abarca las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del conflicto armado en la región del Urabá (que incluye a los habitantes del Resguardo). Sin embargo, las numerosas medidas de protección otorgadas a favor de las comunidades, no han evitado las graves violaciones de derechos humanos tales como: masacres, desapariciones forzadas, apropiación ilegal de tierras, violencia basada en género y violencia sexual.

A pesar del recrudecimiento del conflicto armado, las comunidades del Resguardo Urada-Jiguamiandó, siguen relacionándose con su entorno natural de manera armónica. El pueblo embera sabe que con la minería se dañan los acuíferos, se contamina el suelo, el agua, el aire y hay pérdida de biodiversidad; y, que todo ello, entraña un serio riesgo de desplazamiento y desarraigo cultural.

En el caso del cerro Jaika Tuma, investigaciones geológicas durante los años 70 ya comprobaron la gran variedad de riquezas naturales que contenía el cerro sagrado -rico en oro, cobre y otros minerales- y, desde entonces, varias empresas extranjeras han hecho ofertas al gobierno colombiano para su exploración y explotación[11]. A principios de 2005 se desarrolló el megaproyecto minero “Mandé Norte”, a partir del cual la Gobernación de Antioquia otorgó nueve títulos de exploración y explotación minera a la empresa multinacional canadiense Muriel Mining Corporation para la extracción de oro, cobre y molibdeno en 16.000 hectáreas de los departamentos de Antioquia (municipio de Murindó) y el Chocó (municipio de Carmen del Darién)[12]. Una parte significativa de la concesión minera incluía los Resguardos indígenas del pueblo embera y, por ende, el cerro sagrado.

Las actividades de la Muriel Mining Corporation, que comenzaron en 2009, generaron la férrea oposición de las comunidades ancestrales que se movilizaron en defensa de su territorio sagrado. De acuerdo con la Comisión de Justicia y Paz, las comunidades denunciaron en aquel momento que "el desarrollo de actividades de deforestación, extracción minera ilegal y siembra de coca por ocupantes de mala fe generaba el riesgo de un inminente desplazamiento"[13]. Por ello, interpusieron una acción de tutela en defensa de sus derechos y lograron que la Corte Constitucional ordenara suspender[14] la actividad minera. La sentencia T – 769 de 2009[15], promulgada por la Corte a favor de las comunidades, constataba las fallas graves en el proyecto, entre ellas, la ausencia total de consulta a varias comunidades, la suplantación de autoridades indígenas y negras en algunas etapas de la consulta y la falta de divulgación adecuada de información sobre el proyecto[16].

[caption id="attachment_13481" align="alignnone" width="4288"] Noviembre 2018 - Acompañamiento a Cijp en el Resguardo indigena del Alto Guayabal y Corredecito (Jiguamaiandó)[/caption]

Una década después, la Comisión de Justicia y Paz ha denunciado que el incremento de la disputa territorial y los recientes asesinatos y hostigamiento a la población civil en el Bajo Atrato ocurren mientras la empresa transnacional, Minera Cobre SAS, adelanta proyectos en la región. Tal y como han denunciado las propias comunidades[17], esta empresa, -que realizó un acuerdo en 2015 con la Muriel Mining Company y obtuvo la cesión de los títulos en cuestión- se encuentra actualmente tratando de cooptar a algunos de los líderes de la región para simular una consulta previa, con el riesgo de fracturar el tejido social interno, y así retomar las actividades extractivas en el cerro sagrado y territorios limítrofes.

Esto ocurre en medio de un escalamiento de las acciones bélicas en la región, tal y como ha alertado la Comisión de Justicia y Paz desde inicios de 2021. Actualmente, las comunidades étnicas se encuentran expuestas al control constante de hombres armados de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) -grupo sucesor del paramilitarismo- en pugna con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). En medio de una alta militarización, esta disputa por el control territorial ha provocado reiteradas violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, entre las que se encuentran: amenazas[18], torturas[19], secuestros[20], atentados con bombas[21], la siembra de minas antipersonales, el desplazamiento forzado[22], reclutamiento de menores y violencia sexual[23]. Sumado a estos graves hechos, el 16 de septiembre de 2021 fue asesinado Dilio Bailarín, líder embera del Resguardo Uradá-Jiguamiandó, lo que provocó que en las siguientes semanas más de 1.000 personas del Resguardo se declararan en confinamiento[24] y 12 familias se desplazaran forzadamente desde la comunidad de Coredocito al Resguardo Humanitario Alto Guayabal[25]. El asesinato del líder, aun no ha sido esclarecido por las autoridades del Chocó, departamento con un nivel de impunidad muy alto: en 2019 solo un 2% de los delitos llegó a etapa de investigación[26].

Es en este contexto la comunidad del Resguardo Uradá-Jiguamiandó tras reunirse en asamblea a finales del año pasado emitió un comunicado público en rechazo a la exploración y explotación minera[27]. El pueblo embera asegura contundentemente que “cualquier tipo de operación empresarial que se desarrolle en sus territorios estaría manchada con la sangre de las comunidades indígenas del Jiguamiandó que han sido víctimas de los actores armados en acciones que han generado desplazamientos, confinamientos, amenazas y asesinatos”[28]. El pueblo embera ha logrado soberanía alimentaria (necesaria, ya que no son tierras de fácil acceso), obtienen las plantas medicinales que necesitan para curarse, pescan en el río y protegen su habitat natural de la contaminación, siendo las comunidades las únicas protectoras del territorio.

Las comunidades, que mantienen una posición de respeto a su identidad, usos y costumbres, a la paz y al territorio, frente a proyectos que desconocen sus derechos, también solicitan un Acuerdo Humanitario Global[29] que implique el cese de las hostilidades y nuevos diálogos de paz con inclusión de los múltiples actores armados aún presentes en los territorios. Se hace urgente escuchar el llamado de más de 150 comunidades colombianas, entre ellas las comunidades alrededor del cerro Jaika Tuma, que junto con JyP, impulsan una propuesta de paz desde sus territorios. Tierra que protegen de los impactos ambientales en una apuesta por la paz, la soberanía indígena y en contra de la crisis ecológica.

PBI Colombia.

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