El Catatumbo, epicentro de la violencia sociopolítica y del conflicto armado durante décadas, abarca diez municipios del departamento del Norte de Santander, región fronteriza con Venezuela. La firma del Acuerdo de Paz en 2016 trajo consigo la esperanza de paz y de una vida digna posible para las comunidades. Sin embargo, la falta de su implementación integral no ha permitido abordar las causas estructurales del conflicto armado y ha dejado a las comunidades a merced de la degradación de la violencia. La Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (CCALCP), colectivo de mujeres abogadas y defensoras de derechos humanos con una trayectoria de 22 años en la defensa de los derechos humanos, es una de las organizaciones que acompaña a la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) y a comunidades campesinas del Catatumbo, a quienes representa desde el litigio estratégico para exigir el cumplimiento de los Acuerdos de Paz.
Según Julia Figueroa, presidenta del colectivo de abogadas, las comunidades campesinas del Catatumbo han visto sus derechos vulnerados por el incumplimiento de los Acuerdos de Paz y, en particular, por la crisis humanitaria y económica suscitada con el incumplimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) [1] estipulado en el punto 4 de los Acuerdos [2]. Específicamente, tal y como prevé el punto 4.1, el Gobierno se comprometió a poner en marcha el PNIS con el fin de generar condiciones materiales de bienestar y buen vivir para las comunidades que subsisten de los cultivos de uso ilícito. La población a la que representa CCALCP hace parte del primer plan piloto del PNIS que comenzó en 2017 en cuatro veredas del municipio de Tibú (Catatumbo) estas son: Caño Indio, Palmeras Mirador, Chiquinquirá y Progreso 2.
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Julia Figueroa, presidenta del colectivo de abogadas, se define como una mujer defensora de derechos humanos, parte de un colectivo de mujeres comprometidas, sensibles y cualificadas que, desde el ejercicio del derecho, buscan que se hagan efectivos los derechos humanos.[/caption]
No obstante, Julia Figueroa señala que las familias campesinas aún no han recibido los componentes necesarios para lograr alternativas y estabilidad para sus familias. No se ha avanzado con la formalización de la tierra y tampoco se han realizado las asambleas comunitarias para viabilizar el acceso a condiciones de bienestar y buen vivir de poblaciones con necesidades básicas insatisfechas. Las familias campesinas suscribieron los acuerdos con la expectativa de que con ello se les permitiría acceder a proyectos productivos que posibilitarían su tránsito a economías lícitas, así como al acceso de condiciones de vida dignas. Sin embargo, permanece la incertidumbre frente a la entrega de los compromisos faltantes, mientras las comunidades siguen siendo estigmatizadas y todavía no tienen alternativas viables de subsistencia.
En el 2018, CCALCP documentó retrasos de componentes prometidos a comunidades campesinas como beneficiarias del Programa de Sustitución, en atención a las denuncias de Ascamcat con relación al incumplimiento de los Acuerdos de Paz. “El 2018 ya era desalentador y estamos en el 2023”, lamenta la abogada Figueroa, “el tema de tierras no se ha resuelto, el tema de acompañamiento técnico no se ha resuelto, los modelos de intervención diferenciados no existen, la participación de las comunidades no está en la agenda de intervención”. Esto también confirma Ascamcat, organización que tiene una trayectoria de más de 15 años defendiendo los derechos humanos en la región del Catatumbo. Según la asociación campesina, “como se puede ver en la asistencia técnica, solo llevan el 78% de los 301 proyectos productivos, de los cuales solo se han llevado a cabo el 18%. Además, hay muchos cultivadores que manifiestan que no les ha llegado ni el primer rubro que les prometieron”.
Para el caso del plan piloto Caño Indio, a 2023, aún no se han entregado ni culminado los proyectos productivos. Por esta razón CCALCP, en julio de 2020, en conjunto con Ascamcat y la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) en Tibú, adelantaron una acción de tutela en representación de más de 200 personas y 60 familias campesinas de Tibú que subsistían del cultivo, recolección y transformación de la hoja de coca y quienes se inscribieron en el programa PNIS. Dicha tutela fue radicada en aras del cumplimiento del punto 1. Reforma Rural Integral, 3.4. Garantías de seguridad para comunidades y liderazgos social, y 4. Política Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, política pública dispuesta en los Acuerdos de Paz.
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CCALCP fue fundada en el 2001 en Bucaramanga, capital del departamento de Santander, en el nororiente colombiano. El colectivo de mujeres abogadas trabaja en la defensa de los derechos humanos desde las técnicas jurídicas y otras ramas profesionales para liderar, de una manera integral, acciones de litigio estratégico y generar transformaciones reales en la vida de las comunidades a las que la organización acompaña. CCALCP acompaña a Ascamcat desde el año 2006.[/caption]
En las primeras dos instancias judiciales se negaron las pretensiones de la tutela argumentando que era improcedente debido a que la implementación del PNIS “implica una articulación interinstitucional, por lo que deben ser dichas autoridades quienes revisen los avances en su implementación”. Lo que quiere decir que, debido a que las instituciones del Estado tienen la discrecionalidad en la implementación de la política pública, se está a merced de su voluntad política para revisar los avances y cumplir con la misma. Sin embargo, estas decisiones judiciales plantearon una oportunidad parcialmente favorable. Los operadores de justicia además de declarar la improcedencia de la tutela se pronunciaron de fondo frente al asunto dispuesto en el debate procesal. Y, para septiembre de 2020, lo ordenado en primera instancia se reiteró en segunda, instando a la Agencia de Renovación del Territorio -ART-, entidad encargada de administrar el PNIS, a realizar: una evaluación detallada del cumplimiento del programa, destinar presupuesto al cumplimiento del mismo, determinar un cronograma con plazos claros para las familias inscritas y, dentro de este proceso, tener en cuenta la participación de los directamente afectados, así como de organizaciones defensoras de derechos humanos, como los accionantes, CCALCP, Ascamcat y la Coccam (Tibú).
La CCALCP, en coadyuvancia con la facultad de derecho de la Universidad Francisco de Paula Santander- UFPS, la Ascamcat y presidentes de Junta de Acción Comunal de las veredas Caño Indio, Palmeras Mirador, Progreso 2 y Chiquinquirá (municipio de Tibú); presentaron escritos solicitando a la Corte Constitucional seleccionar para revisión la tutela del Norte de Santander. Logrando que el 26 de marzo de 2021 el Alto Tribunal seleccionara el expediente. La tutela que adelanta CCALCP en representación de las comunidades del Catatumbo se suma a otras dos tutelas presentadas por organizaciones campesinas en Cauca y Nariño (Pacífico Colombiano) que el Alto Tribunal, al considerar la relevancia constitucional, decidió estudiar en conjunto a partir de noviembre de 2021. Dicha decisión por parte de la Corte Constitucional es un logro especialmente importante, ya que presenta la posibilidad de decidir de fondo frente a la exigibilidad del cumplimiento del Acuerdo de Paz.
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En diciembre de 2021 CCALCP, acompañada por PBI, fue a Caño Indio a recabar testimonios de las familias campesinas a las que representa para llevar sus voces a la Corte Constitucional que está pidiendo información adicional sobre las víctimas.[/caption]
Por tanto, la Corte Constitucional decidió acumular las tutelas del Norte de Santander, Cauca y Nariño -apoyadas por CCALCP y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar)- y vincular a entidades del Estado y a terceros con interés legítimo en el proceso. Frente a esto último, brindó la posibilidad de que personas campesinas en condiciones de pobreza, quienes habitan territorios azotados por la violencia, pudiesen participar. Esto propició el escenario para que CCALCP, junto a Ascamcat y Coccam, convocaran a liderazgos sociales de municipios pertenecientes a la subregión del Catatumbo y del departamento de Norte de Santander, quienes en julio de 2022 presentaron a través de sus testimonios, las situaciones vivenciadas en Sardinata, Hacarí, San Calixto, El Zulia y zona rural de Cúcuta, en relación a la existencia de cultivos de uso ilícito, la voluntad para sustituir y las afectaciones generadas con la no implementación de la política de sustitución en sus territorios.
La expectativa de las comunidades con respecto a las tutelas es que se cumplan los acuerdos de sustitución y que la erradicación forzada sea una medida excepcional, tal y como prevé el Acuerdo de Paz. Precisamente en estas tres regiones ha habido múltiples operativos de erradicación forzada y vulneraciones a los derechos humanos productos de las confrontaciones entre quienes ejercen medidas militares contra campesinos que dependen de esta economía, pese a que se tenga voluntad para sustituir y mientras persisten denuncias frente a incumplimientos al Programa o no implementación de la Política de Sustitución en sus territorios. Julia Figueroa insiste en que lo más grave es que seis años después de la firma de los Acuerdos de Paz, aún persiste el conflicto armado, y que los riesgos siguen siendo muy altos para las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. Organizaciones que, como Ascamcat, defienden los Acuerdos de Paz desde el interior del Catatumbo "hoy son más amenazadas y son víctimas de múltiples modelos de ataques como señalamientos y atentados".
Sin embargo, CCALCP no pierde la esperanza. “Es un logro haber llevado la voz de la víctima a los jueces”, resalta Figueroa, “es el resultado primariamente de las comunidades mismas, porque son ellas quienes han querido estar en todo este accionar”. Son las voces de ellos y ellas, las voces de procesos organizativos que continúan como Ascamcat, en un camino largo y desgastante, persistiendo por la paz anhelada.
PBI Colombia
[1] En particular se destacan los retrasos y ausencia en la entrega de componentes, individuales y comunitarios prometidos y fundamentales para la efectividad del PNIS.
[2] Punto 4 del Acuerdo de Paz: Solución al problema de las drogas ilícitas. En el Punto 4 del Acuerdo de Paz se acordó un Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito –PNIS-, que se encuentra integrado a la Reforma Rural Integral contenida en el Punto 1, con el objetivo de Superar las condiciones de pobreza de las comunidades afectadas por los cultivos de uso ilícito; promover la sustitución voluntaria; generar oportunidades productivas y cierre de la frontera agrícola.