Colombia es uno de los países con los indicadores más altos de violencia contra la mujer en la región. La violencia sexual ha sido utilizada como un arma contra las mujeres, tanto dentro como fuera del contexto del conflicto armado; un crimen que en la mayoría de los casos queda impune. Históricamente, a las mujeres se les ha negado el acceso fundamental a mecanismos de justicia, títulos de propiedad y la posibilidad de participar políticamente, lo que implica que su situación de vulnerabilidad ha aumentado y muchas mujeres viven en la pobreza, con poca capacidad para mejorar sus condiciones de vida.
En este contexto, las mujeres que desafían abiertamente el inalterable patriarcado y los roles de género rígidamente prescritos, ejerciendo un importante liderazgo al interior de sus familias, comunidades y organizaciones, son estigmatizadas y excluidas. Michel Forst, Relator Especial de la ONU para la situación de los defensores de derechos humanos, declaró en el reciente informe presentado en julio de 2017 que “Las mujeres se encuentran a menudo al frente de la batalla por los derechos humanos, en parte debido a que han sido afectadas directamente por violaciones de derechos humanos y porque cuestionan el poder de las empresas y del patriarcado, profundamente arraigado”.
Los ataques contra las defensoras de derechos humanos han aumentado en Colombia, durante el año transcurrido desde la firma del Acuerdo de Paz. Desde el inicio del Proceso de Paz, año tras año se ha incrementado el porcentaje de feminicidios, con relación al número total de asesinatos. Según la organización Humanas, que trabaja en el tema de derechos humanos y justicia de género, entre el primero de diciembre de 2016 y abril 30 de 2017, fueron asesinados 34 defensores de derechos humanos, de los cuales 10 fueron mujeres. Desde 2012 hasta 2016, las agresiones contra las defensoras de derechos humanos aumentaron un 6%. Humanas afirma que actualmente las defensoras de derechos humanos están en mayor riesgo que los líderes LGBTI, líderes de procesos comunitarios locales, lideresas campesinas y líderes de víctimas.
A pesar de la naturaleza transversal del enfoque de género en los Acuerdos de Paz entre las Farc y el gobierno colombiano, su implementación en general ha sido lenta y según un informe reciente del Instituto Kroc, 59% de todos los elementos que tratan específicamente asuntos de género no se han empezado a implementar. Solamente el 6% de las 122 disposiciones del Acuerdo de Paz relativos a la igualdad de género han sido implementados completamente. El instituto Kroc señala los avances en la representación de mujeres en espacios creados por los Acuerdos de Paz, tales como el Grupo de Trabajo sobre Género y Paz, sin embargo solamente el 33% de los nombramientos realizados en el marco de la implementación del Proceso de Paz son mujeres. 53% de los magistrados en la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) son mujeres, lo cual es prometedor, sin embargo otras entidades tienen una representación mucho más baja, como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, donde de los 14 miembros que la integran solamente una es mujer.
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Julia Figueroa, Foto: Tom Laffay / Ccajar[/caption]
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Claudia Julieta Duque
Claudia Julieta Duque es una mujer, quien a pesar de vivir años de persecución debido a su labor valiente e intrépida como periodista de investigación, descubriendo escándalos de corrupción y estableciendo vínculos entre graves violaciones a los derechos humanos y entidades estatales, continúa luchando por la justicia. En sus 22 años como periodista, ha investigado e informado sobre asuntos relacionados con desaparición forzada, reclutamiento forzado de niños por parte de actores armados legales e ilegales, el impacto de la impunidad y el derecho a la justicia, y la infiltración de grupos paramilitares en agencias gubernamentales. Claudia es una de las periodistas que fueron ampliamente vigiladas por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de la presidencia. Un informe del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General, revela una serie de casos de espionaje y amenazas dirigidas a Claudia por parte del DAS. Estas revelaciones coinciden con informes que Claudia presentó a la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) durante los últimos años[1]. A partir de 2012, los tribunales colombianos condenaron a varios exmiembros del DAS por la tortura sicológica de la periodista Claudia Julieta Duque, su hija menor de edad y otros miembros de su familia. La tortura, que incluía amenazas de muerte y vigilancia constante de su casa y de miembros de su familia y amigos, empezó en 2001 luego que Claudia publicara los resultados de su investigación sobre el asesinato del humorista político Jaime Garzón, que tuvo lugar en 1999. El informe probó que agentes del DAS habían formado parte de un encubrimiento que buscaba desviar la investigación de la Fiscalía sobre el asesinato de Garzón. Es la primera vez que un caso de esta naturaleza se basa en los documentos de la agencia de inteligencia que cometió el crimen, demostrando el modus operandi de la administración de Álvaro Uribe contra los defensores de derechos humanos y periodistas. Esto lo convierte en un caso paradigmático en el que técnicas de contrainteligencia son usadas para el control político y social, por lo cual ha recibido atención a nivel nacional e internacional[2]. Recientemente la tortura psicológica contra Claudia ha sido declarada crimen de lesa humanidad. A través de los juicios Claudia ha seguido recibiendo amenazas y por lo tanto cuenta con medidas de protección específicas para que pueda seguir con su importante labor, a pesar del riesgo en el que continúa viviendo. PBI ha acompañado a Claudia desde 2010 y ha sido testigo de los continuos intentos de silenciarla, dada su actitud abiertamente crítica hacia el funcionamiento de varias entidades del Estado colombiano. Hemos visto la forma en que Claudia ha sido atacada y acusada de ser “una mujer histérica y paranoica”, usando estereotipos de género para desacreditar su trabajo y socavar la legitimidad de su testimonio como protagonista de su propio caso. Durante el juicio, Claudia ha tenido que contar varias veces la vivencia de su tortura frente a sus perpetradores, recordando cómo atacaron a su hija, identificándola como su punto débil tanto como madre, como defensora de los derechos humanos; cómo contactaron miembros de su familia y viejos amigos, y cómo eventualmente la presionaron tanto que se vio forzada a exiliarse junto con su hija. En varias ocasiones los perpetradores acusados de tortura han tenido la oportunidad de interrogar a Claudia durante los juicios, una idiosincrasia del sistema de justicia colombiano que se suma a las dinámicas de revictimización de los afectados, en los casos de violaciones a los derechos humanos. A pesar de la persecución constante y los intentos de “neutralizar” la amenaza que Claudia representa para el statu quo de una sociedad profundamente patriarcal, que rechaza la innovación, la crítica y los desafíos a los roles tradicionales de género, Claudia continúa siendo una fuerza imparable en el periodismo y en el progreso de su propio caso. Sin su determinación, convicción y profesionalismo, las muchas fuerzas que han estado en su contra hubieran sido suficientes para silenciarla, su caso hubiera permanecido en la impunidad y sus perpetradores habrían continuado reprimiendo a otras mujeres fuertes por denunciar y desafiar la injusticia. [caption id="attachment_9774" align="alignnone" width="1363"] Julia Figueroa, Foto: Tom Laffay / Ccajar[/caption]
Julia Figueroa
Julia es una mujer que exige respeto con su presencia digna y su actitud autoritaria. Es la presidenta del Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (Ccalcp) y un faro de esperanza para muchas comunidades de las regiones del Magdalena Medio, Santander y Norte de Santander. Su comportamiento feroz podría llevarte a pensar que es invencible, que nada podría romper su determinación para defender los derechos de los más vulnerables. Pero habiendo acompañado a Julia personalmente, siento que veo a través de su exterior el corazón de una mujer que es innegablemente fuerte y desafiante, pero al mismo tiempo muy consciente del riesgo que implica su labor. Julia, junto con sus colegas del Ccalcp, es una abogada comprometida con la aplicación del estado de derecho en los territorios tradicionalmente abandonados por el Estado, donde los intereses económicos siempre han anulado los derechos de las comunidades. Ella presenta acciones legales contra empresas que sistemáticamente han negado a las comunidades sus derechos constitucionales a ser consultados antes de iniciar un proyecto económico y a participar en su desarrollo. Julia es la voz de las poblaciones reprimidas, que solamente buscan permanecer en su territorio y ejercer su derecho a la autodeterminación. Al verla en acción dirigiéndose a multitudes de campesinos con palabras entusiastas que motivan e inspiran, o en talleres en los que diligentemente explica complejas partes de la legislación nacional sobre minas, a las comunidades en riesgo de ser desplazadas de sus tierras por proyectos económicos, siento admiración y orgullo de acompañarla y apoyarla en cualquier forma que pueda. Las comunidades la respetan y la admiran como líder y aliada. Por esta labor valiente y rara vez reconocida, Julia vive en un estado de constante vigilancia y paranoia debido a su experiencia en los últimos años de amenazas, persecución, intimidación y estigmatización. Julia ha sido acusada de ser una “mujer radical de izquierda” y continúa recibiendo amenazas a través de las redes sociales, relacionadas con su activismo y usando el hecho de que es una mujer en una posición de autoridad y con poder considerable, para debilitarla y tratar de silenciarla. Las abogadas del Ccalcp también han sido víctimas de la persecución sistemática, intimidación, chuzadas telefónicas, espionaje y vigilancia, por parte del DAS durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez[3]. Ccalcp ha presentado denuncias penales, relacionadas con las mencionadas violaciones, ante la Procuraduría General de la Nación, entes reguladores y el gobierno nacional. Hasta la fecha, Ccalcp no tiene conocimiento de ningún progreso significativo en cuanto a las investigaciones sobre las 43 quejas que ha presentado desde 2009[4]. En agosto de 2016, una investigación llevada a cabo por la Unidad Nacional de Protección consideró que Julia corría un “alto” riesgo y por lo tanto, le fue asignado un esquema de protección que comprende un carro blindado y dos guardaespaldas; a pesar de estas medidas, su nivel de riesgo no ha disminuido en gran medida[5]. Julia no considera que la presencia de dos hombres guardaespaldas a su lado sea una medida de protección, por el contrario, ha solicitado específicamente que sea aplicado un enfoque de género en la asignación de medidas de protección por la UNP, para que las mujeres con necesidades particulares sean tenidas en cuenta. A este respecto, Julia ha solicitado guardaespaldas femeninos, pero hasta ahora esta solicitud no se ha cumplido. Julia rebosa de gran cantidad de información, divertidas anécdotas e irónicos análisis. Es un privilegio estar en su compañía y pararse a su lado, mientras se enfrenta a los Goliat y defiende a los David. Ella ha sacrificado mucho por el trabajo que realiza, pero no lo habría hecho de otra manera. Su compromiso y solidaridad brillan victoriosos por encima de los desafíos y las dificultades que enfrenta. Una mujer inspiradora que nunca se rendirá en su lucha por la justicia social.Hannah Matthews