Entre 1996 y 1997 las comunidades del Bajo Atrato fueron víctimas de operaciones militares y paramilitares que causaron el desplazamiento masivo de más del 70% de la población[1], además de asesinatos, casos de tortura y desapariciones[2]. Después del desplazamiento, se fueron instalando en el territorio empresas bananeras y palmeras[3]. Actualmente, muchos de estos empresarios están siendo juzgados por su responsabilidad en el despojo y algunos ya han sido acusados por desplazamiento forzado e invasión de tierras de especial importancia ecológica[4].
En el año 2000, el entonces presidente Andrés Pastrana reconoció los títulos colectivos a las comunidades de Curbaradó y Jiguamiandó[5], de acuerdo con la Ley 70 de 1993. A partir de 2006, las comunidades despojadas comenzaron a retornar a sus territorios, y a exigir la devolución de sus tierras.
En 2010, cuando se iba a proceder a la entrega de las tierras a líderes a los que se acusaba de ser cercanos a los intereses empresariales y a desconocer los derechos de las comunidades, la Corte Constitucional colombiana emitió su primer Auto respecto a Curbaradó y Jiguamiandó, anulando el Consejo Mayor de Curbaradó por lo que consideró “falta de legitimidad”, suspendiendo la entrega de tierras y ordenando un censo de la población en las cuencas de Curbaradó y Jiguamiandó para elegir el Consejo Mayor de manera transparente y de acuerdo con las leyes[6].
En los años siguientes la Corte dictó varios Autos más que guiaban los pasos a tomar para realizar el censo, la Asamblea General y la devolución de las tierras. Ante la situación de riesgo, las múltiples amenazas y los asesinatos, la Corte llamó también a establecer planes de protección y prevención previos a la celebración de la Asamblea, el desalojo de los “ocupantes de mala fe”, es decir, que ocupan ilegalmente el territorio, que ponían en riesgo a las comunidades, y otros criterios a tomar en cuenta respecto a quién podía o no participar con voz y voto en la elección de sus representantes[7].
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Después de múltiples problemas y denuncias, de la no implementación de los planes de protección, y del no desalojo de los ocupantes de mala fe, el Ministerio de Interior convocó unilateralmente a la Asamblea General Eleccionaria en julio y agosto de 2016, donde fue escogido como Representante Legal del Consejo Comunitario del Río Curbaradó, Germán Antonio Marmolejo Rentería[8], el mismo que la Corte Constitucional en 2010 señaló que no había sido escogido legítimamente. Catorce comunidades, (de las 23 que hacen parte del territorio de Curbaradó), denunciaron haber sido excluidas de su derecho a voz y voto en la elección, y añadieron que la mayoría de las personas que pudieron votar fueron quienes no viven en el territorio y que el que fue elegido como representante legal Germán Marmolejo, continúa representando los intereses empresariales[9].
Ante esta situación, las 14 comunidades mencionadas celebraron su propia Asamblea y eligieron a su Consejo Mayor y representantes en julio de 2016.
Notas de pie:
[1] ColombiaLand.org: Justicia Evasiva. La lucha por la tierra y la vida en Curbaradó y Jiguamiandó, junio de 2013 [2] Cijp/Hands of theLand Alliance: Banacol, empresa implicada en paramilitarismo y acaparamiento de tierras en Curbaradó y Jiguamiandó, mayo de 2012 [3] Ibíd. [4] La Fiscalía General de la Nación, a partir de denuncias de miembros de las comunidades, que han sido objeto de amenazas, montajes judiciales y campañas de desprestigio, adelanta el proceso con el radicado 3856 por los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado e invasión de áreas de especial importancia ecológica contra empresarios, paramilitares y comisionistas de tierras, proceso que desde agosto de 2012 había llevado a la cárcel 16 empresarios, 11 se encuentran prófugos, 22 han sido llamados a juicio. Cijp: Condenan a dos empresarios por alianza con paramilitares en negocio de palma, 30 de julio de 2013; Cijp: Condena contra 16 empresarios, paramilitares y comisionistas de tierra responsables de provocar el desplazamiento forzado de comunidades negras de Curvaradó y Jiguamiandó, 3 de diciembre de 2014 [5] Incora: resolución 02809 y 02801, noviembre de 2000 [6] Corte Constitucional: Auto, 18 de mayo de 2010 [7] Corte Constitucional: Auto, 18 de mayo de 2010; Corte Constitucional: Auto, 384 del 10 de diciembre de 2010; Corte Constitucional, Auto 045, 7 de marzo de 2012; Corte Constitucional: Auto 112, 18 de mayo de 2012; Corte Constitucional: Auto 299, 18 de diciembre de 2012; Corte Constitucional: Auto 096, 17 de mayo de 2013 [8] MinInt: Se realizó elección de junta directiva y representante legal del consejo Comunitario del Río Curbaradó, 3 de agosto de 2016. [9] Contagio Radio: Mininterior impide participación de 14 comunidades en elección de Representante legal, 1 de agosto de 2016; Cijp: Por el derecho a la participación justa hacia la paz territorial, 31 de julio de 2016
*Fotografía de portada: Charlotte Kesl