El general Rito Alejo del Río recuperó su libertad ayer, 27 de septiembre, tras ser beneficiado por la Justicia Especial para la Paz (JEP). Del Río, conocido como el 'Pacificador' de Urabá, fue condenado a 25 años de prisión por uno de los atroces asesinatos cometidos por los paramilitares en su sangrienta toma del Urabá chocoano, en 1997.
Las comunidades afrodescendientes de la cuenca del río Cacarica, en el departamento del Chocó, no olvidan aquel mes de febrero de 97. Los paramilitares llegaron de la forma más cruel, capturaron al campesino Marino López, lo decapitaron y jugaron a fútbol con su cabeza delante de varios miembros de la comunidad. Una tropa del ejército se encontraba a unos cientos de metros del lugar.
Ayer, la organización Comunidades de Autodeterminación Vida y Dignidad (Cavida) del Cacarica envío un comunicado en el cual saluda “la disposición del General del Río a comparecer ante la JEP, un mecanismo inédito centrado en la verdad, que nos permitirá esclarecer a fondo, si es la voluntad de todos, lo que sucedió en la operación Génesis que generó nuestro desplazamiento, los responsables y beneficiarios que se encuentran ocultos”[1]. Cavida destaca que “esta será una oportunidad para acceder con la verdad no dicha ni reconocida, en procesos judiciales ordinarios que nos han distanciado entre colombianos, que han imposibilitado reconocer y reconocernos”.
Los hechos ocurrieron en el marco de la Operación Génesis, una operación que contó con la participación del ejército, la armada, la fuerza área y la policía nacional, en coordinación con grupos paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). La operación militar y paramilitar dejó como resultado más de 70 crímenes entre asesinatos y desapariciones forzadas[2]. Como consecuencia, alrededor de 3.500 personas de las 23 comunidades que constituyen la cuenca de Cacarica se vieron abocadas al desplazamiento forzado[3].
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Las comunidades afrodescendientes de la cuenca del río Cacarica, en el departamento del Chocó, no olvidan aquel mes de febrero de 97. Los paramilitares llegaron de la forma más cruel, capturaron al campesino Marino López, lo decapitaron y jugaron a fútbol con su cabeza delante de varios miembros de la comunidad.[/caption]
Quienes no huyeron a varias zonas de la región de Urabá o cruzaron la frontera a Panamá, quedaron hacinados en el coliseo del municipio de Turbo, donde vivieron durante tres años en condiciones extremas. Comían y dormían por turnos. Pero el camino de resistencia no había hecho más que comenzar, y los años en Turbo se convirtieron en el inicio de un largo proceso a partir del cual las comunidades desplazadas de Cacarica comenzaron a organizarse.
Con el apoyo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (Cijp) empezaron por constituir el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra. A finales de 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado imponer medidas cautelares a las personas desplazadas, con el fin de protegerlas de las amenazas, señalamientos y hostigamientos que recibían por parte de grupos paramilitares.
En 1999 crearon la organización Cavida. Negociaron con el gobierno de Andrés Pastrana, exigiendo condiciones para poder retornar al territorio, y trabajaron para que sus familiares que fueron desplazados a otros lugares fueran reubicados en Turbo para poder comenzar el retorno de forma conjunta.
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Foto: Charlotte Kesl[/caption]
Ese mismo año, realizaron una primera misión exploratoria al terreno, todavía controlado por los actores del conflicto armado, regresando al territorio de lo que más tarde sería la Zona Humanitaria de Nueva Vida. A pesar de que de la antigua comunidad no quedaban más que los restos de la iglesia y la escuela, limpiaron el terreno, recuperaron las semillas –arroz, yuca y maíz– y las sembraron para que, cuando la población regresara, la cosecha estuviera lista. Nacieron así las Zonas Humanitarias de Nueva Vida y Nueva Esperanza de Dios, como espacios colectivos protegidos para uso exclusivo de la población civil en zonas de conflicto, donde quedaba prohibido el ingreso de actores armados legales e ilegales. La zona Humanitaria de Nueva Vida fue la primera iniciativa de este tipo en Colombia.
En diciembre de 1999, tras un largo trabajo, lograron que el Estado reconociera a las comunidades de Cacarica con el título colectivo de 103.561 hectáreas de territorio. La concesión oficial del título se llevó a cabo en diciembre de 1999, en el coliseo de Turbo. Y finalmente, en el año 2000 pudieron retornar a Cacarica.
Varios años después, en septiembre de 2008, fue detenido el general Rito Alejo del Río, comandante de la Brigada XVII y responsable de la Operación Génesis, y cuatro años después la justicia colombiana le condenó a 25 años de prisión por los delitos cometidos. El 27 de diciembre de 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en el desplazamiento masivo de 1997, en la falta de protección a la población de Cacarica, en su colaboración con grupos paramilitares y en el asesinato de Marino López. El Estado fue obligado a otorgar mecanismos de protección, restitución y reparación para la población de Cacarica.
A pesar de la sentencia y los logros conseguidos, las comunidades sienten que las políticas de implementación de mecanismos de seguridad no han llegado. A día de hoy, la población continúa recibiendo amenazas, agresiones, seguimientos, vigilancias y difamaciones. Y es que sobre la Cuenca de Cacarica confluyen una gran cantidad de intereses económicos y geopolíticos. Situada en una zona fronteriza de gran biodiversidad entre el Océano Pacífico y el Mar Caribe, las comunidades de esta cuenca se enfrentan a los intereses de actores paramilitares, de empresas nacionales y trasnacionales, y del Estado.
En febrero de 2017, a 20 años del desplazamiento forzoso, las comunidades de Cacarica se reunieron de nuevo para conmemorar su proceso de lucha y resistencia. Así lo relataba Marco Fidel Velásquez, integrante de la organización Cavida, en una entrevista: “Conmemoramos estos 20 años de haber sido desplazados, pero también son 20 años de forjar una resistencia en medio de tanta adversidad. Son dos décadas de mucho dolor, pero tenemos la esperanza de que algún día tendremos alegría. Son 20 años de mucha impunidad, pero tenemos la esperanza de que algún día se haga justicia. Son 20 años de mucha miseria, pero esperamos que un día el Gobierno nos escuche y no le estamos pidiendo limosna, estamos exigiendo lo que merecemos, lo que es nuestro, lo que en un momento se nos arrebató. Queremos que nos lo devuelva, y no que nos lo devuelvan todo, sino que nos devuelva una posibilidad para reconstruir lo que hemos perdido[4]”.
Las comunidades afrodescendientes de la cuenca del río Cacarica, en el departamento del Chocó, no olvidan aquel mes de febrero de 97. Los paramilitares llegaron de la forma más cruel, capturaron al campesino Marino López, lo decapitaron y jugaron a fútbol con su cabeza delante de varios miembros de la comunidad.[/caption]
Quienes no huyeron a varias zonas de la región de Urabá o cruzaron la frontera a Panamá, quedaron hacinados en el coliseo del municipio de Turbo, donde vivieron durante tres años en condiciones extremas. Comían y dormían por turnos. Pero el camino de resistencia no había hecho más que comenzar, y los años en Turbo se convirtieron en el inicio de un largo proceso a partir del cual las comunidades desplazadas de Cacarica comenzaron a organizarse.
Con el apoyo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (Cijp) empezaron por constituir el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra. A finales de 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado imponer medidas cautelares a las personas desplazadas, con el fin de protegerlas de las amenazas, señalamientos y hostigamientos que recibían por parte de grupos paramilitares.
En 1999 crearon la organización Cavida. Negociaron con el gobierno de Andrés Pastrana, exigiendo condiciones para poder retornar al territorio, y trabajaron para que sus familiares que fueron desplazados a otros lugares fueran reubicados en Turbo para poder comenzar el retorno de forma conjunta.
[caption id="attachment_490" align="alignnone" width="1200"] Foto: Charlotte Kesl[/caption]
Ese mismo año, realizaron una primera misión exploratoria al terreno, todavía controlado por los actores del conflicto armado, regresando al territorio de lo que más tarde sería la Zona Humanitaria de Nueva Vida. A pesar de que de la antigua comunidad no quedaban más que los restos de la iglesia y la escuela, limpiaron el terreno, recuperaron las semillas –arroz, yuca y maíz– y las sembraron para que, cuando la población regresara, la cosecha estuviera lista. Nacieron así las Zonas Humanitarias de Nueva Vida y Nueva Esperanza de Dios, como espacios colectivos protegidos para uso exclusivo de la población civil en zonas de conflicto, donde quedaba prohibido el ingreso de actores armados legales e ilegales. La zona Humanitaria de Nueva Vida fue la primera iniciativa de este tipo en Colombia.
En diciembre de 1999, tras un largo trabajo, lograron que el Estado reconociera a las comunidades de Cacarica con el título colectivo de 103.561 hectáreas de territorio. La concesión oficial del título se llevó a cabo en diciembre de 1999, en el coliseo de Turbo. Y finalmente, en el año 2000 pudieron retornar a Cacarica.
Varios años después, en septiembre de 2008, fue detenido el general Rito Alejo del Río, comandante de la Brigada XVII y responsable de la Operación Génesis, y cuatro años después la justicia colombiana le condenó a 25 años de prisión por los delitos cometidos. El 27 de diciembre de 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por su responsabilidad en el desplazamiento masivo de 1997, en la falta de protección a la población de Cacarica, en su colaboración con grupos paramilitares y en el asesinato de Marino López. El Estado fue obligado a otorgar mecanismos de protección, restitución y reparación para la población de Cacarica.
A pesar de la sentencia y los logros conseguidos, las comunidades sienten que las políticas de implementación de mecanismos de seguridad no han llegado. A día de hoy, la población continúa recibiendo amenazas, agresiones, seguimientos, vigilancias y difamaciones. Y es que sobre la Cuenca de Cacarica confluyen una gran cantidad de intereses económicos y geopolíticos. Situada en una zona fronteriza de gran biodiversidad entre el Océano Pacífico y el Mar Caribe, las comunidades de esta cuenca se enfrentan a los intereses de actores paramilitares, de empresas nacionales y trasnacionales, y del Estado.
En febrero de 2017, a 20 años del desplazamiento forzoso, las comunidades de Cacarica se reunieron de nuevo para conmemorar su proceso de lucha y resistencia. Así lo relataba Marco Fidel Velásquez, integrante de la organización Cavida, en una entrevista: “Conmemoramos estos 20 años de haber sido desplazados, pero también son 20 años de forjar una resistencia en medio de tanta adversidad. Son dos décadas de mucho dolor, pero tenemos la esperanza de que algún día tendremos alegría. Son 20 años de mucha impunidad, pero tenemos la esperanza de que algún día se haga justicia. Son 20 años de mucha miseria, pero esperamos que un día el Gobierno nos escuche y no le estamos pidiendo limosna, estamos exigiendo lo que merecemos, lo que es nuestro, lo que en un momento se nos arrebató. Queremos que nos lo devuelva, y no que nos lo devuelvan todo, sino que nos devuelva una posibilidad para reconstruir lo que hemos perdido[4]”.