Subimos las últimas marchas antes de llegar al punto de encuentro, en Dagua, las mochilas llenas de material para un par de días y el corazón de ilusión. Hoy es el retorno oficial de la comunidad Wounaan Nonam a su Resguardo Santa Rosa de Guayacán, en el Bajo Calima, Valle del Cauca. Descubrimos una multitud en la plaza frente a la iglesia, todas las familias están esperando los últimos preparativos, con la presencia de la policía y de varias otras instituciones. En compañía de la Comisión de Justicia y Paz (JyP), acompañada por PBI, y que apoyó a la comunidad junto a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) para su proceso de retorno (fuente), saludamos al Gobernador de la comunidad y, rápidamente, colgamos nuestras banderas en las chivas ya cargadas y a punto de salir.
Apenas un par de minutos después, las chivas arrancan en medio de los gritos de alegría de la comunidad. Rumbo, el puerto de Calima, donde cargarán las lanchas.
A la hora del atardecer, la última lancha llega finalmente al resguardo bajo las aclamaciones de toda la comunidad ya instalando su campo para la noche. Este año, por fin, toda la comunidad podrá celebrar las festividades de fin de año en casa.
Desde su último desplazamiento en 2021, la comunidad Wounaan nunca ha dejado de intentar volver a su territorio. Tras esta salida forzada por amenazas (fuente) y operaciones contra-insurgentes (fuente) de las AGC contra el ELN (fuente), se quedaron seis meses en Buenaventura, en fuertes condiciones de hacinamiento,
insalubridad e inseguridad (fuente); hasta que la diócesis de Cali encontrara un lugar para ellos en Dagua. Allí vivieron hasta diciembre de 2023 (fuente).
Cabe recordar que el plan de retorno de la comunidad viene a raíz de algunos elementos: en diciembre de 2022, durante la primera mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el ELN, se acordó un
eje humanitario que cree “refugios libres de actores armados donde pueda salvaguardarse la población […] y garantice el retorno de desplazados” a partir de enero de 2023 y con prioridad para el Bajo Calima (Valle del Cauca) y el Medio San Juan (Chocó)” (fuente). En línea con este acuerdo parcial, la política de Paz total del gobierno colombiano busca retomar los puntos del Acuerdo Final de 2016 que prestan “especial atención a los derechos fundamentales […] de los grupos sociales vulnerables como son los pueblos indígenas, y […] de los desplazados por razones del conflicto” (fuente). En este contexto, la OACP, que tiene por mandato asesorar, liderar, coordinar y participar en la formulación y el desarrollo de la
política de paz (fuente), da prioridad al retorno de esta comunidad antes de fin de año (fuente); dando esperanza para que este caso posibilite otros retornos exitosos de otras comunidades hermanas indígenas y negras del Calima, Bajo Calima y San Juan. (fuente)
Sin embargo, a lo largo de este proceso, el camino ha sido largo y sigue siendo sembrado de escollos. Según el Decreto Ley 4635 de 2011, y de conformidad con los Principios Rectores de los desplazamientos internos de las Naciones unidas (fuente), el Estado tiene la responsabilidad de garantizar “las condiciones para el retorno a los territorios de las comunidades […] en condiciones de seguridad, voluntariedad y dignidad” (fuente). La voluntad de construir la paz en medio de un conflicto armado que todavía no se ha terminado se enfrenta a la complejidad de cumplir estos criterios en un contexto volátil. Si la voluntad de la comunidad se ha manifestado a través de una firme determinación, la seguridad del territorio sigue frágil por ser una zona de tránsito de los grupos armados y por la falta de condiciones dignas de las viviendas del resguardo.
Así, ante la falta de asistencia institucional para la comunidad (fuente), la JyP la apoya al presentar una tutela que llega a una sentencia del juez de restitución de tierras, el 13 de febrero de 2023 (fuente), en la que se reconoce la calidad de víctima del conflicto armado interno a la Comunidad Wounaan Nonam, y se ordena dar seguimiento e implementar planes correspondiendo a la labor de cada institución. Más precisamente, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Unidad de Víctimas (UARIV), la Dirección de Consulta previa del Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección (UNP), y también la Procuraduría, la Defensoría, la Personería Buenaventura, la Unidad de Restitución de Tierras (UAEGRTD) y el Bienestar Familiar (ICBF) tienen que cumplir sus metas en un plazo de pocos meses con la perspectiva de fortalecer las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la comunidad el 3 de junio de 2011 (fuente). Según esta misma sentencia de 2023, la fuerza pública que tiene jurisdicción en la zona, entre otras, la Brigada de Infantería de Marina No. 2 y el Batallón Fluvial No. 24, tendrán que brindar seguridad y vigilancia, en acuerdo con las autoridades de la Comunidad Wounaan. Por último, los ministerios del Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Salud, de Vivienda y de Educación tendrán que coordinarse con la comunidad para asegurar su desarrollo sostenible (fuente).
Sin embargo, en una inspección in situ al resguardo el 4 de julio de 2023, el mismo juez de restitución de tierras observó que ninguna de las instituciones implicadas había cumplido con los compromisos
ordenados (fuente). De hecho, el plan de retorno colectivo de las familias fue diseñado por ellas mismas sin más ayuda que el apoyo de JyP (fuente). Todo ello en un territorio en el cual la institucionalidad se observa casi exclusivamente por la presencia de la fuerza pública. A pesar de que varias de las instituciones civiles mencionadas en la sentencia generaron una fuerte atención mediática alrededor del evento, las familias comentan que todavía están esperando que el Estado cumpla sus deberes al respecto. Su seguridad alimentaria aún no está asegurada y todavía les faltan siete meses de mercado hasta que puedan cosechar los frutos de sus siembras y plantaciones.
En 2023, la comunidad Wounaan pudo celebrar las festividades de fin de año en su tierra, con toda la alegría y la esperanza de poder volver a permanecer en su territorio definitivamente. Con las
preocupaciones ante la situación crítica en la que todavía se encuentran, esperamos que este éxito se siga concretando a lo largo de este año con todo el debido acompañamiento del Estado. JyP seguirá observando los avances y visibilizando las necesidades de las familias para su vida y su seguridad, contando con el acompañamiento y la observación internacional de PBI.
A la hora del atardecer, la última lancha llega finalmente al resguardo bajo las aclamaciones de toda la comunidad ya instalando su campo para la noche. Este año, por fin, toda la comunidad podrá celebrar las festividades de fin de año en casa.
Desde su último desplazamiento en 2021, la comunidad Wounaan nunca ha dejado de intentar volver a su territorio. Tras esta salida forzada por amenazas (fuente) y operaciones contra-insurgentes (fuente) de las AGC contra el ELN (fuente), se quedaron seis meses en Buenaventura, en fuertes condiciones de hacinamiento,
insalubridad e inseguridad (fuente); hasta que la diócesis de Cali encontrara un lugar para ellos en Dagua. Allí vivieron hasta diciembre de 2023 (fuente).
Cabe recordar que el plan de retorno de la comunidad viene a raíz de algunos elementos: en diciembre de 2022, durante la primera mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el ELN, se acordó un
eje humanitario que cree “refugios libres de actores armados donde pueda salvaguardarse la población […] y garantice el retorno de desplazados” a partir de enero de 2023 y con prioridad para el Bajo Calima (Valle del Cauca) y el Medio San Juan (Chocó)” (fuente). En línea con este acuerdo parcial, la política de Paz total del gobierno colombiano busca retomar los puntos del Acuerdo Final de 2016 que prestan “especial atención a los derechos fundamentales […] de los grupos sociales vulnerables como son los pueblos indígenas, y […] de los desplazados por razones del conflicto” (fuente). En este contexto, la OACP, que tiene por mandato asesorar, liderar, coordinar y participar en la formulación y el desarrollo de la
política de paz (fuente), da prioridad al retorno de esta comunidad antes de fin de año (fuente); dando esperanza para que este caso posibilite otros retornos exitosos de otras comunidades hermanas indígenas y negras del Calima, Bajo Calima y San Juan. (fuente)
Sin embargo, a lo largo de este proceso, el camino ha sido largo y sigue siendo sembrado de escollos. Según el Decreto Ley 4635 de 2011, y de conformidad con los Principios Rectores de los desplazamientos internos de las Naciones unidas (fuente), el Estado tiene la responsabilidad de garantizar “las condiciones para el retorno a los territorios de las comunidades […] en condiciones de seguridad, voluntariedad y dignidad” (fuente). La voluntad de construir la paz en medio de un conflicto armado que todavía no se ha terminado se enfrenta a la complejidad de cumplir estos criterios en un contexto volátil. Si la voluntad de la comunidad se ha manifestado a través de una firme determinación, la seguridad del territorio sigue frágil por ser una zona de tránsito de los grupos armados y por la falta de condiciones dignas de las viviendas del resguardo.
Así, ante la falta de asistencia institucional para la comunidad (fuente), la JyP la apoya al presentar una tutela que llega a una sentencia del juez de restitución de tierras, el 13 de febrero de 2023 (fuente), en la que se reconoce la calidad de víctima del conflicto armado interno a la Comunidad Wounaan Nonam, y se ordena dar seguimiento e implementar planes correspondiendo a la labor de cada institución. Más precisamente, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Unidad de Víctimas (UARIV), la Dirección de Consulta previa del Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección (UNP), y también la Procuraduría, la Defensoría, la Personería Buenaventura, la Unidad de Restitución de Tierras (UAEGRTD) y el Bienestar Familiar (ICBF) tienen que cumplir sus metas en un plazo de pocos meses con la perspectiva de fortalecer las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la comunidad el 3 de junio de 2011 (fuente). Según esta misma sentencia de 2023, la fuerza pública que tiene jurisdicción en la zona, entre otras, la Brigada de Infantería de Marina No. 2 y el Batallón Fluvial No. 24, tendrán que brindar seguridad y vigilancia, en acuerdo con las autoridades de la Comunidad Wounaan. Por último, los ministerios del Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Salud, de Vivienda y de Educación tendrán que coordinarse con la comunidad para asegurar su desarrollo sostenible (fuente).
Sin embargo, en una inspección in situ al resguardo el 4 de julio de 2023, el mismo juez de restitución de tierras observó que ninguna de las instituciones implicadas había cumplido con los compromisos
ordenados (fuente). De hecho, el plan de retorno colectivo de las familias fue diseñado por ellas mismas sin más ayuda que el apoyo de JyP (fuente). Todo ello en un territorio en el cual la institucionalidad se observa casi exclusivamente por la presencia de la fuerza pública. A pesar de que varias de las instituciones civiles mencionadas en la sentencia generaron una fuerte atención mediática alrededor del evento, las familias comentan que todavía están esperando que el Estado cumpla sus deberes al respecto. Su seguridad alimentaria aún no está asegurada y todavía les faltan siete meses de mercado hasta que puedan cosechar los frutos de sus siembras y plantaciones.
En 2023, la comunidad Wounaan pudo celebrar las festividades de fin de año en su tierra, con toda la alegría y la esperanza de poder volver a permanecer en su territorio definitivamente. Con las
preocupaciones ante la situación crítica en la que todavía se encuentran, esperamos que este éxito se siga concretando a lo largo de este año con todo el debido acompañamiento del Estado. JyP seguirá observando los avances y visibilizando las necesidades de las familias para su vida y su seguridad, contando con el acompañamiento y la observación internacional de PBI.