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Ejecuciones extrajudiciales en la Zona de Reserva Campesina

Según la Acvc, en la ZRC del Valle del Río Cimitarra ha habido 18 casos de ejecuciones extrajudiciales[1]. En un primer momento la mayoría de los casos fueron asignados a la justicia penal militar, pero finalmente fueron trasladados a la justicia ordinaria, especialmente a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía[2].

El fortalecimiento de la economía campesina: una apuesta de la Zona de Reserva Campesina

*Segunda parte de la entrevista a Yenly Méndez, defensora de derechos humanos que trabaja con la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (Acvc) - Lea la primera parte aquí PBI: ¿Cuántas ZRC existen en Colombia? YENLY: Reconocidas por el Estado, en la actualidad, son seis. Estas zonas fueron reconocidas entre 1996 y 2002.

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Las Zonas de Reserva Campesina: un escenario de Proceso de Paz

* Entrevista a Yenly Méndez, defensora de derechos humanos que trabaja con la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (Acvc). PBI: ¿Qué es una Zona de Reserva Campesina? YENLY: La Zona de Reserva Campesina (ZRC) es una figura jurídica que pretende el reconocimiento de los territorios campesinos, que son territorios en los que las comunidades se han asentado en la mayoría de los casos como producto de procesos de colonización.

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Casos de ejecuciones extrajudiciales asumidos por CJL

La Corporación Jurídica Libertad (CJL) representa a los familiares de víctimas, de aproximadamente 60 casos de ejecuciones extrajudiciales, que involucran la responsabilidad de integrantes de la Fuerza Pública, la mayoría ocurridos en el oriente antioqueño[1]. Según CJL, “en Antioquia entre el periódo de 2002 y 2010 se registraron 1050 casos de Ejecuciones Extrajudiciales.

La defensa de los derechos humanos, una actividad de alto riesgo en Colombia: Otras peticiones

El desmonte de los grupos neoparamilitares que continúan siendo los principales agresores en contra de las personas defensoras de derechos humanos[1]; y el avance de las investigaciones sobre agresiones cometidas contra este colectivo cuya tasa de impunidad es del 100% en relación a las amenazas y del 95% en torno a los asesinatos[2]; son dos de las medidas políticas principales reclamadas año a año por el movimiento social colombiano. Otro tipo de medidas políticas de protección son, por ejemplo, las propues

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La defensa de los derechos humanos, una actividad de alto riesgo en Colombia: Interceptaciones ilegales de comunicaciones

En los primeros días de febrero de 2014, volvió a denunciarse en Colombia la existencia de un centro ilegal de inteligencia en el que se estaban infiltrando las comunicaciones de los miembros de las delegaciones negociadoras en La Habana, organizaciones de derechos humanos, políticos y periodistas, entre otros[1].