Hace 15 años, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución 1325, una resolución histórica que estableció la llamada ‘Agenda Mujeres, Paz y Seguridad’, que reconoció a las mujeres como agentes de cambio en la prevención y resolución de conflictos y el impacto diferencial que producen los conflictos en las mujeres, y subrayó la necesidad de incluir a las mujeres en todos los aspectos de los procesos de paz. El impulso y la atención generado por la resolución, además de lo fomentando por la resolución 2242 de 2015 que dio seguimiento a la 1325, probablemente fue instrumental

Mujeres, indígenas, afrodescendientes citadinas, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas, mayores, las que están naciendo, las que se han ido ya… !en fin!, todas las mujeres en países como Colombia han recibido algún tipo de violencia.  Esa violencia histórica, estructural ha dejado marcas, cicatrices en las mujeres; para muchas ha sido normal, para su entorno incluso ha sido y, hoy en día es invisible, es parte natural de lo cotidiano. Mujeres que han defendido por siempre la vida, la de sus hijos, la de sus parejas, de sus familias.

Señor Presidente, Peace Brigades International y Oidhaco saludan la presentación del informe sobre Derechos Humanos en Colombia y reiteran la importancia de la permanencia de la Oficina en Colombia, y de este importante espacio de dialogo. Lea la declaración aquí  Transmisión en video (en inglés)  

Sin lugar a dudas, Olga Silva es una dedicada luchadora social, con genuinas convicciones entorno a la defensa de los derechos humanos. En su mirada y acciones guarda el anhelo y motivación para aportar a la construcción de un país donde existan garantías plenas y se pueda construir la paz con justicia social. Es una persona que se expresa de manera firme y clara en los juzgados, posicionándose del lado de las víctimas y representándolas con un sentimiento de empatía que resulta en algo sencillamente admirable.

Sirly Cerpa no nació ni creció en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, ni en San José, pero esto no es un problema para que sea una de los ocho miembros del Consejo Interno de la Comunidad. Ella es oriunda de Tierralta, (Córdoba), y tiene antepasados costeños. En Alto Joaquín, (vereda que forma parte de la CdP y que se encuentra a dos días de camino del asentamiento central de la Comunidad), la violencia paramilitar de finales de los noventa provocó el desplazamiento de la familia Cerpa hacia el área urbana. Sirly era una niña, pero recuerda bien aquellos años.

Ruby es una joven que ha crecido en y con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Actualmente, es miembro del Consejo Interno, el órgano que gestiona la comunidad cotidianamente. Sorprende cuando nos cuenta que no tiene más responsabilidad ahora que la que tenía antes.

Blanca Nubia Díaz lleva más de 30 años trabajando por la justicia y la verdad para las víctimas del conflicto armado en Colombia, esta lucha le ha hecho fuerte.  Conoce a PBI desde el año 2002 y siempre trae energía y alegría cuando pasa por la casa. Nació en La Guajira; su trayectoria en el trabajo por los derechos humanos fue más indirecta al inicio, porque no tenía conocimiento de los grupos armados del país, aunque sabía que había amenazas y asesinatos en su región. Empezó su carrera como enfermera y trabajó en comunidades indígenas en muchas regiones del país.

Impresionadas: es así como hemos vuelto después de la jornada de Paro Nacional en pleno corazón de la capital colombiana. El 17 de marzo de 2016 tuvo lugar en Colombia un paro nacional con el fin de reivindicar políticas económicas más equitativas, una mayor soberanía del pueblo colombiano sobre sus recursos y una paz con justicia social en el marco de una próxima firma de los acuerdos de La Habana entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc. En esta movilización, participaron en Bogotá cerca de 15,000 personas, entre ellas, varias de nuestras organizaciones acompañadas quienes,

Iris lleva apenas un año trabajando con la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, (Credhos). Antes estuvo 14 años trabajando con la Asociación de Desplazados Asentados en el Municipio de Barrancabermeja, (Asodesamuba) y, también, ha participado en varias mesas regionales y nacionales de víctimas como coordinadora y vicepresidenta. Iris es víctima de desplazamiento forzado, por violencia, de la vereda La Esperanza, en el municipio de Cantagallo, (Sur de Bolívar).

Doña Irene Ramírez representa a una de las organizaciones campesinas más grandes en todo el país, una organización que tiene como objetivo la defensa integral de los derechos humanos para el campesinado del Magdalena Medio. Irene comenzó su trabajo con la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, (Acvc), en 2008, después de haberse involucrado en la lucha campesina desde niña. Aunque no estudió, sus padres siempre le enseñaron la importancia que tiene el campo para los colombianos y la necesidad de exigir el reconocimiento de los derechos de los campesinos, para que no tra