Urabá

Acompañamos los 365 días del año a las comunidades y organizaciones más amenazadas en Colombia; esto significa que también estamos en terreno durante las fiestas navideñas.

Dagoberto viajó dos días desde su hogar en el río San Juan hasta el Urabá. Es la primera vez que visita estas tierras. Viste una camiseta negra marca Adidas y al sonreír revela sus dientes grandes y chuecos, y de buen humor dice “Y lo que nos falta por recorrer”.

Después de un mes y medio volvemos a la vereda de La Madre Unión, en la cuenca de los ríos La Larga y Tumaradó. La gente nos recibe con la misma calidez con la que lo hicieron el día de la conmemoración de su retorno[1], cuando recordaron las dificultades que han tenido que superar en los últimos años y celebraron sus logros, la vida y la dignidad de poder cultivar sus tierras. Hoy, los rostros son solemnes. Algo muy triste acaba de pasar.

Urabá siempre ha sido comparado en el imaginario con un territorio sin más ley que la del más fuerte, marcado por una violencia endémica y disputado por los actores del conflicto  armado. Y a pesar del proceso de paz en vía de implementación, los ataques no cesan en esta región, especialmente contra quienes tienen un fuerte papel en la restitución de tierras.

Territorio colectivo de La Larga Tumaradó:

Hace calor a las 11 de la mañana en la Zona de Biodiversidad La Madre Unión, en la cuenca de La Larga Tumaradó. La comunidad, aproximadamente cuarenta mujeres, hombres y niños, está agrupada a la sombra de un techo de zinc. Héctor, uno de los líderes de la comunidad, lanza la pregunta: “¿Qué pasó el 12 de octubre del 2014?” Hay un breve silencio, algunos niños riendo, un gallo gritando.

El proceso de paz con la guerrilla de las Farc ha traído esperanza, pero desde su desmovilización, otros grupos ilegales han copado los territorios, lo cual ha generado un nuevo ciclo de ataques contra comunidades, personas defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas sociales. Uno de los eventos más esperados fue la entrega de 7.132 armas por parte de las Farc-EP, el 26 de junio de 2017[1].

Las comunidades de Curbaradó y Jiguamiandó[1], situadas en el municipio de Carmen del Darién, departamento del Chocó, primero fueron víctimas de desplazamiento forzado y posteriormente han tenido que afrontar el despojo de tierras por parte de empresas palmicultoras. A medida que las comunidades regresaron a su región y se han organizado para defender sus derechos, las muertes ejemplarizantes y las amenazas han ido en aumento. Sin embargo, las comunidades retornadas han logrado permanecer en el terreno.