Juntarse para recordar
En el marco de las conmemoraciones de los 25 años de presencia de PBI en Colombia, invitamos a las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos que hemos y seguimos acompañando desde nuestra presencia.
25 aniversario
2017: “El Pueblo no se rinde carajo!”
En mayo del 2017, el pueblo de Buenaventura salió a las calles para solicitar acceso a mejores condiciones de vidas y el cumplimiento de sus derechos básicos.
2015: Violencia y protección del medioambiente en el Casanare
El año 2015 fue un año muy difícil para la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (Cospacc), pues, uno de sus líderes, el defensor del medioambiente, Ramon Abril Fuentes, fue asesinado.Desde entonces, la organización comunitaria y de defensa de los derechos humanos ha buscado la justicia y ha tratado de perpetuar su memoria y legado a través de la creación de la Escuela Daniel Abril con el fin de sensibilizar y capacitar las comunidades campesinas de Casanare y Boyacá en temas medioambientales.
PBI acompaña a Cospacc desde el año 2009 en su labor de asesorar
2013: Refugio humanitario en el Nordeste Antioqueño
Para responder a una grave crisis humanitaria, más de trescientos campesinos del Nordeste Antioqueño decidieron, en 2004, conformar la Corporación Acción Humanitaria para la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (CAHUCOPANA).
2012: Asesinato del líder reclamante de tierra Manuel Ruiz y de su hijo Samir, en Curbaradó
Manuel Ruiz fue uno de los líderes más activos en el proceso de restitución de tierras en las cuencas de los ríos Curbaradó y Jiguamiandó, ubicados en el Bajo Atrato chocoano. Este proceso se enmarcaba dentro del Plan de Choque (procesos de restitución de tierra prioritarios y acelerados) del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos[1].
2011: El campesinado resistente
En 2011, se celebraron grandes marchas campesinas en el país, donde la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) tuvo un papel importante. ACVC lleva 23 años trabajando en la defensa integral de los derechos humanos, la protección del medioambiente, la lucha por la tenencia y redistribución de la tierra, la dignificación de la vida campesina, la participación en la vida política y económica de las mujeres.
2010: Una vida por los derechos humanos – David Ravelo
El defensor de derechos humanos David Ravelo tuvo que soportar amenazas de muerte, señalamientos y persecución tras denunciar públicamente a los paramilitares que en mayo de 1998 asesinaron a 7 civiles y desaparecieron a otros 25 en la ciudad de Barrancabermeja.
2009: Las chuzadas del DAS
Varias personas defensoras de derechos humanos entre ellos, el abogado Jorge Molano fundador de DH Colombia, denunciaron en 2009 ser víctimas de una política de estado donde se espiaba a la personas defensoras de derechos humanos, afectando fuertemente las garantías para ejercer su trabajo, así como su seguridad.
Como consecuencia, en 2016 varias personas del extinto DAS son llamadas a juicio por intercepciones ilegales (“chuzadas”) y seguimientos en contra de periodistas, abogados, defensores de derechos humanos y congresistas de oposición del Gobierno de Álvaro Uribe
2008: En medio del escándalo de los “falsos positivos” y de la parapolítica
Mientras se organizaban marchas para rechazar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), existía una parte de las víctimas del conflicto armado que no se sentía reconocida y que no fue atendida en la lucha por la justicia, verdad y garantías de no repetición.
2007: Volviendo del exilio
Yanette Bautista es la hermana de Nydia Érika Bautista quien fue torturada y desaparecida en Bogotá en 1987 en una operación llevada a cabo por las Brigadas III y XX del Ejército. Desde ese momento, Yanette Bautista y su familia no han cesado ni un minuto la búsqueda de justicia y la exigencia de que el Estado realizara una investigación e identificación de los responsables. Debido a las amenazas y hostigamientos dirigidos hacia ella y su familia por parte de la inteligencia militar, tuvo que salir del país durante 10 años.