El 26 de noviembre de 2017 parecía un domingo cualquiera, entre lluvioso y caloroso, en el territorio colectivo de La Larga Tumaradó. Ese día la familia de Mario Castaño, líder de restitución de tierras del Urabá chocoano, se había reunido en su finca para compartir el día juntos. Sin embargo, ese día cambiaría la vida de la familia para siempre cuando, en horas de la noche, tres hombres encapuchados y armados entraron en la propiedad preguntando por Mario. Lo sacaron de la casa y lo asesinaron con disparos en frente de su esposa, sus hijas y sus nietas¹.

El martes 20 de noviembre comenzó la visita oficial a Colombia del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de defensores de derechos humanos, Michel Forst, quien sostuvo reuniones con organizaciones de la sociedad civil. Michel Forst había realizado una visita académica a Colombia en julio de este año, en la que aprovechó para reunirse con organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos, y también instituciones del Estado.

Olga Araújo es una lideresa y defensora de Derechos Humanos, miembro de la Junta Directiva de la Asociación para la Investigación y Acción Social (Nomadesc), una organización de derechos humanos dedicada a asesorar y acompañar a organizaciones sociales, sindicales, cívicas, de mujeres, indígenas, afrodescendientes y campesinas.

Cada año personas lideresas, defensoras de derechos humanos, defensoras de su territorio y de su comunidad se levantan y luchan para que sean respetados esos derechos a la vida, al agua, al uso sostenible de la tierra, a la protección de sus recursos naturales, por la defensa de su dignidad, entre otros, y por esa labor que realizan son blancos de amenazas, hostigamientos, incluso de asesinatos. En el año 2017 se reportó el asesinato de al menos 312 personas defensoras de derechos humanos.

Para el padre Javier Giraldo, “ser defensor de derechos humanos significa estar empujando la sociedad hacia una situación de mejor justicia y menor situación de desigualdad social. Colombia es un país tan violento, tan aterrador, que ser defensor casi corresponde a la defensa de la vida. Son las dimensiones elementales, el sobrevirir, lo que se defiende”. El padre Javier Giraldo emprendió la defensa de los DDHH a fines de los años 70’, época en la cual se encontraba estudiando en París.

Debido a la situación actual de alto riesgo en la cual se encuentra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, 71 organizaciones internacionales de derechos humanos, plataformas, redes y agencias internacionales de cooperación de Europa y Estados Unidos firmaron una carta dirigida a la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresando su preocupación frente a la Acción de Tutela presentada por la Brigada XVII del Ejército de Colombia en contra de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

En el marco de las medidas provisionales con que c

Martín Ayala es una persona con una tranquilidad contagiosa y un espíritu colectivo admirable. Éste defensor forma parte de la Junta Directiva de la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (Cos-pacc).

La situación en la cual se encuentra la Comunidad de Paz sigue siendo preocupante, las amenazas en contra de los líderes más visibles persisten: recientemente, se conoció un plan para atentar en contra de la vida de German Graciano Posso, representante legal, Gildardo Tuberquia, líder histórico y miembro del Consejo interno y Hugo Molina, integrante de la Comunidad[1].

Estimado/a amigo/a, Peace Brigades International (PBI), Proyecto Colombia es una organización internacional no gubernamental que mantiene equipos de observadores y acompañantes internacionales en áreas de conflicto en el territorio nacional. Nuestro objetivo es proteger el espacio de actuación de las organizaciones defensoras de derechos humanos y comunidades rurales en Colombia.

Ninfa Cruz es, desde hace ya dieciseis (16) años, una gran defensora de Derechos Humanos y lideresa social colombiana que a día de hoy forma parte de la Junta Directiva de la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (Cos-pacc). Tomó esta decisión de defender los derechos humanos cuando a finales de la década de 1990, el movimiento campesino reunido en la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos de Casanare (Aduc) fue exterminado por las fuerzas militares, organismos de seguridad del Estado y grupos paramilitares[1].