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A pesar de este sombrío panorama, encontramos muchos ejemplos de resistencia inspiradora en Colombia, donde las comunidades han desarrollado formas innovadoras para proteger su territorio y sus formas de vida.

Los defensores del territorio son “grupos, personas o instituciones que intentan promover y proteger los derechos humanos relativos a la tierra, especialmente enfrentándose de manera pacífica al impacto negativo de los proyectos de inversión.

La tierra en Colombia está concentrada en las manos de unos pocos y la evidencia recién presentada por Oxfam Internacional muestra que esta tendencia va en aumento[1]. Ciertos poderes en los territorios han acumulado tierras de manera sobredimensionada, lo que ha evitado que las verdaderas conversaciones sobre la reforma agraria se lleven a cabo[2].

Diciembre 31, Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Antioquia. ¿Quién va a bailar? ¿Quién se anima para hacer y comer natilla y buñuelos?  “Tenemos miedo, pero estamos juntos. Si hacemos natilla, tenemos natilla y miedo. Si no hacemos natilla igual tenemos miedo. Si bailamos tenemos miedo y baile. Si no bailamos, nos queda solo el miedo” manifiesta una lideresa de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

A lo largo de más de cincuenta años de conflicto armado y muchos otros conflictos sociales, políticos y culturales, el desplazamiento interno sigue siendo una violación sistemática a los derechos humanos en el contexto colombiano. Con aproximadamente 7.7 millones de desplazados internos, Colombia es el segundo país a nivel global después de Siria (12 millones), en lo que concierne al número de víctimas de este fenómeno. Después de Colombia vienen Afganistán, 4.7 millones e Irak, 4.2 millones[1].

Desde la firma del Acuerdo de Paz en septiembre de 2016 entre el Gobierno y las Farc-EP, ha habido una gran expectativa frente a una reforma rural y nuevas políticas para la distribución de la tierra, llegando al fondo de algunas de las causas históricas del conflicto en Colombia. El primer punto del Acuerdo de Paz menciona con detalle los planes para estimular la seguridad y la soberanía alimentaria en las áreas rurales más afectadas por el conflicto armado[1].

La legislación que reglamenta el uso, el acceso y la distribución de la tierra en Colombia es compleja y difícil de navegar, no solo para las personas del campo, sino incluso para los jueces del sistema jurídico del país, y existen diferentes interpretaciones sobre las leyes y su aplicación.

Inmerso en diversos conflictos sociales, económicos y culturales, que encuentran su expresión a través de toda la nación en la violencia políticamente motivada, Colombia es un país con enormes desigualdades. La riqueza y la tierra están fuertemente concentradas en las manos de una pequeña élite mientras que, al mismo tiempo, muchas partes del país se encuentran completamente abandonadas por el Estado colombiano[1].

Esta mañana, hombres armados atentaron contra el representante legal de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Germán Graciano, según denuncian la Comunidad de Paz y el Padre Javier Giraldo quien se encuentra en el lugar. Según el comunicado de la Comunidad de Paz “un comando paramilitar llegó con la intención explícita de asesinar al representante legal[1]”. En el comunicado relatan que cuatro paramilitares aparecieron en la bodega donde comercializan el cacao y sacaron sus armas.

Acompañamos los 365 días del año a las comunidades y organizaciones más amenazadas en Colombia; esto significa que también estamos en terreno durante las fiestas navideñas.