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El río Jiguamiandó delimita la subregión del Bajo Atrato, al norte de Chocó. Allí, en la orilla del río, viven comunidades afrodescendientes e indígenas Embera que han vivido la violencia de los años 90“ y el despojo de sus tierras. En esta época, miles de personas se desplazaron de la zona mientras otras se escondieron en el bosque y resistieron de manera pacífica para proteger sus tierras.

Durante el año posterior a la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Santos y la (ex)guerrilla de las FARC-EP, se inició la implementación de las instituciones, previstas en el Punto 5, “Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto: Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”[1]; más concretamente, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad De Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV). Estas tres instituciones, creadas entre 2017 y 2018, constituyen una

En mayo del 2017, el pueblo de Buenaventura salió a las calles para solicitar acceso a mejores condiciones de vidas y el cumplimiento de sus derechos básicos.

En los lenguajes de la educación tradicional se nos ha dicho que para memorizar, hace falta repetir  una y otra vez lo que esperamos aprender, estos preceptos de la escuela memorística solo codifican información que se instala en el imaginario colectivo como verdades inamovibles, que pocas veces son susceptibles de ser revaloradas, cuestionadas y confrontadas con otras miradas y perspectivas de la historia. Construir memoria no es igual a memorizar, porque memorizar implica la repetición. Las víctimas de crímenes de Estado vienen durante años construyendo memoria precisamente

El año 2015 fue un año muy difícil para la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (Cospacc), pues, uno de sus líderes, el defensor del medioambiente, Ramon Abril Fuentes, fue asesinado.Desde entonces, la organización comunitaria y de defensa de los derechos humanos ha buscado la justicia y ha tratado de perpetuar su memoria y legado a través de la creación de la Escuela Daniel Abril con el fin de sensibilizar y capacitar las comunidades campesinas de Casanare y Boyacá en temas medioambientales. PBI acompaña a Cospacc desde el año 2009 en su labor de asesorar

En Buenaventura, Valle del Cauca, la presencia de actores armados ilegales ha sido una constante. Por las calles ronda el miedo latente derivado de los distintos tipos de control social que se ejercen contra pobladoras y pobladores.

Manuel Ruiz fue uno de los líderes más activos en el proceso de restitución de tierras en las cuencas de los ríos Curbaradó y Jiguamiandó, ubicados en el Bajo Atrato chocoano. Este proceso se enmarcaba dentro del Plan de Choque (procesos de restitución de tierra prioritarios y acelerados) del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos[1].

En 2011, se celebraron grandes marchas campesinas en el país, donde la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) tuvo un papel importante. ACVC lleva 23 años trabajando en la defensa integral de los derechos humanos, la protección del medioambiente, la lucha por la tenencia y redistribución de la tierra, la dignificación de la vida campesina, la participación en la vida política y económica de las mujeres.

El defensor de derechos humanos David Ravelo tuvo que soportar amenazas de muerte, señalamientos y persecución tras denunciar públicamente a los paramilitares que en mayo de 1998 asesinaron a 7 civiles y desaparecieron a otros 25 en la ciudad de Barrancabermeja.