tierra

Damaris vive en un rancho improvisado. Troncos de árboles sostienen el techo de zinc, donde cuelgan zapatos, machetes, cachuchas y hasta una jaula con un conejo para aprovechar el pequeño espacio. Sobre el piso de tierra corren gallinas y algunos perros duermen bajo las sillas rojas plásticas. En las noches de tormenta como hoy, una hoja de zinc medio suelta pega contra otra y el ruido se vuelve insoportable. Damaris no aguanta más estar en la cama, se levanta y prende el pequeño televisor para distraerse. Espera con ansiedad la primera luz de la mañana. Aún faltan muchas horas.

“No siempre mencionamos el agua limpia y la alimentación para nuestras comunidades y familias como actos de resistencia, porque parecen ser tan cotidianos… pero forman parte indispensable de la defensa de nuestros territorios y la defensa de la vida”. Estas fueron las palabras de Miriam Teresa Vidal Camayo en las Escuelas de la Memoria para la no Repetición en el Cauca, una iniciativa de educación popular organizada por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo en varias regiones de Colombia, para informar y discutir sobre los acuerdos de paz con las Farc, la memoria histórica

Rondan las ocho de la noche y empiezas a tener hambre. Vas a la cocina, abres la nevera, sacas un tomate, lo lavas, lo cortas por la mitad y… te das cuenta que una parte está demasiado blanda, que sin apenas apretarla sale el jugo disparado a tus ojos -en plan venganza- y crees que desprende un olor raro, así que la miras con desconfianza y la rechazas rápidamente tirándola sin ganas al cubo de la basura.

A pesar de este sombrío panorama, encontramos muchos ejemplos de resistencia inspiradora en Colombia, donde las comunidades han desarrollado formas innovadoras para proteger su territorio y sus formas de vida.

Los defensores del territorio son “grupos, personas o instituciones que intentan promover y proteger los derechos humanos relativos a la tierra, especialmente enfrentándose de manera pacífica al impacto negativo de los proyectos de inversión.

La tierra en Colombia está concentrada en las manos de unos pocos y la evidencia recién presentada por Oxfam Internacional muestra que esta tendencia va en aumento[1]. Ciertos poderes en los territorios han acumulado tierras de manera sobredimensionada, lo que ha evitado que las verdaderas conversaciones sobre la reforma agraria se lleven a cabo[2].

A lo largo de más de cincuenta años de conflicto armado y muchos otros conflictos sociales, políticos y culturales, el desplazamiento interno sigue siendo una violación sistemática a los derechos humanos en el contexto colombiano. Con aproximadamente 7.7 millones de desplazados internos, Colombia es el segundo país a nivel global después de Siria (12 millones), en lo que concierne al número de víctimas de este fenómeno. Después de Colombia vienen Afganistán, 4.7 millones e Irak, 4.2 millones[1].

Desde la firma del Acuerdo de Paz en septiembre de 2016 entre el Gobierno y las Farc-EP, ha habido una gran expectativa frente a una reforma rural y nuevas políticas para la distribución de la tierra, llegando al fondo de algunas de las causas históricas del conflicto en Colombia. El primer punto del Acuerdo de Paz menciona con detalle los planes para estimular la seguridad y la soberanía alimentaria en las áreas rurales más afectadas por el conflicto armado[1].

La legislación que reglamenta el uso, el acceso y la distribución de la tierra en Colombia es compleja y difícil de navegar, no solo para las personas del campo, sino incluso para los jueces del sistema jurídico del país, y existen diferentes interpretaciones sobre las leyes y su aplicación.

Inmerso en diversos conflictos sociales, económicos y culturales, que encuentran su expresión a través de toda la nación en la violencia políticamente motivada, Colombia es un país con enormes desigualdades. La riqueza y la tierra están fuertemente concentradas en las manos de una pequeña élite mientras que, al mismo tiempo, muchas partes del país se encuentran completamente abandonadas por el Estado colombiano[1].