Quienes estudian el pasado de Colombia afirman que siempre ha existido la versión de la clase dominante, donde a los inocentes se les ha acusado de culpables y a los culpables ni siquiera se les ha acusado. Éste podría ser el caso de David Ravelo Crespo, que por ser defensor de derechos humanos y volcarse en las causas justas y veraces de las personas más desfavorecidas ha sido amenazado, desplazado y víctima quien fuera condenado a 18 años de prisión.

El defensor de derechos humanos colombiano, David Ravelo Crespo, salió hoy, 20 de junio de 2017, de la cárcel de Barrancabermeja después de casi siete años en prisión.

“¡Si está sentada, levántese porque me dieron la libertad!”. Así le anunciaba por teléfono el economista y defensor de derechos humanos, David Ravelo Crespo, a su mujer que le habían concedido la libertad condicionada tras casi siete años en la cárcel[1]. La forma de anunciarlo contrarrestaba con la que le dio cuando le encarcelaron: “si está de pie, siéntese porque me han detenido”. Entre una y otra llamada han pasado muchos años y ahora, tanto el mensaje como el ánimo del mensajero han cambiado de forma y de fondo.

Es el quinto día de nuestro acompañamiento en la Aldea de Paz de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en la vereda Mulatos, el mismo lugar donde el 21 de febrero del 2005 se perpetró la masacre en la que murieron ocho personas, incluyendo tres niños[1]. Entre los asesinados estaba Luis Eduardo Guerra, líder de la Comunidad de Paz, su esposa, y su hijo de once años.

Recorrer en autobús los zigzagueantes 400 kilómetros aproximados que separan Barrancabermeja de Bogotá se convierten en todo un lujo si piensas en David Ravelo. Este defensor de derechos humanos, natural de las orillas del Magdalena Medio, lleva preso casi siete años por un delito que nunca cometió[1].

PBI tiene una historia larga de trabajo de incidencia política en Washington DC apoyando el trabajo fundamental de las personas colombianas defensoras de los derechos humanos en su país.  Al lado de otras ONG y plataformas que trabajan temas de derechos humanos en la política extranjera de los Estados Unidos, PBI ha estado incidiendo fuertemente para que las voces de las personas que acompañamos sean escuchadas.  Este trabajo incluye incidencia con el gobierno de los Estado Unidos sobre políticas claves, organizando giras de personas colombianas defensoras para explicar bien su situ

La puerta lateral de la buseta se abre y, acogido por los gritos de alegría de Fabián, de la organización Cos-pacc (Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria), y Sebastián, de la ONG británica War on Want, entra con una larga sonrisa un hombre de piel ligeramente morena, ojos vivos y sombrero de vaquero negro. “¿Qué más Daniel? ¿Cómo me le va?” le lanzan sus compañeros. Entre apretones de mano se desliza hasta su asiento.

Escucho la voz de Miyela, una voz quebrada, desesperada, casi no le salen las palabras que ha grabado hoy a las 3:47 de la madrugada desde su casa: “¿Qué está pasando con mi gente de Buenaventura?”, pregunta la voz estallada en llanto que me rompe el corazón, “¿qué pasa con nosotros?”.

En 2009 el actual presidente de Aheramigua, Mauricio Sánchez, fue capturado en Montecristo por supuestos vínculos con las Farc. Luego lo dejaron en libertad dado que no hubo evidencias para soportar las acusaciones.  Muchos integrantes de Aheramigua han sufrido este tipo de judicialización tras un proceso de señalamientos constantes.

El 7 de marzo 2016, fue asesinado William Castillo Chima, líder social, fundador, ex-presidente y tesorero de Aheramigua. Unos sicarios atentaron contra su vida en un establecimiento público en el casco urbano de El Bagre. William Castillo había denunciado públicamente el desplazamiento de cientos de personas en las veredas de Puerto Claver y la desaparición de dos civiles por parte de grupos armados ilegales. El asesinato de William ha sido un duro golpe para la organización.