La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, (Cijp), acompaña a dos comunidades indígenas, los sikuani y los jiw, afectadas por las plantaciones extensivas de palma aceitera en el municipio de Mapiripán en el departamento Meta, principalmente mediante talleres de capacitación sobre sus derechos territoriales y derechos humanos.
Entre 1996 y 1997 las comunidades del Bajo Atrato fueron víctimas de operaciones militares y paramilitares que causaron el desplazamiento masivo de más del 70% de la población[1], además de asesinatos, casos de tortura y desapariciones[2]. Después del desplazamiento, se fueron instalando en el territorio empresas bananeras y palmeras[3].
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, (Ccajar), representa jurídicamente a aproximadamente 130 víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales por las que están siendo investigados centenares de oficiales, suboficiales y soldados de las Fuerzas Armadas.
Desde el año 2002, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, (Ccajar), representa jurídicamente a la familia de Jorge Darío Hoyos Franco, un dirigente sindical, cívico y comunitario, integrante del Movimiento Unión Patriótica, quien asesoró la creación de diferentes organizaciones sindicales así como la resolución de conflictos y negociaciones colectivas a muchos otros sindicatos en el país y en el exterior.
La Asosiación para la Investigación y Acción Social (Nomadesc) trabaja en la defensa de los derechos humanos en la ciudad portuaria de Buenaventura desde el año 1999, cuando iniciaron las acciones de los frentes Pacífico y Farallones del Bloque Calima de las Autodefensas Unidades de Colombia (AUC), que dejaron una estela de crímenes, despojo, desplazamiento y desaparición forzada desde Cali hacia Buenaventura.
PBI: ¿Cómo cree que el acuerdo de paz va a cambiar la situación en Colombia?Eduardo Carreño: Uno de los grandes problemas que se vislumbra, en lo que tiene que ver estrictamente con lo militar, es que el paramilitarismo está vigente todaví
Desde enero sigue manteniéndose una fuerte presencia de neoparamilitares en el barrio La Playita, Buenaventura. Entre las más graves agresiones en contra de los habitantes del Espacio Humanitario Puente Nayero en 2016, cabe destacar las siguientes:
Maritze Trigos TorresLos Acuerdos de Paz no pueden ser LETRA MUERTA, deben convertirse en auténticos compromisos, LETRAS VIVAS que transformen el país, hacia una paz con justicia social. Esperamos pronto que el ELN se siente a la Mesa de Diálogos con el Estado. Será un proceso de varios años, el conflicto aumenta
Según testigos y algunas versiones de exparamilitares, se utilizó La Escombrera, un terreno vasto ubicado en la parte alta de la Comuna 13 de Medellín para desechos de construcción, “para sepultar clandestinamente a víctimas de desapariciones forzadas”[1].En 2015, después de años de batallas legales y espacios de discusión con lasinstituciones estatales, las víctimas, reunidas en el asosiación Mujeres Caminando por la Verdad, acompañandas por organizaciones como la <
Eulises Porras Rojas, Asociación Regional de Víctimas de Crímenes de Estado en el Magdalena MedioLas expectativas son muchas, todas las personas anhelan tener esa tranquilidad para poder desenvolverse en la región con libertad, con anhelos ante las diferentes propuestas que se hayan acordado entre el Gobierno y las