Varias personas defensoras de derechos humanos entre ellos, el abogado Jorge Molano fundador de DH Colombia, denunciaron en 2009 ser víctimas de una política de estado donde se espiaba a la personas defensoras de derechos humanos, afectando fuertemente las garantías para ejercer su trabajo, así como su seguridad.
Como consecuencia, en 2016 varias personas del extinto DAS son llamadas a juicio por intercepciones ilegales (“chuzadas”) y seguimientos en contra de periodistas, abogados, defensores de derechos humanos y congresistas de oposición del Gobierno de Álvaro Uribe
