Las mujeres de la Zona Humanitaria “Nueva Esperanza” dicen desconocer los entresijos históricos del 8 de Marzo: quién decidió que ese día se celebraría el día de la mujer, por qué ese día y no otro,… Sin embargo, este día es un evento reconocido por las mujeres desde tiempo antes de que la violencia azotara, en 1997, la cuenca de Jiguamiandó, Chocó, sobre la que se levanta el caserío donde nos encontramos[1].

No fue un lunes cualquiera ese 4 de marzo para las comunidades del Bajo Atrato, y en particular para la Zona Humanitaria (ZH) de Nueva Esperanza en Dios de la cuenca de Cacarica (Chocó).

Recordar es vivir, dicen. Las conmemoraciones son importantes, unas nos recuerdan momentos dolorosos y otros momentos más alegres, pero siempre nos permiten detenernos un momento y mirar atrás, mirar todo el camino que se hizo, todo lo que se aprendió y se construyó.  Esta semana, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (Cijp) conmemora su fundación hace 30 años y todo el camino realizado acompañando a víctimas y comunidades en diferentes regiones del país desde entonces.

Enero

Este año se ha destacado por los asesinatos a líderes y lideresas, hechos profundamente dolorosos especialmente en tiempos de los acuerdos de paz. El 17 de enero fue asesinada Emilsen Manyoma de 31 años, quien formaba parte de Conpaz, un proyecto que reúne las propuestas de paz desde los territorios.

En este marco de acciones y de manera extraordinaria, nos permitimos realizar esta comunicación pública, frente a la grave crisis humanitaria y de desprotección que viven las comunidades actualmente en los territorios, lo que incluye los enfrentamientos entre actores armados ilegales1, las masivas amenazas de muerte2 y los desplazamientos forzados generalizados3 en las últimas semanas en diferentes regiones del país. En las cuen

Urabá siempre ha sido comparado en el imaginario con un territorio sin más ley que la del más fuerte, marcado por una violencia endémica y disputado por los actores del conflicto  armado. Y a pesar del proceso de paz en vía de implementación, los ataques no cesan en esta región, especialmente contra quienes tienen un fuerte papel en la restitución de tierras.

El proceso de paz con la guerrilla de las Farc ha traído esperanza, pero desde su desmovilización, otros grupos ilegales han copado los territorios, lo cual ha generado un nuevo ciclo de ataques contra comunidades, personas defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas sociales. Uno de los eventos más esperados fue la entrega de 7.132 armas por parte de las Farc-EP, el 26 de junio de 2017[1].