Diciembre 31, Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Antioquia. ¿Quién va a bailar? ¿Quién se anima para hacer y comer natilla y buñuelos?  “Tenemos miedo, pero estamos juntos. Si hacemos natilla, tenemos natilla y miedo. Si no hacemos natilla igual tenemos miedo. Si bailamos tenemos miedo y baile. Si no bailamos, nos queda solo el miedo” manifiesta una lideresa de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

A lo largo de más de cincuenta años de conflicto armado y muchos otros conflictos sociales, políticos y culturales, el desplazamiento interno sigue siendo una violación sistemática a los derechos humanos en el contexto colombiano. Con aproximadamente 7.7 millones de desplazados internos, Colombia es el segundo país a nivel global después de Siria (12 millones), en lo que concierne al número de víctimas de este fenómeno. Después de Colombia vienen Afganistán, 4.7 millones e Irak, 4.2 millones[1].

Desde la firma del Acuerdo de Paz en septiembre de 2016 entre el Gobierno y las Farc-EP, ha habido una gran expectativa frente a una reforma rural y nuevas políticas para la distribución de la tierra, llegando al fondo de algunas de las causas históricas del conflicto en Colombia. El primer punto del Acuerdo de Paz menciona con detalle los planes para estimular la seguridad y la soberanía alimentaria en las áreas rurales más afectadas por el conflicto armado[1].

La legislación que reglamenta el uso, el acceso y la distribución de la tierra en Colombia es compleja y difícil de navegar, no solo para las personas del campo, sino incluso para los jueces del sistema jurídico del país, y existen diferentes interpretaciones sobre las leyes y su aplicación.

Inmerso en diversos conflictos sociales, económicos y culturales, que encuentran su expresión a través de toda la nación en la violencia políticamente motivada, Colombia es un país con enormes desigualdades. La riqueza y la tierra están fuertemente concentradas en las manos de una pequeña élite mientras que, al mismo tiempo, muchas partes del país se encuentran completamente abandonadas por el Estado colombiano[1].

Enero

Este año se ha destacado por los asesinatos a líderes y lideresas, hechos profundamente dolorosos especialmente en tiempos de los acuerdos de paz. El 17 de enero fue asesinada Emilsen Manyoma de 31 años, quien formaba parte de Conpaz, un proyecto que reúne las propuestas de paz desde los territorios.

Esta mañana, hombres armados atentaron contra el representante legal de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Germán Graciano, según denuncian la Comunidad de Paz y el Padre Javier Giraldo quien se encuentra en el lugar. Según el comunicado de la Comunidad de Paz “un comando paramilitar llegó con la intención explícita de asesinar al representante legal[1]”. En el comunicado relatan que cuatro paramilitares aparecieron en la bodega donde comercializan el cacao y sacaron sus armas.

Acompañamos los 365 días del año a las comunidades y organizaciones más amenazadas en Colombia; esto significa que también estamos en terreno durante las fiestas navideñas.

«En los territorios la paz no se siente, la esperanza se mantiene», así la Misión concluyó su visita a Colombia.

¿Cómo transcurrió la visita de la misión internacional en Colombia?

https://www.youtube.com/watch?v­PWN7KVw5ybw

¿Cuáles son las conclusiones de la misión?

«En los territorios la paz no se siente, la esperanza se mantiene», así la Misión concluyó su visita a Colombia.

Este año en Colombia han sido asesinados 120 líderes sociales y de derechos humanos. Más allá del trágico impacto en sus vidas y en su labor individual, cada ataque también afecta a una familia, una comunidad y un movimiento. Los acongojados padres, la esposa e hijos de un líder asesinado, deben tomar la difícil decisión de presentar o no cargos y buscar justicia en nombre de su ser querido, una decisión que puede aumentar su propio riesgo de sufrir amenazas y ataques.