Era un sábado por la mañana cuando la primera persona en llegar a la oficina de Fundación Nydia Erika Bautista (FNEB) se encontró los vidrios de la fachada en el suelo hechos pedazos. Esa madrugada, un hombre en motocicleta habría parado frente a la sede para romper los cristales y darse a la fuga. Posteriormente, la policía constataría que nada fue extraído de la oficina[1].

A dos años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y la (ex-)guerrilla de las FARC, un largo camino hacia la implementación ha sido emprendido.

Enero

Este año se ha destacado por los asesinatos a líderes y lideresas, hechos profundamente dolorosos especialmente en tiempos de los acuerdos de paz. El 17 de enero fue asesinada Emilsen Manyoma de 31 años, quien formaba parte de Conpaz, un proyecto que reúne las propuestas de paz desde los territorios.

Esta mañana, hombres armados atentaron contra el representante legal de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Germán Graciano, según denuncian la Comunidad de Paz y el Padre Javier Giraldo quien se encuentra en el lugar. Según el comunicado de la Comunidad de Paz “un comando paramilitar llegó con la intención explícita de asesinar al representante legal[1]”. En el comunicado relatan que cuatro paramilitares aparecieron en la bodega donde comercializan el cacao y sacaron sus armas.

El general Rito Alejo del Río recuperó su libertad ayer, 27 de septiembre, tras ser beneficiado por la Justicia Especial para la Paz (JEP). Del Río, conocido como el “Pacificador“ de Urabá, fue condenado a 25 años de prisión por uno de los atroces asesinatos cometidos por los paramilitares en su sangrienta toma del Urabá chocoano, en 1997. Las comunidades afrodescendientes de la cuenca del río Cacarica, en el departamento del Chocó, no olvidan aquel mes de febrero de 97.

La Segunda Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia empezará sus operaciones este 26 de septiembre[1].

El Comité de Escogencia acaba de publicar quiénes son los 51 magistrados que conformarán las salas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que impartirá justicia en el marco del conflicto. El 60 % de los magistrados vienen de las regiones, más del 50% son mujeres y el 10% indígenas.

El informe Defender la Tierra, publicado hoy, 13 de julio de 2017 por Global Witness, reporta que Colombia es uno de los países donde la situación para las personas que defienden su tierra está empeorando.

El proceso de paz con la guerrilla de las Farc ha traído esperanza, pero desde su desmovilización, otros grupos ilegales han copado los territorios, lo cual ha generado un nuevo ciclo de ataques contra comunidades, personas defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas sociales. Uno de los eventos más esperados fue la entrega de 7.132 armas por parte de las Farc-EP, el 26 de junio de 2017[1].

El 5 de abril de este año el Gobierno firmó el Decreto 588 que crea la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, contemplada en el acuerdo de paz que firmó el Gobierno con las Farc.